La deuda de Cataluña al nivel de Bolivia

15240752164544.jpg

Moody’s mantiene a Cataluña en bono basura

La agencia de calificación ha afirmado que no va a degradar más el ‘rating’ dónde se sitúa en estos momentos Cataluña simplemente por el extraordinario apoyo que recibe del Gobierno central.

Moody’s ha revisado y mejorado la calificación de más de decenas de autonomías españolas, aunque ha decidido mantener a Cataluña sin variaciones puesto a que se está quedando al márgen de la mejora general de solvencia, colocándola en el bono basura y con una perspectiva futura negativa, situación que se asigna a países tales como BoliviaBangladesh Islas Fidji. Ello se debe a su inestabilidad política irresuelta.

Posición fiscal débil

Respecto al futuro, la perspectiva se va a mantener negativa y la agencia anuncia que esto se debe principalmente a la abundante y continuada tensión política en Cataluña, que aún no ha sido resuelta tras las elecciones del 21 de diciembre. Por lo que, este suceso continuará afectando negativamente al entorno de negocios de la región, añadiendo una mayor presión a sus ya débiles finanzas.

Las tensiones con el gobierno central por el motivo de la independencia están afectando a su economía y, en especial a la inversión extranjera de la zona. También se apunta a la alta dependencia de la línea de liquidez estatal que se mantendrá en el futuro.

También, se amenaza con degradar su rating si el nuevo Gobierno de la Generalitat termina tomando medidas en contra de la lucha contra el déficit y la reducción de la deuda. Pero en todo caso, no se prevén mejoras antes de 2020. Aunque, Moody’s sí que ha mejorado la calificación del Ayuntamiento de Barcelona hasta Baa1 debido a que cree que ha habido una buena gestión presupuestaria y también unos buenos fundamentos financieros a lo largo de estos últimos años.

El resto de autonomías

Por otro lado, Moody’s sí ha subido un escalón la nota de calificación de nueve autonomías españolas tales cómo: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco.

 

Elaboración de Clara Pujadas en base a elmundo.es

Anuncios

¿Cómo viven los españoles?

Resultado de imagen de inmobiliaria

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), al cierre de 2017 había en España 18,472 millones de viviendas principales. Así, desde 2013, mientras la población total se ha reducido en más de un 1%, los hogares han crecido un 1,4%. En términos absolutos, mientras el país ha perdido casi un millón y medio de habitantes en los últimos cinco años, los hogares han crecido en 260.000.

Cada vez más gente vive sola en España.

El tamaño medio del hogar se ha reducido hasta las 2,49 personas porque la cifra de personas que habitan solas justamente ha crecido en esos 260.000 hogares. En 2017, el número de hogares unipersonales pasó a suponer el 25,4% del total, un punto más que en 2013.

Captura

El incremento del número de hogares se debe principalmente al incremento de los solteros. Las estadísticas muestran como estos han crecido en 100.000 en los últimos cinco años.

Un país de propietarios

La propiedad sigue siendo la fórmula más habitual entre los hogares españoles. De las 18,4 millones de viviendas principales, más de 14 millones, el 76% del total, es propietario de la casa en la que vive. Nueve millones ya la tienen completamente pagada y algo más de 5 millones siguen pagando una hipoteca.

Captura

Aun así, el alquiler sigue creciendo (13% en cinco años). Desde 2013 se han creado 400.000 hogares de alquiler.

¿Qué pasa con la segunda vivienda?

La segunda vivienda creció mucho en los años de la burbuja para reducirse en los últimos años.

Podría ser que los propietarios de dos viviendas han aprovechado la mejoría del mercado inmobiliario de los últimos trimestres para deshacerse de segundas viviendas y, también, que en los años de crisis algunos se vieron obligados a deshacerse de sus segundas viviendas. Lo cierto es que desde 2011 hay casi un millón más de viviendas principales y casi 600.000 menos de viviendas no principales. Aún así, hay más de 6,5 millones de viviendas no principales.

Captura

Elaborado por Georgina Coll a partir de eleconomista.es

 

 

¿Peajes gratuitos?

 Peajes distintos entre residentes y camioneros

 

abertis-ap7-peaje-sinbarreras.jpg

“Seopan”, el conjunto de grandes concesionarias, ha lanzado una propuesta al Ministerio de Fomento para que se lleve a cabo en unas de las autopistas que vencerán en los próximos años.

En este caso, se trata de la carretera AP-1 que discurre en Burgos-Armiñón, gestionada por “Itínere” y cuyo contrato será finalizado el  30 de noviembre de 2018.

La propuesta se centra básicamente en mantener los peajes de pago y privatizados pero con una cierta discriminación para los residentes y camioneros que tengan que verse obligados a circular por esta carretera a diario.

Se está argumentando por contra, que la idea de la organización podría acarrearle muchos costes adicionales al Estado ya que el hecho de que venzan autopistas próximamente tendría un impacto de unos 450 millones de euros para las cuentas públicas.

Por otro lado, se estima que entre el 30 y el 50% de los que transitan esta carretera ( la AP-1), son transportistas extranjeros y tal y como indicó Núñez : “En el resto de Europa cualquier transportista paga”.

“Seopan” indica que el hecho de suprimir parcialmente los peajes generaría un mayor nivel de tráfico, pasando de los 20.000 vehículos diarios actuales a los 27.000, de los que la inmensa mayoría serían camiones. Núñez juzga que ello comportaría a un flujo excesivo de vehículos ya que la carretera solo consta de dos carriles y la velocidad máxima a la que se debe circular es de 70km/h. Un aumento en el tráfico significaría tener que añadir un carril más para evitar atascos y ello conllevaría a una gran inversión por parte del Estado.

Por ahora, la patronal apuesta por ofrecer bonificaciones a los residentes y a los camioneros que tengan que pasar por el peaje de forma diaria.

Elaborado por Clara Pujadas basado en eleconomista.es

Hacienda y los sindicatos ultiman un acuerdo para subir los salarios hasta un 8,8%

Hacienda y los sindicatos decidieron el pasado viernes un acuerdo de subida salarial donde también se puede contemplar la idea de flexibilizar la jornada laboral de los funcionarios y de llevar a negociación colectiva las 35 horas semanales que trabajan.

El Ministerio de Hacienda y los sindicatos cerraron un acuerdo donde el principal cambio fue la subida salarial para los próximos tres años que llegará al 8,8%, y 6,1% si solo llega a sus mínimos.

Según la CCOO, “esta partida de fondos adicionales se podría destinar, entre otros, a eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres y subir los salarios más bajos. En cualquier caso, será objeto de negociación colectiva”, señala en un comunicado.

El Gobierno decidió fijar el acuerdo para el 12 de marzo, aprovechando que el pasado viernes 23 presentaron los Presupuestos Generales del Estado. En caso de que esto no saliera adelante, los acuerdos de los funcionarios saldrían a la luz como un real decreto.

Otra parte de este acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos es la dotación de 800 millones de euros en masa salarial para avanzar en la equipación de sueldos entre administradores. Esto podría suponer un 0,20% o 0,30% adicionales de los 8,8%.

Uno de los puntos más hablados de esta reunión es la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan variar siempre negociando colectivamente, la jornada de 35 horas siempre y cuando se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit público. Está se prohíbo en el 2012 y comunidades autónomas como Castilla-la Mancha la reimplantaron, pero el Gobierno las recurrió.

Elaborado por Guillem Abad Vilà a partir de Expansión

 

 

El Top manta en España genera pérdidas anuales de más de 7.600 millones de euros

Se dejan de crear 67.405 puestos de trabajo

15215504228515.jpg

La falsificación de productos supone una pérdida de ingresos para el Estado,  ya que este comercio ilegal implica que no se pagan impuestos. En términos de empleo, también se eleva la tasa de empleabilidad puesto a que se dejan de crear 67.405 puestos de trabajo.

Estas son las cifras dadas por la “Asociación para la Defensa de la Marca (Andema)”, la representante de 70 empresas de distintos sectores en el país. La organización ha reaccionado este martes debido a la propuesta que Podemos ha planteado para eliminar la penalización ante la venta de productos falsos.

La asociación por tanto se ha comunicado y ha explicado que según sus empresas, es inaceptable que un partido político plantee la propuesta en el Congreso. Una proposición que legalizaría la venta de productos que no tienen controles de calidad, ni ningún tipo de autorización con el pago de impuestos ni tasas.

La fabricación y venta de estos productos se desarrolla al margen de la ley, lo que significa que tiene mucho riesgo comprarlos como es el caso de los juguetes para los niños, los cosméticos, medicamentos, bebidas alcohólicas ya que carecen de controles de calidad.

 

Los sectores más afectados

Son 12 los sectores que se encuentran más afectados por esta ilegalidad comenzando por el de la fabricación de vinos y bebidas alcohólicas que pierde cada año 263 millones de euros. Por otro lado, está pérdida también implica a su vez la pérdida que asciende a los 90 millones de euros de impuestos que se dejan de recaudar.

A este sector le sigue el de la cosmética puesto a que en España actualmente se pierde el 17,1% de las ventas del sector, lo que se traduce en 949 millones de euros. De los principales países europeos, es el que más dinero pierde por falsificaciones en este tipo de productos.

Por otro lado, el sector de la ropa hace que se pierdan 50.000 puestos de trabajo, directos e indirectos en nuestro país representando el 14% del empleo. En toda la UE las pérdidas  se posicionan en 43.300 millones de euros.

 

Elaborado por Clara Pujadas a partir de elmundo.es

 

 

Se cuestiona la legalidad de las medidas arancelarias que está tomando Donald Trump

Las tarifas de acero y aluminio del presidente Trump plantean dos grandes interrogantes. ¿Son legales? ¿Y será importante si no lo son?

Resultado de imagen de donald trump aranceles

La primera pregunta es algo así como una sacudida. La administración de Trump ya pudo haber respondido la segunda.

Los economistas no están seguros de si las tarifas son legales. Por un lado, nadie sabe todavía cómo se aplicarán.

A Canadá y México ya se les concedieron exenciones, aunque Trump ha insinuado que los cancelará si las conversaciones de renegociación del TLCAN no avanzan pronto. Trump también dejó abierta la posibilidad de que otros países sean excusados.

“Hay mucha incertidumbre”, dice Paul Ashworth, economista jefe de la firma de investigación Capital Economics.

Los países pueden desafiar los aranceles de otras naciones a través de un panel de jueces en la Organización Mundial del Comercio en Suiza.

En 2003, la OMC dictaminó que los elevados aranceles al acero impuestos por el presidente George W. Bush eran ilegales. Bush había argumentado que las importaciones perjudicaban a los fabricantes estadounidenses. La OMC dictaminó que la administración Bush no había presentado pruebas suficientes para probarlo.

Un portavoz de la OMC dijo que la organización nunca se ha pronunciado sobre un caso relacionado con la seguridad nacional. Los países han presentado quejas sobre las tarifas de seguridad nacional, pero o bien se eliminaron las tarifas o nunca se llevaron a cabo los casos. Y ninguna de esas disputas se refería a aranceles tan importantes como los de Trump.

El portavoz también dijo que la OMC ha presentado algunas preocupaciones informales de los países sobre las tarifas de Trump, pero no hay una queja formal. Las tarifas entran en vigencia en dos semanas.

Los casos judiciales de la OMC normalmente demoran unos 18 meses en resolverse. Incluso si el panel de la OMC dictamina después de ese momento que los aranceles de Trump son ilegales, los funcionarios de la administración Trump indicaron el año pasado que tal vez no les interese demasiado.

En la Agenda de Política Comercial de 2017 de la administración, la oficina del Representante de Comercio de EEUU, dijo que un fallo de la OMC contra los Estados Unidos no “conduciría automáticamente a un cambio en la ley o la práctica de los EEUU”

Técnicamente, Trump no tendría que eliminar los aranceles si la OMC los declarara ilegales. Pero tal decisión significaría que Estados Unidos no tendría protección en la OMC si otros países impusieran sus propios aranceles en represalia.

Una cláusula de las normas de la OMC permite a los países aplicar aranceles si la seguridad nacional está en juego. Trump dice que sus tarifas de acero y aluminio cumplen ese estándar porque Estados Unidos ha perdido muchos empleos en la industria manufacturera: 4,6 millones solo desde el año 2000.

Muchos economistas y empresarios cuestionan el argumento de la administración Trump de que el acero y el aluminio fabricados en el extranjero (algunos de los cuales se destinan a automóviles, electrodomésticos y latas de cerveza fabricados en Estados Unidos) son un riesgo para la seguridad nacional.

“Esto sin duda empujaría los límites sobre eso”, dice Robert Scott, un experto en comercio en el Economic Policy Institute. Pero Scott señala: “La OMC realmente no puede obligarlo a cambiar su política comercial”.

Elaborado por Georgina Coll a partir de cnn.com

El DRAMA De Las Pensiones Solo Acaba De Empezar

pensiones8

Las recientes protestas de nuestros mayores están en el foco mediático, y no es para menos. Las pensiones visten de negro, y eso no debería ser solo preocupación de la tercera edad actual, ahora veremos como el problema acaba de manifestarse y empieza a enseñarnos que nos acompañará durante largos años, y eso nos tiene que preocupar a todos.

La preocupación llega a raíz de un exhaustivo diagnóstico de 80 páginas sobre la economía Española que ha realizado la Comisión Europea, dónde alerta de que nuestro país está entre los Estados de la Unión Europea donde más va a caer la cuantía de las pensiones en los próximos años, lo que podría tener un fuerte impacto negativo en el poder adquisitivo de los jubilados. Para el Ejecutivo comunitario, la solución pasa por más reformas en el mercado de trabajo con el fin de reducir la temporalidad y los contratos a tiempo parcial, así como ampliar la vida laboral.

El punto de partida en el análisis de Bruselas es que la Seguridad Social española ha pasado de una posición de cómodos superávits durante los años anteriores a la crisis financiera a un déficit creciente, que en el año 2016 se situó en el 1,6% del PIB. Esto es el resultado del estancamiento del PIB nominal y del aumento del gasto en pensiones contributivas debido a factores demográficos y al aumento de las pensiones medias.

La contrapartida es precisamente que la cuantía de las pensiones se reducirá de forma pronunciada. En concreto, la media de la primera pensión pública en porcentaje del salario en el momento de la jubilación (la tasa de sustitución de ingresos) caerá alrededor de 30 puntos porcentuales, hasta situarse ligeramente por debajo del 50%.

 

“Estas reducciones están entre las más grandes de la UE, con un fuerte impacto negativo potencial en los estándares de vida de la población mayor española”

 

Pese a esta espectacular caída en la cuantía de las pensiones, España todavía tendrá una tasa de sustitución de ingresos similar a la media de la UE en 2060.

 

Fuente: elespanol.com

Editado: Jordi Gavaldà