Rebelión, España ya está intervenida

El rescate de Bankia desvanece el espejismo de la soberanía.

El autor, integrante del Observatorio Metropolitano, explica el rescate “por goteo” de la economía española planteado por la Unión Europea ante la imposibilidad de un rescate “a la griega” para España.

- 4.465 millones públicos, convertidos en acciones

En los últimos días, con la prima riesgo y Bankia convertida en la mayor quiebra financiera de la historia de España, va tomando cuerpo la idea de que España ya está intervenida. Eso sí, se sigue buscando mediante prueba y error, una fórmula forzosamente diferente a la de Grecia, de rescate para grandes economías. Desde un punto de vista formal, se puede considerar que el aparato administrativo necesario para la intervención ya estaba puesto en marcha desde el pasado verano cuando, a instancias de Alemania, se dispuso un procedimiento de tutela efectiva de las cuentas públicas de los Estados nacionales por parte de la UE. Hay que recordar que los problemas que generaría un rescate a la griega, el principal de ellos reunir una suma de dinero que estaría cercana —si se guardan las proporciones— a los cinco billones de euros, para las economías de España e Italia ya fueron fueron discutidos en el mes de junio de 2011.

Pero, ahora lo que entonces se intuía ha estallado: el centro de los mecanismos de acumulación financiera a los que llamamos “crisis del euro” se ha trasladado a España forzando la quiebra de Bankia, disparando la prima de riesgo, generando enormes yacimientos de beneficios financieros y multiplicando exponencialmente la carga de deuda pública. Como viene sucediendo en estos casos, los objetivos de la UE consisten en garantizar rendimientos financieros y dar prioridad absoluta al pago de la deuda pero sin forzar una situación de impago “desde abajo” que escape a su control y desate la crisis bancaria a nivel europeo que se lleva intentando aplazar desde el comienzo de la crisis. En esta situación, la pregunta “¿Cómo se instrumenta un rescate escalonado? se ha convertido en un rompecabezas para el modelo de gobernanza de la crisis del Euro impuesto por Alemania.

 

Repasemos:

1) Mecanismos de rescate:

El Estado español ha intentado inyectar títulos de deuda pública en Bankia en lugar de liquidez. Esta operación es una variante de las operaciones de REPO (o cesiones temporales de activos) que ha realizado el BCE. Por un lado, esto evitaba los costes de financiación altísimos de los mercados de deuda. Y por otro, abría la puerta a que el BCE inyectase liquidez en Bankia mediante la recompra de estos títulos de deuda o su utilización como garantía. Con esta fórmula, además, se le perdonaba a España que esta operación computase como déficit. La “negativa”, todavía por verificar, del BCE a este plan de rescate encubierto, bien podría estar más relacionada con su excesiva visibilidad y la repercusión que ha tenido sobre las bolsas que con un cierre en banda a cualquier formula que permita los mini-rescates a España. En todo caso, parece muy posible este procedimiento quede aparcado temporalmente. Mientras se escenifica el juego de la tensión entre España y el BCE, necesario para salvar los perfiles políticos de unos y otros, la Comisión ya ha trasladado el terreno de juego a otro lugar. Desde el principio de la crisis española, el mandato que ha tenido el BCE ha sido disciplinario: no realizar ninguna operación de alivio de los picos de la deuda hasta que no haya contrapartidas claras.

2) Contrapartidas del rescate:

En los próximos días vamos a ver como el peso político se desplaza desde los mecanismos del rescate hacia las políticas de recorte y privatización. El domingo, justo después de filtrar la fórmula de la inyección de deuda pública el gobierno puso inmediatamente encima de la mesa un plan de privatizaciones por 30.000 millones de Euros. Estas privatizaciones (AENA, Loterías, RENFE..) eran en realidad un reciclaje de planes anteriores. Claramente, Bruselas ha considerado que estos planes eran insuficientes, en un contexto en el que el déficit público ya es el 70% del objetivo anual, y ha dejado claras cuáles tienen que ser las siguientes operaciones políticas que tiene que asumir el gobierno español: recortes en pensiones y seguro de paro con subida de IVA. Una vez puestas en marcha estas líneas de desposesión, la UE se ha mostrado favorable a relajar los objetivos de déficit para España y, muy posiblemente, dispondrá cuáles son los métodos por los que inyectará dinero en Bankia o, al menos, permitirá a España hacerlo sin que el déficit se multiplique por tres.

Repetimos, la hipótesis fuerte aquí es que no va a haber ’un’ sólo rescate, como en Grecia, sino un goteo de decisiones políticas que van dosificando las contrapartidas de la intervención con una intensidad creciente. Mientras los mecanismos de rescate van a operar mediante acciones parciales y poco visibles en lugar de la gran suma puesta encima de la mesa que en un sólo movimiento abre las economías rescatadas a los intereses privados dominantes. Por supuesto, es muy posible que la prima de riesgo siga disparándose, que caiga el gobierno y que vengan unos tipos de la troika a hacerse fotos, esto, políticamente, sería una buena noticia porque acabaría con las ilusiones de soberanía nacional que quedan en pie, pero, es muy posible que las grandes líneas de este rescate “por goteo” no cambien demasiado.

 

Fuente: Diagonal Periodico

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6 razones por las que España debería ser el primer país en salir del euro

SEGÚN EL ANALISTA MATTHEW LYNN

España ha desplazado a Grecia como el foco central de la crisis de deuda en la eurozona en los últimos días. Tras el rescate de Bankia, las dudas sobre cómo afrontará la recapitalización del sector bancario han agudizado la presión la prima de riesgo, que ha marcado máximos históricos por encima de los 540 puntos. El fantasma del rescate vuelve a estar al acecho.

Más allá de un posible rescate de la economía española, hay quien piensa que es más probable que España se la primera economía interesada en salir del euro. Es el caso Matthew Lynn, analista de la firma británica Strategy Economics, quien afirma que “hay pocas buenas razones para que permanezca en el euro” y añade que ve “pocas señales de que tenga voluntad para soportar los sacrificios que exige estar en la moneda única”.

No obstante, Lynn cree que salir de la moneda europea podría suponer para España más una tabla de salvación que un evento traumático para su economía. El economista afirma en la web financiera MarketWatch que España no aguantará lo que Grecia, Portugal o Irlanda y apunta seis razones por las que será el primer país en abandonar la moneda única.

– Demasiado grande para caer. Lynn asegura que, al contrario que Grecia, “si la economía española colapsa, no podrá ser rescatada y tendrá que hacer un duro trabajo por sí misma”.

– Hartazgo de los ciudadanos con la austeridad. El economista subraya que los españoles ya están cansado de la austeridad, como han demostrado las protestas sociales desde el año pasado. “Apenas había empezado la austeridad y ya había una fuerte oposición”, anota Lynn e indica que “el país se enfrenta a muchos años difíciles en el euro y no está preparado para eso”.

– Tiene una economía real. Uno de los aspectos positivos que pueden estimular a nuestro país a dejar la eurozona es que tiene unas bases económicas sólidas, según Lynn. El experto agrega que “España es una economía de éxito con una base industrial perfectamente respetable”, al contrario que Grecia, de la que afirma que “es entendible que estén nerviosos ante una salida del euro porque ellos realmente no fabrican nada”. Además, señala que “no hay razón para que España esté asustada respecto a un futuro poco próspero fuera del euro” ya que tiene “un montón de industrias exportadoras exitosas”.

– Políticamente segura. Lynn compara las motivaciones políticas de España con la de otros socios europeos y extrae la conclusión de que nuestro país no tiene los intereses políticos de Alemania, Francia e incluso los dos países rescatados Grecia o Irlanda para permanecer en el euro. “Puede pensar si seguir o no en el euro y en la UE dependiendo de si funciona o no. Y está claro que ahora no está funcionando”, sentencia.

– Tiene horizontes mayores.La quinta razón del razonamiento de Lynn es que aunque la economía española es parte de Europa “se parece mucho más a las economías de habla hispana latinoamericanas” e indica que podría dirigir su futuro hacia estos mercados. “Al igual que el Reino Unido, las empresas españolas siempre han mirado más al mercado global que al europeo. ¿Por qué atarse a un proyecto fallido cuando hay oportunidades mucho más grandes ahí fuera?”, señala.

– El debate ha empezado. El analista económico finaliza asegurando que “el tabú se ha roto” y que “ya hay un debate serio” sobre el futuro de España en el euro. Añade que “hay un montón de economistas y expertos que sostienen que el verdadero problema español es el euro y que sólo habrá recuperación una vez haya vuelto a la peseta”.

 

Fuente: Diario Expansión

BlackRock y Oliver Wyman tasarán los créditos inmobiliarios de la banca

El Gobierno pretende dar credibilidad a los esfuerzos de Madrid para disipar el miedo de los inversores al alcance de las pérdidas bancarias por el ladrillo.

El Gobierno español anunciará hoy la designación de BlackRock y Oliver Wyman como tasadores independientes de los préstamos inmobiliarios responsables de la crisis bancaria que sufre el país.

El movimiento, diseñado para dar credibilidad a los esfuerzos de Madrid para disipar el miedo de los inversores por el alcance de las pérdidas potenciales sobre los créditos, se suma a una reforma bancaria, anunciada la semana pasada, que nacionalizó parcialmente a Bankia y que obligará al sector bancario a provisionar al menos otros 30.000 millones de euros.

La noticia coincide con el viaje ayer a Londres de Luis de Guindos, el ministro de Economía español, para reunirse con inversores institucionales con antelación a una subasta hoy de hasta 2.500 millones de euros de deuda del Estado a medio plazo.

Se pedirá a BlackRock y a Oliver Wyman, que llevarán a cabo una evaluación independiente de los bancos, que dividan el proceso en dos fases, según fuentes informadas sobre el plan. En el plazo de un mes, tendrán que presentar un cálculo exhaustivo de la diferencia entre el valor en libros de los activos inmobiliarios, su valor actual ajustado al mercado, y su valor bajo un escenario de mayor estrés.

Un segundo ejercicio de tres meses, que comenzará en el plazo de 30 días, implicará un examen banco por banco de todos los activos del ladrillo que debería ofrecer una perspectiva más exigente sobre el sector.

Banco de España

El nombramiento de asesores externos, que contarán con la ayuda de personal del Banco de España, sigue a movimientos similares en Irlanda y Grecia. Llega tras las críticas de los políticos al papel del banco central como supervisor financiero del país por su gestión de Bankia.

Autoridades españolas han señalado que en los últimos meses, Guindos ha tomado las riendas de la reforma financiera dejando al margen al Banco de España, cuyo gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez, abandonará el cargo este año. Fernández Ordóñez fue nombrado por el anterior Gobierno socialista de España, y es miembro del Partido Socialista, que ha sido atacado con frecuencia por el Partido Popular por su actuación durante la crisis.

El Banco de España ya contactó con BlackRock y Oliver Wyman en abril sobre la creación de un `banco malò´ para las entidades de crédito españolas, según fuentes con conocimiento de las conversaciones.

Como parte del proceso del provisionamiento anunciado la semana pasada, cada banco estará obligado a crear un banco malo en el que colocar activos inmobiliarios físicos con valoraciones ajustadas al mercado, en anticipación a las posibles ventas a inversores externos.

Algunas autoridades gubernamentales han expresado su preocupación por el posible conflicto de intereses en una institución, como BlackRock, que también es un comprador potencial de activos bancarios. BlackRock ha puesto enfasis en la separación entre las dos ramas de su negocio.

Fuente: Diario Expansión

Josep Piqué: “Sin asumir riesgos no hay progreso”

Él ex ministro y hasta portavoz del Gobierno, desde donde vivió muchas crisis, cree que la actual es la más difícil de las que le ha tocado sortear, por eso no se atreve a dar ningún consejo a los que ahora ocupan cargos de responsabilidad en el Gobierno.

Josep Piqué no necesita presentaciones. De la política a la empresa, este apasionado de la historia y la geografía tiene mucho mundo. Piqué ha probado los sinsabores de la política cuando le tocó hacer oposición –”mi etapa menos creativa”, afirma–, pero también ha disfrutado y aprendido de ella hasta llegar a reconocer que él no sería quien hoy en día es sin ella –”aprendí cosas que no me había planteado”, reconoce–.

Él que ha sido ministro y hasta portavoz del Gobierno, desde donde vivió muchas crisis, cree que la actual es la más difícil de las que le ha tocado sortear, por eso no se atreve a dar ningún consejo a los que ahora ocupan cargos de responsabilidad en el Gobierno. “La situación actual es tan complicada… Nunca he vivido nada igual. No valen los analgésicos ni las soluciones a medias. Los problemas hay que abordarlos cuanto antes y en su totalidad. Ahora hay que acelerar las dinámicas”.

Piqué cree que la mayor dificultad radica en que “Europa está en una profunda crisis y no es sólo económica. Es institucional y psicológica. Los europeos hemos hecho un gran esfuerzo por construir Europa y ahora nos sentimos frustrados. Europa está perdiendo peso relativo y hace que nos preguntemos para qué ha valido tanto esfuerzo”. Los europeos, según su propia experiencia, “debemos darnos cuenta de la necesidad de ceder soberanía. No hay Unión Europea, sin unidad económica y no hay unidad económica sin proyecto político. Si eso se hace, Europa puede volver a ser una potencia. De esto España puede dar muy buen ejemplo. Se trata de ceder para después recibir”.

Y diagnostica el problema de España: “Uno de los principales problemas que tenemos es que existe una cierta falta de ambición por la dimensión. Sin dimensión se hace muy difícil la internacionalización. Dimensión suele ir asociada a pérdida de poder. Cuando fusionas una empresa o sales a bolsa alguien sufre, cuando una empresa familiar quiere ser grande hay una pérdida de poder del padre de familia. En España falta dimensión y nos vendrían muy bien mayores dosis de ambición. Sin asumir riesgos no hay progreso. De los fracasos también se aprende“. Él mismo ha tenido algún fracaso y ha aprendido “a no caer en el desánimo, a seguir luchando y a mantener la curiosidad intelectual”.

Piqué vive ahora mucho “más tranquilo”. Desde la presidencia no ejecutiva de Vueling, una compañía que vuela alto en un sector en una crisis casi permanente. Cree que ahora más que nunca hay que ser “competitivos, rigurosos y austeros, preguntarse todos los días qué podemos hacer para ser mejor. Es lo que hace Vueling y ahí radica su éxito”.

Las tres fases del liderazgo


COMUNICACIÓN


Piqué no cree en un modelo único de liderazgo. “Depende de las circunstancias”. De su etapa como político destaca: la comunicación. “Es esencial saber explicar las cosas de puertas adentro y de puertas afuera. La responsabilidad de las decisiones está muy individualizada, estás en el foco y debes ser consciente de todo ello”.

NEGOCIACIÓN


En su etapa como presidente ejecutivo y consejero delegado de Ercros, Josep Piqué destaca que aprendió muchas cosas. “Fue una época dura, donde aprendí, sobre todo, a sufrir”. Desde el punto de vista de su liderazgo y de su labor dentro de la empresa, fue una época que le exigió “un enorme esfuerzo de negociación”.

ESTRATEGIA


Ahora ya no baja “a la mina” porque no tiene responsabilidades ejecutivas, pero está “en el Estado Mayor”. Debe tener “una visión estratégica y con mucha coherencia”. Además, debe ganarse “la autoridad moral de los que trabajan en la empresa y que los ejecutivos entiendan que todos forman parte de una estrategia global”.

España se juega 45.000 millones de euros con la unidad de mercado

Un informe de CEOE denuncia que la multitud de leyes y normas creadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos “desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial”. La patronal denuncia más de 80 casos en los que las distintas regulaciones son “contradictorias entre sí” e incluso “más exigentes” que la normativa nacional. El Gobierno ultima una ley para acabar con estas distorsiones.

no de los principales efectos del Estado autonómico en la economía es la proliferación de distintas leyes que afectan a los más diversos sectores. A la legislación del Gobierno central se ha añadido en los últimos años una catarata de normas y ordenanzas creadas por las comunidades y los ayuntamientos. Esta intrincada maraña legislativa implica, por ejemplo, que una misma empresa deba superar multitud de trámites muy diferentes entre sí, con el coste que ello conlleva. Según un informe de CEOE, esta dispersión “desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial” y cuesta 45.000 millones de euros a España.

La patronal ha elaborado un estudio sobre los problemas de no contar con una unidad de mercado. Para afianzar su tesis, ha recopilado 84 ejemplos de varios sectores que padecen esta “obesidad normativa”: alimentación y bebidas, automóvil, construcción, farmacéutico, telecomunicaciones, juego, transporte, comercio, etcétera.

El documento de CEOE denuncia que “las distorsiones de la unidad de mercado (…) dificultan de manera injustificada la actividad económica hasta tal punto que, en muchos casos, condicionan seriamente su normal ejercicio”. Este perjuicio se atribuye a tres factores. En primer lugar, la existencia de una “pluralidad de legisladores, con competencias no siempre claramente definidas, que ha dado lugar a una hiperinflación normativa (…) a escala autonómica y local que, o bien es divergente o contradictoria entre sí, o bien es más exigente que la norma nacional”.

En segundo lugar, la “deficiente calidad regulatoria” de las administraciones públicas, lo cual “ha provocado que las normas se aprueben sin respetar las alternativas más eficaces (buenas) y eficientes (al menor coste) para sus destinatarios”. Y, por último, la “prácticamente nula disposición de las administraciones públicas por someterse a una disciplina que limite en sus normas daños y costes para las empresas”.

La patronal aboga por aplicar en España las conclusiones del llamado Informe Cecchini. Con este nombre se conoce el estudio oficialmente denominado El coste de la no-Europa, elaborado en 1988 por el experto en el mercado comunitario Paolo Cecchini, y que explicaba el coste de una economía fragmentada en distintos Estados.

Ganancia
El informe concluía que, de saber aprovechar plenamente las ventajas derivadas del ahorro de costes y la generación de beneficios que supondría un mercado integrado y unido, la UE vería incrementado su PIB en un 4,5%. CEOE opina que, “si mediante un ejercicio de ensayo, puramente hipotético –pero doctrinalmente aceptable tomando las debidas cautelas– extrapoláramos los resultados del Informe Cecchini a nuestro mercado interior español, estimamos un crecimiento potencial de nuestra economía del entorno a los 45.000 millones de euros”.

La patronal española mueve sus hilos para que se apruebe una Ley de Garantía de Unidad de Mercado “que establezca principios rectores para asegurar la libre circulación de bienes, prestación de servicios y factores de producción en toda España”. Según las fuentes consultadas por EXPANSIÓN, el propio secretario general de CEOE, José María Lacasa, es uno de los principales artífices de esta campaña. Y parece que tiene la suerte de su lado, ya que el Ejecutivo ha anunciado en numerosas ocasiones su intención de redactar una norma ad hoc.

Ayer mismo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hizo varias alusiones a la voluntad gubernamental de ahormar las distorsiones existentes. De hecho, el Programa Nacional de Reformas avanza que “cualquier producto o servicio legalmente producido en una comunidad autónoma podrá ser ofrecido en todo el territorio sin necesidad de trámite adicional”.

Además, estos cambios podrían tener cabida en un nuevo modelo de Estado más eficiente: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió anteayer que se “repensase la estructura de los poderes públicos”. Alfredo Pérez Rubalcaba aceptó estudiar la eficacia de las autonomías para ver “si lo podemos hacer mejor y más barato”.

El papel de FAES
La remodelación hacia una mayor unidad de mercado, en concreto, está siendo escrupulosamente coordinada por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Precisamente ha sido la fundación FAES, que García-Legaz dirigía como secretario general hasta que embarcó en el Gobierno de Rajoy, la que el pasado marzo publicó un estudio titulado La unidad de mercado: un imperativo para recuperar competitividad. Su filosofía e incluso su redacción es muy similar a la que desprende el informe de CEOE. Es más, su autor es Pedro María Salafranca, jefe del Área del Sector Primario, Distribución y Consumo de la patronal. Fuentes cercanas a la gestación de ambos documentos aseguran a este diario que el Ministerio de Economía se nutrirá de ellos en el articulado de la nueva legislación.

En concreto, FAES pide la creación de una Comisión Interministerial-Empresarial y otra Interterritorial-Empresarial de Unidad de Mercado. El objetivo de la primera sería “asegurar la coherencia normativa entre los distintos ministerios”, mientras que la segunda intentaría mantener “la coherencia en los ámbitos autonómico y municipal”.

La fundación también exige mejorar la transposición de directivas europeas. El caso fallido más reciente es el de la Directiva Bolkestein sobre liberalización de servicios, ya que las comunidades han optado por escudarse en ambiguos “criterios económicos” para deliberadamente no desarrollar todo su potencial.

Los principales sectores afectados por la disgregación legislativa

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: Una misma botella de vino con diferentes etiquetas
El etiquetado de bebidas alcohólicas, así como las sanciones por su incumplimiento, está sometido a distintos criterios según la comunidad autónoma. En el mercado hay productos similares etiquetados de forma diferente.

Una misma botella de vino, por ejemplo, soporta diferentes limitaciones o prohibiciones sobre los lugares y horarios en los que puede consumirse. También varía el marco legal para los horarios y ubicación física de su publicidad y promoción. Según CEOE, “esto dificulta enormemente el diseño de campañas a nivel nacional ya que hay que realizar estudios caso a caso, con el consecuente incremento de costes”.

Los proveedores de alimentos y bebidas de los comedores escolares deben atender a regulaciones autonómicas dispares respecto a criterios nutricionales.

AUTOMÓVIL Y TRANSPORTE: ¿Lleva mercancías peligrosas? Pues use distintas rutas
Existen tres normativas distintas (una elaborada por la Administración central y dos por los gobiernos de Cataluña y País Vasco) para la definición de itinerarios que deben utilizar los vehículos que transportan mercancían peligrosas. Así, un mismo camión que transporte este material y que circule por ambas comunidades y el resto de España debe ceñirse a distintos horarios de circulación.

Las regiones aplican distintas restricciones al tráfico. Según CEOE, “esto no permite la fluidez del transporte de mercancías, creando problemas de eficiencia por la dificultad para coordinar los tráficos en determinadas fechas”.

En Cataluña se exige traducir al catalán toda la documentación comercial (catálogos y manuales de instrucciones) de todos los vehículos allí vendidos.

FARMACÉUTICO: ‘Soy de Gerona y mi tarjeta de Sanidad no funciona en Cáceres’
Cuatro comunidades (Andalucía, Cataluña, Extremadura y Galicia) aplican sus respectivas legislaciones respecto a un mismo sistema de recetas electrónicas de medicamentos. Esto pone trabas a la estandarización de un sistema de archivo en caso de movilidad geográfica de los pacientes.

La fijación de ocho normas autonómicas para un mismo sistema de identificación de usuarios del Sistema Sanitario “dificulta el acceso a la prestación sanitaria” debido a “problemas técnicos en la lectura de la tarjeta de una comunidad a otra en caso de desplazamiento del ciudadano”.

Hasta nueve regiones (Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana) disponen de un modelo de contrato propio para realizar ensayos clínicos e investigar medicamentos.

COMERCIO: Un cartel de ‘Prohibido fumar’ con texto y tamaño obligatorios
El informe denuncia la “disparidad injustificada en las distintas normas autonómicas reguladoras de los carteles que identifican la prohibición de fumar en los establecimientos públicos”. En concreto, cada una de estas leyes especifica características diferentes para los carteles (texto y tamaño), “lo que impide estandarizar la cartelería a las empresas que operan en más de un territorio”.

Andalucía, Cataluña y Extremadura cobran tasas por realizar inspecciones sanitarias, tanto rutinarias como extraordinarias, “que normalmente no responden a una contraprestación por el servicio prestado por la Administración”.

Desde la aplicación de la Directiva Bolkestein de Servicios, cada región se escuda en “criterios económicos” para conceder o no licencias de apertura de establecimientos comerciales.

FINANZAS Y SEGUROS: Baleares no regala vajilla cuando abres una cuenta corriente
La Ley 11/2001 de Islas Baleares prohíbe que bancos y cajas hagan promoción de bienes a la hora de ofrecer productos financieros, como por ejemplo la simple apertura de una cuenta corriente. Esta prohibición “ha obligado a algunas entidades a crear productos exclusivos para Baleares, lo que supone diseñar estrategias comerciales y de marketing diferenciadas”.

Cada banco debe adaptar a la ley regional las obligacionesde transparencia e información a los consumidores. Esta heterogeneidad “puede crear incertidumbre tanto en la propia entidad (que debe comprobar en cada momento elgrado de cumplimiento de cada norma) como en el cliente”.

Existen más de 300 normas emanadas del Estado,las comunidades y los ayuntamientos que establecen diferentes seguros obligatorios para diversas profesiones.

ELECTRICIDAD: Listones muy exigentes para la calidad del suministro eléctrico
Las autonomías establecen niveles más exigentes que la ley estatal para establecer los niveles de calidad mínimos en el suministro eléctrico. Esta contradicción “produce un perjuicio económico para las empresas eléctricas que operan en dichas comunidades, por el no reconocimiento de los mayores costes que para esas compañías implica el suministro”.

A la hora de construir instalaciones, las empresas necesitan contar con la aprobación de multitud de organismos en función de su competencia (estatal, autonómica o municipal) sobre el tipo de construcción: costas, puertos, ríos, carreteras, etcétera. Esto retrasa los procesos: por ejemplo, el plazo medio de una autorización de una línea de alta tensión es de 200 días. El sector eléctrico reclama que comunidades y municipios se coordinen para simplificar la gestión de sus respectivas competencias y evitar la duplicidad de informes.

Fuente: Expansión

YPF: arbitrariedad y mala fe

La apropiación del 51% de la empresa petrolera tendrá altos costos en términos económicos y de seguridad jurídica.

La experiencia de Repsol en YPF no fue el ejemplo más edificante de inversión extranjera en el país. Los ejecutivos de esa compañía española se allanaron a las presiones del Gobierno para incorporar un socio local. Entre los muchos posibles, eligieron a la familia Eskenazi, que carecía de antecedentes en el negocio energético. Para justificar esa selección, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, apeló a un eufemismo poco feliz, llamando al nuevo accionista “experto en mercados regulados”. En esa decisión está inscripta una de las claves del error: la empresa privilegió la capacidad de influir sobre el Estado más allá de cualquier otra consideración.

La proyectada apropiación del 51% del patrimonio de YPF es en parte consecuencia del fracaso de ese experimento. Tal vez algunos accionistas de Repsol se estén preguntando por qué motivo la compañía cedió el 25% de su filial argentina con facilidades inéditas y con pésimos resultados.

Sin perjuicio de lo expresado, ninguna de estas deformaciones justifica el despojo del que es víctima Repsol. En primer lugar, porque el Gobierno dispuso la intervención de la empresa aun antes de que se sancionara la llamada ley de soberanía hidrocarburífera, forzando al retiro de los directores de YPF de la propia sede de la compañía.

En segundo término, porque la Presidenta, que se declaró respetuosa del derecho, dispuso la apropiación del 51% de la compañía sin cumplir con lo que prescribe su estatuto: que para adquirir más del 15% de las acciones es obligatorio realizar una oferta pública por todas ellas.

Le asiste la razón a Repsol cuando sostiene que la determinación oficial es arbitraria y discriminatoria, ya que recae en el paquete mayoritario de un único accionista. Debería haberse expropiado todo el paquete accionario o, en caso de expropiación parcial, la proporcionalidad debió haber sido la regla. Los contribuyentes argentinos debemos prepararnos para, tarde o temprano, pagar carísimo la transgresión a esa cláusula, a la ley, a los tratados bilaterales de protección de inversiones firmados con España y a la propia Constitución.

El Gobierno piensa evitar las sanciones declarando a la empresa “de interés nacional”. Se trata de otra arbitrariedad y tiene razón Repsol cuando dice haber sido discriminada. De igual manera obró el Gobierno cuando sancionó la ley sobre Papel Prensa. En todo caso, ese interés puede estar en una actividad, no en una empresa específica.

El avance sobre YPF estuvo guiado, además, por la mala fe. Desde el propio Estado se llevó adelante un ataque sistemático contra la empresa para que disminuyera el precio del patrimonio que ese mismo Estado planeaba comprar. La Comisión Nacional de Valores no hizo el menor gesto para cumplir con su deber y evitar esa degradación. Este abordaje, muy parecido a un asalto, es otra demostración de menosprecio por la empresa petrolera que tal vez anticipe otras depredaciones.

Los gobernadores de provincias poseedoras de hidrocarburos fueron cómplices de estos atropellos, al obedecer las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo para anular concesiones de áreas otorgadas a YPF. Esa resignación del poder que concede la autonomía federal se completa ahora, cuando desde la administración central se les prometen acciones de la nueva YPF estatizada, que esos mandatarios deberán sindicar a favor del Estado nacional, renunciando a cualquier monitoreo sobre la calidad en el manejo de la empresa.

En un adelanto de lo que está por venir, Cristina Kirchner puso YPF en manos de dos funcionarios que ya demostraron su incompetencia en la administración de recursos públicos. Julio De Vido no es sólo el titular del proceso que llevó al atolladero energético que hoy enfrenta la Argentina. Es también el responsable político de Enarsa, empresa del Estado que ganó fama por ser la operadora de las crecientes importaciones de combustibles a las que obliga la equivocada política energética del kirchnerismo. El presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, que tuvo un minuto de celebridad por ser pasajero y financista del lamentable viaje de Guido Antonini Wilson y su valija de 800.000 dólares, integró la legión de funcionarios que se asentaron en el edificio de Repsol mientras la Presidenta hacía sus anuncios. Espinosa todavía no puede explicar los resultados que obtuvo en la exploración de recursos petroleros en aguas profundas, actividad que el Estado delegó en su empresa en exclusividad.

El otro interventor designado en YPF, Axel Kicillof, arrastra tras de sí el penoso antecedente de su paso por Aerolíneas Argentinas como encargado de finanzas. Durante los años en que cumplió esa tarea, la empresa no fue capaz de presentar un solo balance ni la más mínima rendición de cuentas. Las ineficiencias administrativas de esa gestión quedaron disimuladas por los millonarios recursos que el Estado vuelca año tras año en esa compañía aérea. Es un financiamiento irregular que Kicillof no supo siquiera calcular por adelantado, ya que el Tesoro debió girarle alrededor del 50% más que lo que él mismo requirió en cada versión del presupuesto nacional.

Hay una dimensión de esta estatización cuyos costos todavía no han sido advertidos: la del daño ambiental. Quienes quieran preservar el entorno natural de las agresivas operaciones que pueda llevar adelante YPF se verán desalentados a llevar sus quejas a tribunales sobre los cuales el Gobierno ejerce un poder cada día más visible y escandaloso.

En síntesis, la suma de errores del Gobierno en su política energética y su apuesta al capitalismo de amigos, han terminado en una fase de máximo intervencionismo, que además de ahogar al sector privado y de desalentar la inversión, generará enormes costos al país, que se podrán medir en términos económicos como en materia de seguridad jurídica y de aislamiento internacional.

Fuente: La Nación (Edición Argentina)

Atinado plan fiscal del Gobierno de Cameron

En diversas ocasiones, el presidente español Mariano Rajoy ha elogiado la política económica del primer ministro británico David Cameron desde que éste llegó al poder, en mayo de 2010.

Ayer, dos años después del inicio de un duro ajuste fiscal que ha calmado a los mercados ante las posibles dudas sobre la solvencia de Reino Unido, Cameron y su Gobierno anunciaron un ajuste fiscal con el que quieren reactivar la economía de Reino Unido.

Los anuncios de rebajas en el tipo que grava las rentas más altas, el incremento de las exenciones a las rentas más bajas y la disminución del Impuesto de Sociedades pretenden animar el consumo y la inversión en el país, cuya economía sólo crecerá un 0,8% en 2012.

Pese al posible coste político de algunas de estas medidas, que la oposición califica de ayuda a los ricos, la disminución de la carga fiscal va en la dirección correcta. Puede servir para que grandes empresarios, ejecutivos de talento y multinacionales inviertan más en el país y ayuden a superar la etapa de austeridad y reducción de deuda.

Además, esos incentivos no van a perjudicar los planes de reducción del déficit al compensarse con más impuestos a la compraventa de residencias de lujo, un mercado que en muchas ocasiones es movido por inversores especulativos de otros países. Pero el Gobierno británico, que espera volver a crecer a un ritmo del 3% en 2015, debe saber que esas decisiones fiscales no son mágicas.

La economía todavía depende en gran medida del sector financiero y los posibles inversores en nuevos sectores pueden encontrar una grave falta de mano de obra especializada. Al menos, Cameron deja el mensaje a Rajoy de que, una vez ganada la confianza de los inversores internacionales, se puede volver a usar la política fiscal para alentar el crecimiento económico.

 

Fuente: Expansión