BIZBARCELONA

 

 

• Las conferencias

  Con 328 ponentes y más de 200 conferencias el salón contó con cinco bloques temáticos: ventas e internacionalización; marketing 2.0, redes sociales y e-commerce; financiación y gestión empresarial; innovación en productos y servicios y nuevas tendencias y oportunidades.

   

  El salón

  Contó con la participación de un centenar de empresas desde proveedores de Internet, hosting y redes sociales, consultoría y formación, asesoría fiscal y laboral y herramientas de gestión hasta enseñas de franquicias, pasando por entidades e instituciones que fomentan la cultura empresarial y el emprendimiento.

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España, un país de corruptos.

El presidente, Manuel Gracia, y los portavoces adjuntos se subieron las dietas en secreto el 20 de marzo. Su filtración en prensa los deja al descubierto y ahora propone anular dicho acuerdo.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, va a proponer a los portavoces de los grupos parlamentarios de PP, PSOE e IU, así como a los miembros de la Mesa de la Cámara, la anulación del acuerdo del pasado 20 de marzo donde se realizaba una actualización de las dietas semanales a los portavoces adjuntos y al propio presidente de la Cámara andaluza. Un acuerdo que no se hizo público y que se alcanzó por unanimidad del propio Gracia y los portavoces de los tres grupos políticos quienes, una vez desvelado, se han visto obligados a recular.

El acuerdo, del que han informado los diarios del Grupo Joly, suponía que los portavoces adjuntos de los grupos políticos pasaran a incorporarse a las dietas que perciben los miembros de la Mesa y los portavoces, para percibir una cantidad de devengo semanal de 500 euros. Asimismo, incluía un aumento en la cuantía percibida por el presidente de la Cámara, que pasaría a cobrar en concepto de dietas de 500 a 600 euros semanales.

Esta medida fue acordada por unanimidad de los grupos políticos de la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces, justificada en la actividad que desarrollan dichos parlamentarios, según ha destacado el gabinete de prensa del Parlamento en un comunicado, en el que informa asimismo de la propuesta de Gracia de anular dicho acuerdo.

De este modo, la propuesta de anulación supone que el régimen económico de los diputados no sufriría modificación alguna con respecto al acuerdo de la mesa de la cámara del 13 de febrero de 2013 de retribuciones fijas y periódicas, que establece un sueldo base a los diputados de 3.020,29 euros más los complementos por los diferentes puestos y dietas semanales en concepto de transporte, alojamiento y manutención y que está publicado en la página web del Parlamento de Andalucía.

Según el régimen económico aprobado en febrero, la ayuda por gastos de alojamiento y manutención cuenta con una dotación mínima de 200 euros semanales, que se eleva hasta los 410 si los diputados tienen su residencia habitual a más de 300 kilómetros y hasta los 500 para los miembros de la Mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios.

A estas cantidades fijas se añaden complementos mensuales por razón del cargo que van desde los 1.537,37 euros para el presidente del Parlamento; los 1.234,28 euros para los vicepresidentes de la Mesa de la Cámara y los portavoces de los grupos parlamentarios; y los 928,08 euros para los secretarios de la Mesa y los portavoces adjuntos de los grupos parlamentarios.

Cuantías inferiores tienen los complementos mensuales para los secretarios de los grupos parlamentarios, dotados con 648,23 euros; para los presidentes de las comisiones y los portavoces de los grupos parlamentarios en las comisiones, que alcanzan los 491,08 euros; para los vicepresidentes de las comisiones, que se sitúan en los 333,47 euros; y para los secretarios de las comisiones, que alcanzan los 175,85 euros.

Alojamiento y manutención

Junto a ello, los diputados también tienen derecho a percibir ayudas para afrontar los gastos de alojamiento y manutención que origine la actividad parlamentaria, que tienen diferente cuantía en función de la distancia entre su residencia habitual y la sede de la Cámara.

Así, los parlamentarios percibirán 200 euros semanales si su residencia habitual está situada a un máximo de 100 kilómetros; 270 euros semanales si se localiza entre 101 y 200 kilómetros; 340 euros semanales si se ubica entre 201 y 300 kilómetros; y 410 euros si se encuentra a más de 300 kilómetros. Los miembros de la Mesa de la Cámara y los portavoces de los grupos parlamentarios percibirán una ayuda semanal de 500 euros por este concepto.

Los diputados pueden además solicitar ayudas por transporte, ya que el régimen económico y de ayudas de los parlamentarios para 2013 establece que «el uso del propio automóvil por los diputados para su asistencia a las sesiones parlamentarias se abona, previa justificación, a 0,25 euros por kilómetro». En caso de utilizar para tales desplazamientos un medio colectivo de transporte, avión o tren principalmente, cada diputado tendrá derecho a ser indemnizado únicamente con el importe del billete correspondiente.

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Portugal plantea un cambio de moneda

La idea de abandonar el euro ha ganado fuerza en Portugal y se ha hecho un hueco en el debate público en base a razones, sobre todo económicas, que apuntan a la moneda única como origen de parte de los problemas que afligen al país.

La hipótesis, ya formulada hace años, es ahora objeto de discusión generalizada -en un contexto de fuerte crisis y marcado pesimismo en la sociedad lusa- gracias al economista Joao Ferreira do Amaral y su libro «Por qué debemos salir del euro», que figura en las listas de los más vendidos durante las últimas semanas.

La opción de regresar al escudo, defendida históricamente por el Partido Comunista luso -cuarta fuerza en el Parlamento- y con predicamento entre los sectores más populares de la población, ha encontrado eco en tertulias y artículos de opinión, escenarios de una discusión pública de tipo intelectual. Al menos, por ahora.

Doctor en Economía, profesor universitario y antiguo directivo del Ministerio de Finanzas, el argumento de Ferreira do Amaral se resume en que la severa crisis que atraviesa hoy Portugal es consecuencia de su entrada en el euro en 1999, y no del aumento de la deuda pública o la presión posterior de los mercados.

Su tesis se basa en que el país no está preparado para tener una moneda tan fuerte. La imposibilidad de ajustar su política monetaria (bajando el tipo de cambio o emitiendo más dinero, por ejemplo) afectó su competitividad, impidiéndole aumentar sus exportaciones y reequilibrar su deficitaria balanza comercial.

En su opinión, las empresas lusas dejaron de ser capaces de luchar de tú a tú con otros países y se vieron abocadas a sectores protegidos de la competencia exterior, como el negocio inmobiliario o los servicios, un error que reconoce incluso el actual Gobierno, de signo conservador.

La teoría de abandonar la moneda común ha encontrado en Portugal un terreno abonado para su rápida propagación, ya que el país no vislumbra todavía el fin de una crisis que le ha llevado a acumular tres años de recesión consecutivos y a alcanzar niveles récord de paro.

Rescatado desde el 2011, las draconianas medidas de austeridad acordadas con la UE y el FMI a cambio de su ayuda han agravado la situación de una parte mayoritaria de la población, que ha visto cómo eran recortados los servicios sociales y aumentados los impuestos sin que de momento se perciba una mejora en su día a día.

«El euro fue creado para ser una moneda fuerte y sería un milagro que fuese útil para todos los miembros comunitarios. Si fuese tan fácil, todos los países del mundo querrían una moneda fuerte y no es así, ya que depende de la competitividad y la estructura de cada uno», insistió Ferreira do Amaral en una conferencia sobre su libro.

Sus apariciones públicas son frecuentes y la semana pasada acudió a un acto organizado por el ex presidente -y todavía «peso pesado» del socialismo luso- Mário Soares.

La discusión sobre un hipotético regreso al escudo reunió a cerca de cien personas en una sala que se quedó pequeña frente a tanta expectación.

Como Ferreira do Amaral, el joven diputado socialista Joao Galamba, pese al carácter europeísta de su partido -principal de la oposición- también se mostró muy próximo a sus ideas.

«Concuerdo con casi toda su exposición, aunque no defiendo salir del euro. El problema no es la moneda común en sí, sino la transformación de la construcción de una unión europea en el proyecto neoliberal más radical del mundo», consideró.

Galamba se reconoció pesimista sobre las opciones de Portugal en el seno de una UE tal y como está diseñada hoy, y ve su salida del euro difícilmente evitable: «No creo que se dé el cambio de políticas que haría falta. Si salimos del euro, no debemos hacerlo solos, al menos que sea con España, Grecia, Italia…».

Aunque el Gobierno se mantiene alejado del debate, juristas, economistas y analistas han respaldado en las últimas semanas la salida, pero difieren sobre si ello supondría inevitablemente abandonar el proyecto comunitario o, por contra, podría mantenerse pese a tener otro moneda, como hace por ejemplo Reino Uni

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El paro agrava las diferencias sociales.

La gangrena del mercado laboral español se agrava día a día. Tras cinco años y medio de deterioro, la destrucción de empleo y el aumento de paro son la prueba más evidente, lo que se aprecia a simple vista. En 2012 han desaparecido 850.500 puestos de trabajo; el empleo se ha hundido al nivel de hace una década; al año se cerró con 5.965.400 parados y la tasa de desempleo se encaramó al 26,02%, datos sin parangón en las series estadísticas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero la larga duración y la profundidad de la debable ponen de relive otras cifras que muestran la gravedad de la situación: caída significativa de la población activa, emigración entre jóvenes y extranjeros o aumento del paro de larga y muy larga duración.

Ayer era un día esperado por el Gobierno. El discurso de Mariano Rajoy al final del año pasado, especialmente lúgubre, tenía una explicación: sabían que llegaría esta EPA rozando los seis millones de parados. Desde entonces, el Ejecutivo venía preparándose. En Moncloa buscaban algo con lo que frenar la EPA de enero, una bomba en la línea de flotación de Rajoy, que prometió que con él bajaría el paro y que hizo una durísima reforma laboral que de momento lejos de ayudar a la creación de empleo ni siquiera ha impedido que se siga destruyendo.

Más bien al contrario, el año pasado la caída del empleo entró en su fase más dañina, más incluso que durante la Gran Recesión. Basta una comparación: en 2009 el número de puestos de trabajo destruidos por cada punto que caía el producto interior bruto quedó lejos de superar en ningún trimestre el medio millón; este año ha ido más allá de los 600.000.

En 2012 la caída del empleo entró en su fase más dañina, más incluso que durante la Gran Recesión

Hay otro elemento que agrava socialmente lo que sucede durante esta recesión en el mercado laboral español cuando se compara con la que comenzó hace más de cuatro años. Entonces el punto de partida eran 2,5 millones de parados y un desempleo del 10,5%; esta vez en la casilla de salida se situaban 5,2 millones de parados y una tasa de casi el 23%.

Cuando las crisis se prolongan —y esta lleva camino de cumplir seis años en julio— cae el empleo, cunde el desánimo y se nota en la llamada población activa, la gente que está en edad y disposición de trabajar, y que lo busca si no lo consigue. Hace una semana la mayoría de previsiones apuntaban que España superaría por poco los seis millones de parados al acabar 2012. Se apoyaban básicamente en la caída de afiliación a la Seguridad Social, aunque asumían la cautela habitual: “Dependerá de la población activa”.

La cautela se ha cumplido. Algo apuntaba el dato de paro registrado de diciembre, la caída de desempleados no tenía ninguna correspondencia con la afiliación. Un dato y otro no tienen por qué tener una evolución paralela, aunque esta vez la discordancia era excesiva. Faltaba la confimación del INE que llegó ayer. La población activa bajó en 176.300 personas entre octubre y diciembre, la mayor caída en un trimestre de la última década. Quedó en 22,922 millones.

Hay otros datos que muestran la extenuación social y laboral a la que está llegando la sociedad española. Varios apuntalan y explican la caída de la población activa. Por ejemplo, el aumento de jubilados y prejubilados (17.400 en el cuarto trimestre), gente que en los últimos años de su vida laboral ante la escasas posibilidades de encontrar un empleo optan por el retiro, o el regreso de muchos estudiantes a las aulas tras el final de verano (más de 200.000). Pero hay datos mucho más significativos y novedosos que afectan sobre todo a los colectivos que más sufren el hundimiento laboral: los jóvenes (55% de paro) y los inmigrantes (36,5%).

La población activa bajó en 176.300 personas entre octubre y diciembre, la mayor caída de la última década. Quedó en 22,922 millones

La encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2012 ha mostrado que España pierde población entre estos dos colectivos. En tres meses salieron a otros países 125.500 personas entre 20 y 35 años —unos a buscar trabajo, otros a seguir formándose ante la falta de alternativas laborales. En el mismo periodo, 87.000 extranjeros, probablemente inmigrantes sin empleo, ha vuelto a migrar. De estos dos datos, hay que tener en cuenta una salvedad: no pueden sumarse ya que hay casos que pueden solaparse.

Pero entre los parados son una abrumadura mayoría quienes no pueden buscar salidas en el extranjero y no encuentran empleo. Muchos de ellos son parados de larga duración, 3,5 millones. Este dato tiene una doble consecuencia negativa. Por un lado, cuanto más tiempo pasa un desempleado sin trabajo, más difícil tiene salir de esta situación. Por otro, conforme pasan los meses consume su derecho de prestación y subsidio contra el paro y corre un riesgo mayor de perder esta protección. De hecho, en este momento 1,9 millones de los parados que integran este colectivo lleva más de dos años en esta situación, por lo que están entre los que ya no tienen derecho a percibir una prestación contributiva (la parte del seguro de desempleo más cuantiosa), un colectivo que incluye a muchos otros parados.

Esta letanía de datos —y secuelas socioeconómicas— acabaron ayer por imponerse a las dudas que tenía el Gobierno para prorrogar el plan Prepara por el coste que tiene. Rajoy anunció ayer en Lima que hoy el Consejo de Ministros lo volverá a prorrogar. No se quedó aquí, afirmó que la ayuda mensual de 400 euros a los parados a los que se les acaba la prestación se renovará automáticamente, como reclamaba en los últimos días el PSOE, mientras el paro supere el 20%. Y tampoco se cambiarán las condiciones para limitar el acceso, como pasó en la última renovación de agosto, según fuentes del Gobierno. “Creo que 2013 será mejor que 2012, pero los datos de la EPA no son buenos. Vamos a seguir esforzándonos para darle la vuelta a esta situación. El momento es duro, pero creo que es el más duro de todos”, señaló Rajoy, que anunció que el Gobierno también aprobará hoy otras reformas, como la ley de Unidad de Mercado.

“Creo que 2013 será mejor que 2012, pero los datos de la EPA no son buenos», admitió Rajoy

No acaban las heridas socioeconómicas de los cinco años y medio de bajada laboral. Hay otras: el trimestre pasado aumentó en 14.800 los trabajadores independientes o empresarios sin autónomos. A primera vista, esto puede parecer una buena noticia, pero la verdad es que esta suele ser la alternativa de quien no tiene más salida que buscarse la vida por su cuenta por la necesidad y la falta de empleo, ya que tampoco tienen la obligación de darse de alta como autónomos en la Seguridad Social si sus ingresos mensuales no superan el salario mínimo interprofesional (752,85 euros al mes contando pagas extras).

Cierra este triste capítulo el aumento de hogares en los que ningún miembro activo tiene empleo, 95.800 más, hasta los 1,8 millones, por primera vez más del 10% del total.

“Es imprescindible aumentar los niveles de protección social especialmente para las personas en situación de desempleo que carecen de cualquier tipo de cobertura económica”, declaró ayer el secretario general de CC OO, atendiendo a estas heridas. En la misma línea apuntó Cándido Méndez, líder de UGT, tras criticar con dureza la reforma laboral: “La reforma laboral no ha hecho más que agravar el problema. Es una máquina de destruir empleo”. En la dirección opuesta se movió Juan Rosell, presidente de CEOE. “Es preciso seguir apostando por medidas de flexibilidad laboral para que se pueda volver a generar empleo lo antes posible cuando se inicie la recuperación”.

Conclusión: Personalmente, creo que en España la situación cada vez es más grave y que los que marcan estas políticas o métodos son la mafia. Seis millones de parados es mucha gente que no esta cotizando ni aportando y eso es lo que hace empeorar este país.

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Las cinco claves que deben tener en cuenta los nuevos accionistas de Bankia.

Para muchos afectados su idea de ahorro no era tener este tipo de deuda híbrida y cuanto menos pasar a invertir en bolsa, por lo tanto toda ayuda es poca para tomar una decisión de venta o bien de mantener estas nuevas acciones. ¿Qué factores deberían analizar estos nuevos accionistas para poder decidir? 1- Valor Fundamental: La valoración por parte del FROB para calcular el canje es de 1,35 euros por acción. Si esta valoración fuera correcta, estaríamos hablando de un potencial de revalorización del 125% respecto al cierre del día 27 (realmente sería recuperar el valor inicial de estas nuevas acciones). Aún así, muchos analistas, están emitiendo recomendaciones de venta y situando sus valores objetivos muy cercanos a los precios actuales e incluso inferiores. Una idea al respecto nos la han dado estos días las masivas órdenes de venta por parte de inversores institucionales previa a la admisión a negociación de las nuevas acciones; algo que, dicho sea de paso, está investigando la CNMV. 2- Análisis Técnico: Sin duda esta acción está en una tendencia bajista clara, habiendo perforado todos los soportes anteriores y ya se encuentra en mínimos históricos (que serían mucho peores si se tuviera en cuenta el desplome de los derechos fruto de la ampliación), por lo tanto hasta que no se cree otro soporte es difícil calcular cuánto más puede bajar. 3- Coste de Oportunidad: No hay que olvidar analizar las alternativas que hay en los mercados, que nos pueden hacer tener más rentabilidad que con las acciones de Bankia; ya sea por valoración fundamental o por tendencia técnica. 4- Perfil del Inversor: Cada persona sabe qué riesgo puede asumir (el que le deje dormir por las noches) y tiene que valorar si un patrimonio que quería invertir en productos con poco riesgo, lo quiere tener ahora en acciones de bolsa, además de una empresa con riesgos adicionales particulares del sector bancario español; o bien volver a tenerlo invertido en productos de poco riesgo, eso sí, con la lección aprendida para no volver a encontrarse en una situación como esta. 5- Fiscalidad: Es el factor que trataremos con más profundidad ya que el tema lo merece: A los antiguos tenedores de deuda híbrida (subordinada y preferente) les han efectuado un canje de estos títulos por acciones; pues bien esta operación ya obliga a tributar, y al ser emisiones de deuda, y tal como nos dice el artículo 25.2..b de la Ley sobre el IRPF, lo hacen como «rendimientos del capital mobiliario» entre el precio de adquisición y el del canje en acciones. Estamos hablando de pérdidas de entre un 15% para deuda subordinada y un 37,32% para preferentistas que ya se deben declarar y que solo se pueden compensar con otros «rendimientos del capital mobiliario» durante éste y cuatro ejercicios más. Aquí reside otro gran problema: las acciones que les han dado tributan como «ganancias patrimoniales», siendo ésta una partida fiscalmente no compensable con los rendimientos de capital mobiliario negativo. Para que un ex-tenedor de preferentes no pierda dinero (sin contar cupones que haya cobrado) el precio de la acción de Bankia se debería situar entorno a los 2,15 euros, es decir, casi un 60% desde el precio canje (1,35 euros), pero un 258% desde el precio del cierre del día 27; y para los ex-tenedores de subordinadas el precio sería 1,59 euros, lo que en este caso supone una subida del 18% desde el precio de canje y de un 165% desde el cierre del día 27. Está claro que aunque se produzcan estas grandes subidas, económicamente no supone beneficio alguno, pero, como hemos visto, para Hacienda sí; y tendrían que pagar entre un 21% y un 27% (si las tarifas actuales se mantienen vigentes) de toda la venta de acciones que sobrepasen los 1,35 euros. Si además esta venta se ha hecho antes del 28 de mayo de 2014 (es decir 1 año natural) se sumará a la base imponible de la persona junto a los rendimientos del trabajo y/o ganancias de actividades económicas, pudiendo llegar a tributar un 54% como máximo. La única solución para evitar pagar más impuestos que los que realmente sean justos, sería un plan estratégico a largo plazo dividido en 3 fases: 1- Si se confía en el potencial de la acción, se puede esperar a vender a que valga 1,35 euros; o si no se confía vender inmediatamente para, mediante una estrategia de inversión en renta variable recuperar lo perdido con la venta (en ningún caso generaría ganancia patrimonial). 2- Después, y mientras no hayan pasado cuatro años desde el canje, se puede invertir el resultante en algún producto que genere rendimientos del capital (intereses de depósitos, emisiones de deuda, dividendos de acciones), hasta que pase el periodo en que se puedan compensar las pérdidas y hacerlo todo lo que sea posible. 3- Una vez pasado este tiempo, se puede intentar recuperar todo lo que falte mediante una nueva estrategia de inversión en renta variable que incluso podría ser en acciones de Bankia, ya que es posible que tras cuatro años nos encontremos ante una empresa saneada y con beneficios recurrentes, con una tendencia bursátil positiva. Realmente nadie sabe qué van a hacer las acciones de Bankia, pero hay que intentar tomar decisiones coherentes, hacer un plan con paciencia que permita recuperar todo lo posible, y al menos evitar salir perjudicados también fiscalmente. Y buscar todas las posibilidades legales para defender nuestros derechos, si consideramos que han sido vulnerados.

Luis García Langa

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