Aprobado un paquete de reformas para empresas altamente endeudadas

El gobierno ha aprobado esta semana pasada un real decreto ley de Medidas urgentes para la financiación  y reestructuración de empresas que esten altamente endeudadas, de esta manera será más fácil que la banca llegue a acuerdos con estas compañias.  Esta nueva norma va destinada a empresas que a pesar de su alto endeudamiento pueden seguir funcionando y esto hace que se mantenga el empleo.

Mediante este nuevo real decreto ley, se reforma la legislación concursal, para que así, las normas que regulan los concursos de acreedores «no supongan trabas en aquellos procesos de refinanciación de empresas.

Por tanto con esta nueva norma se facilitan la celebración de acuerdos de financiación para las empresas, se potencian los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos, y se ofrece la posibilidad de convertir la deuda en capital, es decir, que los acreedores se conviertan en accionistas de las empresas.

De la misma manera, la citada norma establece la firma de acuerdos individuales de financiación con uno o más acreedores, siempre que mejore la situación patrimonial del deudor sin necesidad de contar con mayorías de pasivos. En los acuerdos colectivos de refinanciación de deuda de las empresas no homologados judicialmente, se elimina la exigencia de la figura del experto independiente, con lo que será suficiente que el auditor de cuentas certifique que se cuenta con las mayorías de pasivo exigidas.

Una vez se firme el acuerdo, este no podrá ser rescindido posteriormente si la empresa entra en concurso acreedores. En aquellos acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente, se simplifica la intervención judicial, se incrementa la seguridad jurídica, y se propone reducir el voto necesario de los acreedores hasta el 51 %, además de la conversión de deuda a capital.

En este último caso, el acuerdo de la junta de accionistas requerirá mayoría simple, ha dicho la vicepresidenta. De la misma forma, la norma incluye medidas comunes a todos los acuerdos, que estén homologados o no judicialmente, de manera que durante las negociaciones de refinanciación, se paralizarán las ejecuciones de bienes necesarios para continuar con la actividad empresarial. Por último, la norma establece que el dinero nuevo que haya sido puesto para la refinanciación de las empresas tenga preferencia frente a los restantes deudores.

En mi opinión personal pienso que es una buena opción para ayudar a aquellas empresas que puedan llegar a buen puerto pero que por las circunstancias tengan un alto endeudamiento y no sean capaces económicamente de tirar hacia adelante, por lo tanto pienso que esto ayudará a muchas empresas y hará que se puedan conservar más puestos de trabajo.

Fuente: La vanguardia

 

Sony suprimirá 5.000 empleos en todo el mundo

Su ejercicio 2013, que finaliza el próximo 31 de marzo, volverá a cerrarse con pérdidas, en el entorno de 800 millones de euros

 

 

Tokio (Japón) (AFP/Agencias).- El gigante tecnológico japonés Sony ha anunciado hoy que estudia suprimir 5.000 empleos hasta marzo de 2015 en todo el mundo para reestructurar la plantilla. Estos recortes afectarían a 3.500 empleos en el extranjero, y 1.500 empleos afectados en Japón, tras la venta de los PC de la marca japonesa Vaio y de otros dispositivos que afectan a los televisores que fabrica Sony.

Pérdidas de 800 millones en 2013

El gigante japonés de la electrónica Sony anunció hoy que su ejercicio 2013, que finaliza el próximo 31 de marzo, volverá a cerrarse con pérdidas, en el entorno de 110.000 millones de yenes (801 millones de euros).

La compañía con sede en Tokio rebajó así sus previsiones para el ejercicio fiscal 2013, pese a que en los tres primeros trimestres (abril-diciembre) ganó 11.200 millones de yenes (81 millones de euros).

El fabricante japonés de la electrónica anunció también que ultima la venta de su deficitaria división de ordenadores y que escindirá su rama de televisores, en pérdidas desde hace varios años.

El beneficio operativo de Sony entre abril y diciembre de 2013 fue de 141.500 millones de yenes (1.031 millones de euros), un 70 por ciento más que en el mismo periodo de 2012, y sus ingresos por ventas aumentaron en un 16,4 por ciento interanual hasta los 5,9 billones de yenes (43.030 millones de euros).

Sin embargo, y aunque el rendimiento en octubre-diciembre fue también positivo (casi dobló en términos interanuales su beneficio operativo hasta 658 millones de euros), prevé que su beneficio por actividad ordinaria en el ejercicio sea de 80.000 millones de yenes (583 millones de euros), la mitad de lo que pronosticó en octubre.

Los costes de la reestructuración que planea (que han resultado ser mayores de lo esperado) y el mal rendimiento de sus divisiones de equipos de audio y vídeo doméstico, dispositivos y «productos móviles y comunicaciones» son los principales responsables de arrastrar a Sony nuevamente a pérdidas cuando termine el año fiscal.

Tan solo en el último trimestre esta última rama de negocio registró una pérdida por actividad ordinaria de 12.600 millones de yenes (91 millones de euros) principalmente por el «descenso significativo» de la venta de ordenadores personales, explicó Sony.

De ahí que haya anunciado hoy la firma de un acuerdo de preventa con Japan Industrial Partners para que este fondo de inversión se haga con su deficitaria marca Vaio de ordenadores personales.La empresa tokiota ha explicado que espera centrarse exclusivamente en la producción de smartphones y tabletas.

Sony anunció también que escindirá para julio de 2014 sus operaciones en lo que se refiere a la fabricación de televisores, una rama que lleva nueve ejercicios consecutivos en rojo.Como resultado de estas dos operaciones, la empresa tiene previsto reducir unos 5.000 empleos (1.500 en Japón y 3.500 en el extranjero) de aquí a marzo de 2015.

Fuente: La Vanguardia

La Generalitat pedirá prestados este año al FLA un total de 6.347 millones

La cifra es un 41% menor al año pasado | Del total, 1.960 millones se destinarán a cubrir déficit y el resto, a vencimientos de la deuda

Barcelona. (EFE).- El Gobierno de la Generalitat de Catalunya pedirá prestados este año al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) un total de 6.347 millones de euros. Según han avanzado fuentes del gobierno catalán, de esta cantidad un total de 1.960 millones se destinarán a cubrir déficit, ya que el techo de las comunidades está fijado este año en el 1% del PIB, y el resto, 4.387 millones, servirá para cubrir vencimientos de deuda y de préstamos internacionales, así como liquidaciones negativas del modelo de financiación y vencimientos de mecanismos de liquidez.
La cantidad solicitada este año es aproximadamente un 41% inferior a la del año pasado principalmente porque la Generalitat, que en los últimos años ha tenido que afrontar el vencimiento de buena parte de las emisiones minoristas que hizo, solo tiene este año un vencimiento de bonos a particulares de 781,54 millones a finales de abril.
En 2013, la Generalitat pidió prestados a cuenta del FLA unos 10.833,9 millones de euros, dado que el Ministerio de Hacienda informó a mediados de noviembre que el gobierno catalán había recibido a cuenta del FLA 10.050,6 millones, y a mediados de diciembre autorizó otra entrega de 783,3 millones adicionales por el aumento del déficit permitido a la comunidad.
El gobierno catalán entiende que la solicitud de estos 6.347 millones, que ya se ha formalizado, contará con el visto bueno de Hacienda, ya que los criterios de adhesión al FLA están bastante definidos. No obstante, el gobierno catalán, que en un comunicado ha avisado que «se reserva el derecho de impugnar» las condiciones del programa para la aplicación del mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades para este año si vulneran «sus competencias y su autogobierno», espera recibir algunos fondos más a cuenta del FLA del año pasado.
Y es que a finales del 2013 el Govern anunció que tenía el aval de Hacienda para poder solicitar al FLA unos 1.700 millones de euros más en correspondencia al aumento del déficit de 2013 del 0,7 al 1,58% del PIB. De aquella cantidad finalmente Hacienda autorizó un total de 783,3 millones, por lo que esperan «que lleguen» el resto de fondos pendientes, ha asegurado hoy el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, al ser preguntado por estos recursos.
En cuanto a las gestiones para el FLA de 2014, el conseller ha asegurado hoy que están «en proceso» y que es cuestión de «días». El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) está dotado este año con 23.000 millones de euros para vencimientos y necesidades de financiación de las comunidades, por lo que contando con que la Generalitat reciba esos 6.347 millones, copará el 27,59% de los fondos, un porcentaje muy inferior al del año pasado, cuando absorbió algo más de la mitad, y de 2012, cuando su peso sobre el total fue del 40%.
Las comunidades que acuden al FLA han pagado unos intereses medios por estos préstamos del 5,18% en 2012 y del 3,91% en 2013, según Hacienda, que estima que los intereses de 2014 serán menores. El Gobierno catalán ha reivindicado en numerosas ocasiones su derecho a acudir a este mecanismo de liquidez como aportador neto a las arcas del Estado y ante la incapacidad de financiarse actualmente en los mercados. De hecho, el conseller Mas-Colell reclama desde hace tiempo que este mecanismo tenga un carácter estable, para no tener que estar cada año a la espera de su despliegue.

En un comunicado, el conseller ha mostrado su «perplejidad» por que el FLA no esté «implementado a principios de año», a pesar de ser un mecanismo «ordinario» del Tesoro, y ha recordado que ya el año pasado el FLA ya entró en vigor con tardanza, en concreto, a finales de febrero.

Fuente: La Vanguardia.

Coca-Cola diseñó un plan de ajuste para cerrar siete plantas

 

El grupo embotellador Coca Cola Iberia, embotellador de la multinacional Coca-Cola en España, elaboró tres modelos industriales en los que intentó encajar sus necesidades de producción a corto y medio plazo con el objetivo de hacer frente a la continuada caída de consumo que las distintas marcas de Coca-Cola soportan desde hace un lustro.

Los tres modelos les han sido detallado a los representantes sindicales de la plantilla en la documentación depositada por la empresa ante la autoridad laboral para articular un ERE, que afectará a total de 1.250 trabajadores. Dos de esos tres modelos conservaban abierta la fábrica de Madrid.

Pues bien el primero de esos modelos es brutal. Reduce el abastecimiento del mercado español a cuatro fábricas (Barcelona, Madrid, Sevilla y Tenerife), aunque valora incluso la posibilidad de dejarlo en tres. La empresa asegura que sería el que mejores economías de escala generaría, pero no lo descarta por el sin duda severísimo impacto social que tendría en forma de mayores despidos, sino que asegura que “ante incrementos de demanda y tiempos más ajustado de entrega de producto terminado, este mapa sufriría problemas de abastecimiento”. Al tiempo que explica que a medio plazo la capacidad productiva de las plantas sería “insuficiente”.

El segundo modelo, también rechazado, dibuja un mapa de España atendido no en base a número de fábricas, sino que explora la necesidad de líneas de producción mínimas imprescindibles. Como resultado establece que necesitaría entre cuatro o cinco fábricas. Pero también fue rechazado porque “podría absorber la producción a corto plazo. Sin embargo las restricciones en la ampliación de nuevas líneas en las plantas provocaría que ante un crecimiento de la producción no se pudiese servir el producto final en tiempo y forma. Además –continúa– no existiría la posibilidad de lanzar nuevos productos, al no contar con capacidad para generar nuevas líneas de producción”.

Finalmente se decantó por un modelo de siete plantas, definido como de “coste óptimo teórico”, que es el que intenta negociar con los sindicatos. Con él se prefigura un mapa de fábricas dispuestas de forma circular en la periferia de la Península y sin centro –es decir sin la fábrica de Fuenlabrada en Madrid–.

“Con este diseño –explica de nuevo el informe técnico entregado a los representantes sindicales– se podría satisfacer el incremento de la demanda a medio plazo al tener capacidad de producción suficiente y poder ampliar líneas de fabricación.

Todo ello para, como adelantó CincoDías el pasado día 29 de enero, aflorar unos ahorros de costes anuales de 33 millones, de los que 25,4 surgen solo con el cierre de Madrid. La compañía soporta hoy unos costes operativos de fabricación y distribución de 267 millones, que tras el ajuste, despidos y cierres se estima que se mantendrá a corto y medio plazo en 234 millones.

Costes altos pero no pérdidas

Solo dos de las siete empresas embotelladoras que conforman el holding Coca-Cola Iberian Partner arrojó pérdidas durante los 11 primeros meses de 2013. Asturbega, propietaria de la planta de Colloto en Asturias, que se cerrará, perdió en ese periodo 3,3 millones con una facturación de 58,9 millones. Y Norbega, propietaria de la fábrica de Bilbao, perdió 321.000 euros. Todas las demás en mayor o menor medida ganaron dinero.

El informe asegura que son las fábricas de A Coruña, Bilbao, Oviedo, Alicante y Palma de Mallorca las menos eficaces, las que mayores costes soportan. Pero indica que las de Valencia, Barcelona y Bilbao podrían generar, cada una, dos líneas de producción adicionales con las que se absorbería la producción de las fábricas que se cerrarán.

En paralelo, reconoce que debido a sus costes se podría cerrar A Coruña y haber sido cinco las fábricas eliminadas, pero los técnicos sopesan que de hacerlo la zona Noroeste de España, se enfrentaría a serios problemas de desabastecimiento. Por ello no figura en la lista. Finalmente decidieron salvarla.

 

Fuente: Cinco Días

Andalucia pagó 297 millones en ayudas al empleo sin justificar en 2009 y 2010.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado un demoledor informe sobre la gestión de los fondos para formación de desempleados y ocupados por parte de la Junta de Andalucía en los años 2009 y 2010.

 

UGT-Andalucía, que en esos dos ejercicios percibió 63,5 millones sobre un total de 746 millones otorgados por la Junta para esos fines, está siendo actualmente investigada por la juez Mercedes Alaya de Sevilla por múltiples irregularidades en la justificación del uso de parte de los fondos recibidos fundamentalmente en esos dos años. La misma Cámara ya dictaminó en un informe anterior que la Junta no cumplió la ley con ninguna de las ayudas al empleo en 2009.

Los auditores de la Cámara han detectado, primero, que un 40 por ciento de esos 746 millones se pagó sin exigir ningún tipo de justificación, lo que incumple varias leyes. En concreto, los consejeros de Empleo entre 2009 y 2010, Antonio Fernández y Manuel Recio, autorizaron expresamente la exoneración de ese requisito de justificar las ayudas recibidas por importe de 297 millones -70,2 millones en 2009 y 227 millones el año siguiente-. La eliminación de ese requisito benefició a 844 perceptores, a los que se sumaron otros a título individual a los que el titular de Empleo también exoneró de justificar las ayudas. El informe no da detalles sobre estos perceptores concretos.

El motivo que justifica esta arbitrariedad es el atasco en la revisión, por parte de la Junta, de los documentos de justificación enviados por los perceptores de las ayudas, que superaba los dos años reglamentarios. De ahí ese proceso de regularización extraordinaria para pagar las ayudas. La Junta ha señalado en una nota, ante la gravedad de las conclusiones del documento, que autorizar el abono sin culminar el proceso de justificación no significa que esas justificaciones no existan. La Cámara resalta que, de los 78 expedientes que revisó de 2009 y 2010, sólo un 40 por ciento estaba revisado y liquidado cuando terminó el trabajo de campo para este informe, el 15 de octubre de 2012.

Además, se da la circunstancia de que Fernández, consejero entre 2004 y marzo de 2010, es el mayor alto cargo imputado y encarcelado -y hoy en libertad bajo fianza- por el escándalo de los ERE, cuyos fondos eran gestionados desde su consejería. Recio, que le sucedió al frente de este departamento en marzo de 2010, está por su parte preimputado en el caso ERE, que también instruye Alaya desde hace tres años.

Sin concurrencia

Junto a ello, 432 millones de los 746 millones citados se concedieron sin concurrencia competitiva, lo que supone un incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones de 2003. El sindicato CSIF, que recurrió ese reparto entre el coto cerrado de los agentes sociales de la denominada concertación -UGT, CCOO y la patronal CEA, fundamentalmente-, ha obtenido en 2012 varias sentencias firmes del Tribunal Supremo que señalan que la Junta no puede acotar a su antojo en aras del interés público quiénes son los perceptores de subvenciones al empleo. Además de los 63,5 millones que recibió UGT en esos dos años, CCOO logró 63 millones, la CEA otros 83 millones y la fundación Faffe, dependiente de Empleo, 66,3 millones. El resto de perceptores -mancomunidades, otras fundaciones y entres públicos o privados- absorbió 470 millones.

Además, la Cámara también ha descubierto que otros 48,8 millones -de los que efectivamente se pagaron 41,3 millones- otorgados a la Faffe no se han justificado en absoluto tras agotarse el plazo para ello en marzo de 2012. La Faffe no terminó 36 de los cursos subvencionados en 2009 y ni siquiera inició otros 386 en 2010. Entre 2009 y 2010, la Faffe recibió en total 66,3 millones para dar cursos exclusivamente a desocupados.

La Junta asegura en la citada nota que el proceso de justificación prosigue aún y que el retraso en el mismo se debe al proceso de liquidación en que se encuentra este organismo tras su integración en el propio SAE. Así, el 1 de septiembre de 2013, detalla la Junta, comenzó la auditoría para justificar esas ayudas. «Si de esta investigación o de otras se derivara cualquier responsabilidad administrativa o contable, la Junta de Andalucía se empleará a fondo para reparar, cumplir y solucionar los problemas advertidos, incluyendo el requerimiento de documentación adicional, justificación o reintegro de las ayudas», precisa el Gobierno andaluz, que no descarta emprender las acciones si fuera necesario.

Delphi: dietas para discapacitados

Los cientos de parados procedentes del cierre de Delphi en 2007 han sido mimados como pocos desempleados de Andalucía, a tenor de lo que ha averiguado la Cámara de Cuentas en este informe. La propia Faffe recibió 32 millones en 2010 para formar a estos extrabajadores mediante una subvención excepcional que la Cámara señala que no cumple los requisitos para haberse concedido con esa consideración, lo que puede dar lugar a irregularidades administrativas.

En 2011, Empleo concedió otros 20,2 millones para formarles pero no ya a la Faffe, que inició su proceso de extinción y fusión con el SAE, sino a la Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Cádiz (FUECA). En la gestión que hizo este ente de esas ayudas, los asistentes a los cursos cobraron dietas por asistencia y para cubrir posibles gastos de desplazamiento permitidas sólo para discapacitados. Y por importes de 15 ó 20 euros al día, cuando el máximo era 13,5.

En concreto sobre esta acción formativa para este colectivo de parados de Delphi, la Cámara no tiene constancia de que el SAE ni visitara ni hiciera seguimiento alguno de los cursos.

También hay otro caso flagrante de posible malversación y desvío de subvenciones -la Cámara alude a posibles responsabilidades contables- con varias ayudas entre 2006 y 2009 incluidos a la empresa cordobesa Faasa que sumaron 1,1 millones de euros. De esa cifra, con la que se respaldó varios cursos de Iniciación de piloto comercial de helicóptero, Faasa habría sobrefacturado la mitad -524.971 euros- ya que sobrepasó por sistema el tope máximo de gasto subvencionable por la Junta. Faasa es el principal contratista de helicópteros para el plan Infoca contra incendios de la Junta.

En cuanto al propio SAE, señala que en el 66 por ciento de los expedientes examinados por la Cámara -que equivalían a 280 millones en ayudas del total de 746 millones- no se ha hecho seguimiento alguno para comprobar si el parado se ha insertado. Además, sólo en el 11 por ciento de los casos la realización del curso de formación para el desempleado a conducido a la obtención por este del certificado de profesionalidad, que es uno de los objetivo clave que el propio SAE persigue que logren los alumnos.

En cuanto al pago de las horas de formación a los profesores, la Cámara también pone de manifiesto la enorme disparidad de tarifas que se han repercutido: desde 192 euros cada hora, hasta 23 euros.

Fuente: El Economista