El Fondo de Reserva de pensiones se habrá agotado en 2019 sin reformas

tesoreria

 

Si la nueva reforma de las pensiones no entra en vigor antes de 2019, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se habrá agotado. Para evitarlo y que esta reforma impacte lo menos posible en los ciudadanos, el grupo de expertos creado por el Gobierno es partidario de adelantar al año que viene la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Este mecanismo trata de garantizar la viabilidad futura del Sistema de la Seguridad Social, adecuándolo a la esperanza de vida y desligando la subida de las pensiones del IPC.

 

La reforma que aprobó en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue la primera que introdujo esta variable y estimó que debía entrar en vigor en 2027. Sin embargo, el comité de sabios, al que ha acudido Empleo, alerta de que la situación presupuestaria del Sistema requiere actuar de inmediato.

Fuentes próximas a ese grupo explican a elEconomistaque, ante la necesidad de lograr el equilibrio presupuestario en el Sistema y de adecuarlo a la esperanza de vida, los expertos han establecido esas dos fechas, 2014 y 2019, como los límites posibles para conseguirlo.

Sostenibilidad

Con la primera se buscaría que ese equilibrio llegase antes, desde ese año. Al empezar a aplicar el factor de sostenibilidad el ejercicio que viene, el ajuste sería muy suave, primero, porque el Sistema se equilibraría antes y en segundo lugar, porque ese ajuste podría compensarse con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Esto permitiría parar algo el golpe y que los pensionistas no padeciesen de forma tan brusca el impacto que supone adelantar esas medidas.

En el segundo escenario, el equilibrio trataría de alcanzarse más tarde, en 2019. Al retrasar hasta entonces la incorporación del factor de sostenibilidad, los pensionistas tendrían algo más de tiempo para digerirlo, sin embargo, el ajuste sería más fuerte. El motivo es que, para entonces, ya se habría agotado la hucha de las pensiones y no habría colchón alguno con el que amortiguar el golpe.

A fecha de 31 de diciembre de 2012, la hucha de las pensiones acumulaba 63.008 millones de euros. En el último año, el Gobierno tuvo que acudir a ella en dos ocasiones, por lo que se redujo en 3.807 millones.

Línea roja

Las mismas fuentes explican que todos los miembros de ese comité están de acuerdo en una línea roja que, en su opinión, no hay que traspasar: la reforma no puede implicar, en ningún caso, una caída del valor nominal de las pensiones. Es decir, no se recortará su cuantía, aunque los pensionistas sí pueden perder poder adquisitivo a causa de la inflación, que ya no se tomaría como referencia para revalorizarlas. Con todo, esa rebaja no sería posible desde el punto de vista constitucional, al estar hablando de derechos adquiridos, reconocidos individualmente y que se integran en el patrimonio propio. Así, las pensiones futuras no serían inferiores a las actuales, pero tampoco se revalorizarían tanto.

Los expertos han retrasado una semana la presentación del informe final al ministerio. Aún quedan flecos abiertos y en su última reunión, varios integrantes del grupo expresaron su disconformidad con el documento que les presentó el presidente, Víctor Pérez-Díaz. Los trabajos irán concluyendo a lo largo de esta semana y la próxima remitirán el texto al Gobierno.

Fuentes cercanas a Empleo restan importancia a ese retraso y apuestan por dejar trabajar al grupo con tranquilidad. Insisten en que el tema es delicado, por lo que en ningún caso se cerró una fecha límite en la que debiera estar listo el informe y sí una orientativa.

Comentarios: Vuelve a ser una noticia negativa, ya que está en riesgo las pensiones de miles de ciudadanos que se han pasado toda la vida trabajando, yo puedo entender que con el tiempo las pensiones desaparezcan, ya que es un coste inasumible para España en estos momentos, pero creo, que todas aquellas personas que llevan trabajando tantos años para poder tener una pensión digna, debería ser impensable el hecho de que sólo se plantee quitárselas.

El Economista

‘The Telegraph’ dice que España es “insolvente” y recomienda sacar el dinero mientras se pueda

Imagen de la noticia del diario The Telegraph
Imagen de la noticia del diario The Telegraph

El diario británico The Telegraph lleva hoy en la portada de su página web un artículo en el que analiza la situación financiera de España, asegurando que es “oficialmente insolvente” y que lo más recomendable es “sacar el dinero mientras se pueda”.

El artículo, escrito por su editor asociado Jeremy Warner en un blog de finanzas del diario, se basa en el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el pasado mes para concluir que la reestructuración de la deuda en España es “inevitable”.

A pesar de señalar que el FMI, debido a que es una institución “demasiado diplomática”, no ha calificado a España directamente como insolvente, entiende que sus últimas previsiones “con un aire realista en lugar del habitual optimismo” sitúan al país en este punto.

El diario británico recuerda que Europa ya aseguró que Grecia sería el primer y último país que sufriría una reestructuración financiera, pero luego Chipre se vio envuelta en una situación similar.

Así, resalta que España está retrasando una recapitalización mayor de sus bancos a la espera de que se complete la unión bancaria europea, esperando que “haga el trabajo en su lugar”. No obstante, para ‘The Telegraph’ esto conllevará “pagar un alto precio”, si se tiene en cuenta el precedente de Chipre.

En este sentido, destaca que los acreedores bancarios serán “ampliamente rescatados” y la confiscación de sus depósitos parece “muy posible”. “No aconsejo sacar el dinero a la ligera.

De hecho, un consejo de este tipo suele ser considerado irresponsable, ya que corre el riesgo de inducir al pánico, pero mirando a las proyecciones del FMI resulta la única decisión racional”, afirma el periodista británico.

En cualquier caso, el diario excluye de estas advertencias y recomendaciones a la rama británica del Banco Santander, al entender que se encuentra “totalmente aislada de la nave nodriza” en España.

Comentarios: Creo que es una noticia muy negativa, y que no debe tomarse a la ligera, ya que la población española o residente en España que pueda leer ese diario y vea esa noticia puede hacerles caso y sacar el dinero del banco, lo que, en caso de que fuera de boca a boca, podría provocar un “corralito”. En mi opinión, la población española confía cada vez menos en los bancos españoles, y que con el tiempo, volverá a ser como hace tiempo, que las familias guardarán sus ahorros debajo del colchón.

La Vanguardia

Una bajada de los sueldos en 2008 podría haber evitado la destrucción de un millón de empleos

paro

BBVA Research considera que las políticas para la moderación de sueldos resultan clave para frenar la sangría del mercado laboral. Según sus cálculos, si en 2008 se hubiera producido un ajuste de los salarios, “se habría evitado la destrucción de 1.000.000 empleos en el largo plazo”.

En concreto, el informe ‘Situación España’ estima que la tasa de desempleo sería 6 puntos porcentuales menor (en el primer trimestre de 2013 llegó al 27,2%, con más de 6 millones de parados).

BBVA Research pone de relieve que las “deficiencias en la formación de precios (derivadas de una competencia insuficiente) y de salarios (provocadas por unas instituciones del mercado de trabajo arcaicas) explican gran parte de la evolución adversa de la tasa de desempleo en España durante las últimas cuatro décadas”, y especialmente durante la “Gran Recesión”.

De hecho, cree que estas rigideces son la causa principal de cerca de diez puntos de los casi trece de repunte observado en la tasa de paro desde 2008 (a finales de ese año ya estaba en el 13,91%).

Por ello, considera fundamental la reforma laboral que se puso en marcha el año pasado y el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, suscrito por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT a finales del mes de enero. Según explica, ambos introducen cierta flexibilidad en el proceso de fijación de los sueldos y conllevan “un ajuste más equitativo del mercado laboral al repartir los efectos de un shock negativo entre el empleo y el salario”. En concreto, ambas medidas han supuesto una reducción acumulada de la retribución nominal por asalariado del 3,3% en 2012.

Detrás de estas cifras, hay más conclusiones para BBVA Research. “El proceso de moderación salarial registrado en 2012 habría evitado la pérdida de 60.000 puestos de trabajo [0,6 puntos porcentuales de la tasa de paro] a corto plazo y de 300.000 a medio y largo plazo [1,3 puntos]”, asegura.

Y es que la mayor parte de las empresas utiliza la reforma laboral para reducir los salarios. De acuerdo con un informe de la firma BCN Consultors, hasta un 80% de sus clientes han adaptado esta reforma para bajar los sueldos de las plantillas. La media del recorte, según este documento titulado ‘Un año laboral y su impacto en las empresas’, es del 15%.

En los últimos 15 meses de reforma laboral, 38.600 compañías han ejecutado expedientes de regulación de empleo y eso ha afectado a un total de 565.800 trabajadores.

Comentarios: Desde mi punto de vista, es una falta de previsión por parte del Gobierno, que, a mi parecer, no pensó que la crisis sería tan y tan fuerte y que, por eso no tomó las medidas pertinentes en aquel momento, lo que ha traído consecuencias negativas para toda la población Española, que se ha visto muy afectada por la tasa de desempleo, y, en un país, dónde cada vez hay menos posibilidades de encontrar trabajo.

La economía sumergida se reduce ligeramente en España hasta el 18,6% del PIB

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La economía sumergida en España se ha reducido un 1 % desde 2009 a 2013 hasta los 195.600 millones de euros (18,6 % del PIB), según un informe presentado hoy por Visa Europa, debido a factores como una menor capacidad de consumo y el hundimiento de la construcción.

Aunque la crisis económica puede haber elevado el porcentaje de trabajo y las ventas no declaradas en España, ha sido compensado por las cuestiones anteriormente mencionadas, junto a políticas implantadas recientemente como limitar los pagos en efectivo mayores de 2.500 y que están dando “frutos”, según los autores.

En economía “negra” España sigue estando por encima de la mayoría de los países de Europa occidental, aunque se mantiene a un nivel similar al de la media europea (18,5 %, un total de 2,15 billones de euros), y por debajo de los países de la Europa del este.

Así, en 2012 la economía sumergida en España alcanzó 201.300 millones de euros, un 19 % del PIB, lo que sitúa al país, junto a Portugal, en el tercer puesto de los países de Europa occidental con más economía en negro respecto al volumen total.

Según Visa Europa, hay una correlación entre el uso de efectivo y la economía sumergida, por lo que un incremento del 5 % de los pagos electrónicos podría ayudar a reducirla entre un 2 y un 3 %. España, con cerca de 120 transacciones electrónicas per cápita, sigue estando algo por debajo de la media de la Unión Europea (en torno a 180 transacciones).

Aunque el número de tarjetas en circulación es alto y su uso en comercios sigue creciendo (los pagos electrónicos representan en España un 17,1 % del gasto total de las familias), el bajo número de transacciones electrónicas puede explicarse en parte debido al gran número de cajeros automáticos existentes que proporcionan efectivo con facilidad.

También fomentan la economía sumergida en España la reticencia a aceptar pagos con tarjeta por importes menores de 10 o 15 euros en muchos comercios, así como la tendencia de algunos sectores como el de la construcción o el inmobiliario a demandar determinados pagos en efectivo.

La existencia de comisiones por parte de los bancos por este tipo de pagos (del 0,88 %, en mínimos históricos) no deberían suponer una “barrera” para que comercios y taxis acepten pagos con tarjeta, algo que además “contraviene” los contratos con las entidades financieras, según Manuel García, director de servicios financieros de AT Kearney, empresa que ha elaborado el estudio.

Para romper el “círculo vicioso” de los pagos en efectivo, el director general de Visa Europa para España y Portugal, Luis García Cristóbal, ha pedido una acción conjunta de las autoridades, las entidades financieras, sistemas de pago y comercios.

A juicio de la compañía, las grandes áreas de actuación deben centrarse en aumentar el volumen total de los pagos electrónicos, así como su frecuencia de uso, y así querrían defenderlo en una eventual reunión con el Gobierno.

Además, para Visa Europa entre los factores que favorecen la existencia de la economía sumergida en España están un nivel impositivo “relativamente alto y complejo” para particulares y empresas, así como una burocracia extendida y con bajos niveles de servicio.

Adicionalmente, el 16 % de los billetes de 500 euros que circulan en la UE lo hacen en España, donde se usan en ventas inmobiliarias no declaradas y otras actividades de la economía sumergida. Aunque no son partidarios de la desaparición total del efectivo, los autores del informe creen que una eventual limitación de los billetes de mayor valor favorecería la reducción de la economía sumergida.

Además, alertan de que a las autoridades fiscales les faltan recursos y se han centrado en supervisar a los trabajadores asalariados y al 30 % de las compañías más grandes del país, cuando la economía sumergida se concentra en las pymes, que representan el 65 % del PIB y al 75 % de los trabajadores asalariados. Según Visa Europa, los sectores de la economía española que mayor volumen de economía sumergida presentan son la construcción, industria, comercios, hoteles/restaurantes y transporte/comunicación.

Comentarios: Desde mi punto de vista esta notícia es positiva ya que con las medidas que ha tomado el Gobierno ha conseguido reducir ligeramente el dinero negro en España, que, a mi parecer, también es un problema para España.
La Vanguardia

La infanta Cristina queda “desimputada” del Caso Nóos

cristina

La imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos ha sido suspendida. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha atendido el recurso de la Fiscalía Anticorrupción sobre la imputación de la Infanta por parte del juez José Castro que instruye el caso Nóos y ha decidido desvalidar definitivamente la incriminación que pretendía el magistrado.

En su decisión, los magistrados de la Audiencia le piden más argumentos al juez Castro para acabar decidiendo la imputación de la hija del Rey. En el apartado sexto, el auto indica que “conviene que la Sala efectúe una serie de precisiones sobre la situación procesal de la Infanta a fin de ordenar el curso de la investigación”. Sin embargo, le piden al juez que, dado que la Infanta está siendo investigada, “de algún modo ha de ponerse término a dicha investigación en aras de evitar mayores especulaciones”.

El auto alega que no hay “indicios vehementes” de que la mujer de Iñaki Urdangarin “conociera, se concertase ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres”. La Sala asevera que la conducta de la Infanta como vocal del Instituto Nóos no merece “reproche penal” al no vislumbrar su colaboración en una trama “tendente a cometer un fraude a la Administración” en virtud de los distintos convenios de colaboración suscritos entre la entidad y las comunidades valenciana y balear, “ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos”.

A juicio del tribunal, el hecho de que tanto la hija del Rey, como el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, figuraran en un folleto ilustrativo de Nóos como miembros de su junta directiva “carece de trascendencia penal” para deducir por ello que incurrió en un delito de tráfico de influencias. “Las anteriores circunstancias constituyen efectivamente, en cierto modo, una influencia, pero no con el alcance típico” que se requiere para la comisión de esta infracción penal, incide la Sala al respecto.

De esta forma, la Audiencia insta a Castro a tomar decisiones respecto a la situación procesal de la Infanta “si a partir de este momento no se produce el advenimiento de nuevos hechos o elementos de prueba que hagan reconsiderar las endebles imputaciones que han llevado a disponer la declaración de la Infanta en calidad de imputada”.

Deja abierta la posibilidad de que hubiera delito fiscal
El auto deja las puertas abiertas a un posible encausamiento por presunto fraude fiscal, ya que, apunta a que tanto Iñaki Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios al 50%. De este modo, el tribunal de la Sección Segunda deja en suspenso la imputación de la Infanta en relación a posibles delitos fiscales, por cuanto, según recalca, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible “conocimiento del origen ilícito y delictivo” de estos fondos.

La Sala incide asimismo en que, si bien la hija del Rey Don Juan Carlos podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que “provenía de un delito de malversación o de fraude”, lo que resulta “más dudoso” para los magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta “desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública” puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.

Voto particular
El auto dictado hoy, de 44 páginas, incluye además un voto particular del magistrado Juan Jiménez, que se pronuncia a favor de la declaración como imputada de la infanta, por considerar que los indicios resultantes de la investigación pudieran constituir un supuesto de cooperación necesaria o complicidad en relación a los delitos supuestamente cometidos por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

La infanta Cristina fue citada a declarar como imputada por el magistrado en un auto que dictó el 3 de abril, pero la citación fue cancelada dos días después, tras la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir que fuera revocada la imputación.

A pesar de que el fallo estaba previsto inicialmente para el próximo 20 de mayo, la decisión ha llegado este martes, dos semanas antes. Los magistrados que han tomado la decisión son el presidente en funciones de la sección segunda, Diego Gómez-Reino, que además fue ponente, y los jueces Mónica de la Serna y Juan Jiménez, según una providencia dictada por la sala, según informó el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en un comunicado.

La imputación se produjo una semana después de que Diego Torres, el ex-socio de Iñaki Urdangarin, aportara nuevos correos para tratar de demostrar su implicación en la empresa. Entre esa documentación había varios emails que el marido de la infanta Cristina remitió a su mujer para consultarle diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del Instituto Nóos.

El juez vio indicios de cooperación o complicidad en la Infanta

En su auto, el juez consideró que había indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera utilizado por Urdangarin y su socio en las actividades de Nóos, lo que podría constituir un supuesto de “cooperación necesaria” o “complicidad” en los delitos supuestamente cometidos. En el auto de 19 páginas, Castro señalaba que no despejar en la instrucción del caso la duda de si conocía la aplicación que hacía Urdangarin de su presencia como vocal en el Instituto Nóos y en la empresa Aizoon SL, sería “un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos”.

El juez señaló también que dejar que esa “incógnita se perpetúe” sería, además, una contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales, y detalla en su escrito catorce indicios que hacen dudar de si la Infanta conocía el uso de su presencia como vocal en Nóos y de su participación al 50% con su marido en la inmobiliaria Aizóon, que proceden de la declaración de Diego Torres, de los numerosos correos electrónicos aportados a la causa y tras escuchar la versión dada por el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.

Añadía que si bien esos indicios por sí solos y considerados de forma aislada carecen de “peso suficiente para sustentar una imputación” de la Infanta y no constituyen “indicios racionales” de que “interviniera activa y decididamente” en la gestión cotidiana de Nóos y Aizoon, sí indican que “bastaba con que prestara su consentimiento a que su parentesco con S.M. el Rey fuera utilizado”.

Asímismo, el magistrado asevera “que no se acaba de entender que S.M. el Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido” para instarle a desvincularse del Instituto Nóos. “E incluso que consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento lo que le debería haber llevado a Doña Cristina a la conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido”.

Argumentos de la Fiscalía
Por su parte, en el citado recurso que presentó Horrach contra el auto de Castro, señalaba que “no se entiende” el sentido de la imputación, teniendo en cuenta que en la fase procesal en la que se encuentra el caso Nóos y concluida la investigación de la causa, no hay “elementos incriminatorios” que sustenten una acusación formal contra Doña Cristina de Borbón.

En este sentido, asegura que la aplicación del principio acusatorio conllevará necesariamente el “sobreseimiento” de la causa respecto de Doña Cristina de Borbón. Asimismo, recalca que la Infanta Cristina “ni es titular, ni es autorizada o apoderada en cuenta corriente alguna vinculada al Instituto Nóos o a la Fundación Deporte Turismo e Integración Social, por lo que, en su opinión, el citado precedente judicial ofrece “nulo apoyo al razonamiento jurídico del instructor”.

Por otro lado, recuerda que en el sistema procesal penal español son “las acusaciones públicas, particulares o populares quienes determinan los hechos delictivos y los presuntos responsables en sus escritos de acusación y de solicitud de apertura del Juicio Oral”.

Comentarios: Desde mi punto de vista es otro caso más de la falta de justicia que tiene España en estos momentos. La Infanta Cristina por el hecho de pertenecer a la Familia Real no ha sido imputada, que, estoy segura, no será la única que presuntamente habrá robado dinero de los fondos públicos y no va a ser juzgada por ello. Creo que ese es uno los mayores problemas de España, que cuándo iba bien, mucha gente se aprovechó de ello robando fondos públicos.

La Vanguardia