El Eurogrupo decide hoy si exige a España nuevos ajustes en 2014

El ministro español de Economía, Luis de Guindos (i), el ministro de Finanzas francés Pierre Moscovici (c) y su homólogo griego Yannis Stournaras (d) antes del comienzo de la reunión del Eurogrupo celebrada el 14 de noviembre.

 

Los ministros de Economía de la eurozona decidirán este viernes si exigen a España que apruebe recortes adicionales en el presupuesto de 2014, tal y como reclama la Comisión Europea. Bruselas ha avisado de que el proyecto en tramitación no garantiza el cumplimiento del objetivo de reducir el déficit al 5,8% del PIB y podría vulnerar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El ajuste adicional que pide la Comisión para el año que viene oscilaría entre el 0,1% y el 0,3% del PIB (es decir, entre 1.000 y 3.000 millones de euros), según fuentes comunitarias. El Ejecutivo comunitario no pide ninguna medida en concreto y dice que son las autoridades españolas las que deben escoger.

Pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha rechazado realizar nuevos recortes en 2014 y ha asegurado que España cumplirá el déficit con las medidas ya adoptadas. Guindos ha sugerido que espera el respaldo de sus socios del Eurogrupo frente a la Comisión.

Es la primera vez que el Eurogrupo dedica una reunión monográfica a debatir los presupuestos nacionales tras el refuerzo de la disciplina fiscal para prevenir nuevas crisis de deuda. Además de a España, el Ejecutivo comunitario pide medidas adicionales a Italia, Finlandia y Malta y reclama a Luxemburgo, todavía sin Gobierno tras las elecciones de octubre, que apruebe cuanto antes el presupuesto.

Sin embargo, la Comisión ha evitado usar expresamente sus nuevos poderes que le permiten pedir cambios en los presupuestos nacionales por considerar que ningún proyecto «incumple gravemente» las obligaciones del Pacto.

«Para 2014, el borrador de presupuesto (de España) corre el riesgo de no respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que el objetivo de déficit global podría incumplirse y tampoco se prevé que se logre la mejora estructural recomendada», señala el dictamen aprobado la semana pasada por el Ejecutivo comunitario.

«La Comisión invita por tanto a las autoridades españolas a que adopten las medidas necesarias en el curso del procedimiento presupuestario nacional para garantizar que el presupuesto de 2014 cumpla plenamente» el Pacto, dijo el vicepresidente y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn.

Según las previsiones de otoño de Bruselas, España registrará en 2014 un déficit presupuestario del 5,9%, ligeramente por encima del objetivo. Ello se debe a que la previsión de crecimiento del Ejecutivo comunitario es ligeramente inferior a la que calcula el Gobierno -0,5% frente a 0,7% del PIB- y también la de creación de empleo, lo que se traducirá en «un crecimiento de los ingresos más débil».

«Además, hay riesgos de aplicación (de las medidas), en particular por lo que se refiere a las medidas de ingresos de las regiones y al efecto de las medidas para combatir el fraude fiscal y a la seguridad social», ha subrayado Rehn.

Para 2013, el Ejecutivo comunitario considera que el Gobierno español sí ha tomado «medidas eficaces» para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit del 6,5% del PIB. No obstante, avisa de que hay «riesgos significativos» debido a la caída de ingresos y a posibles desvíos de las comunidades autónomas.

Por lo que se refiere a 2015 y 2016, Bruselas denuncia que el Gobierno «todavía no ha especificado medidas suficientes para ajustar el déficit en línea con los objetivos» fijados por la UE, que son el 4,2% y el 2,8%, respectivamente.

LOS AJUSTES APROBADOS SON SUFICIENTES

El ministro de Economía rechaza las exigencias de Bruselas y sostiene que no son necesarios nuevos ajustes para cumplir el déficit en 2014. A su juicio, el crecimiento de la economía española estará más cerca del 0,7% que calcula el Gobierno que del 0,5% que prevé la Comisión, y esta diferencia será suficiente para cubrir el desajuste presupuestario denunciado por el Ejecutivo comunitario.

«El Gobierno español está absolutamente comprometido con el objetivo del déficit público y cree que va a cumplir el 5,8% con las medidas ya adoptadas», dijo Guindos la semana pasada tras la reunión del Ecofin.

El ministro sugirió además que el Eurogrupo podría dar la razón a España frente a las peticiones de Bruselas de más recortes. «No creo que la divergencia, como espero que se manifieste el viernes próximo, sea tan importante», indicó.

«No ha habido prácticamente ningún Gobierno fuera de programa (de rescate), como el caso de Grecia, que haya hecho el esfuerzo de reducción del déficit público tanto en términos nominales como estructurales como el que ha hecho el Gobierno español en el año 2012 y como el que va a hacer en 2013», esgrimió el ministro de Economía.

 

fuente: http://www.larazon.es/detalle_normal_economia/noticias/4450237/economia/el-eurogrupo-decide-hoy-si-exige-a-espana-nuevos-ajustes-en-2014#.Uo8YLmSYBXY

El BCE felicita a España por salir del rescate bancario

El Banco Central Europeo (BCE) felicitó hoy a España e Irlanda por «lo que han logrado», al poder salir en enero y en diciembre, respectivamente, de sus programas de asistencia financiera.

«Quisiera felicitar a Irlanda y a España (…) por lo que han conseguido y que pueden salir del programa», señaló el miembro alemán del comité ejecutivo del BCE, Jörg Asmussen, a su llegada al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE), el Ecofin.

En opinión del BCE, la salida de estos dos países de sus respectivos rescates «demuestra realmente que, pese a todas las críticas, los programas de ajuste pueden funcionar».

«Una condición previa absoluta para que el programa tenga éxito es que (el país afectado) tome las riendas y esto también es clave para los demás Estados bajo rescate» como Portugal, Chipre y Grecia, señaló Asmussen.

El Eurogrupo dio el jueves luz verde a una salida limpia de España del rescate a la banca cuando éste expire en enero próximo tras dieciocho meses de programa, aunque instó al país a mantener el impulso reformista y advirtió de la aún frágil situación del sector financiero.

«Respaldamos plenamente la decisión de no solicitar ninguna asistencia financiera posterior del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)», señalaron los ministros de Finanzas de la zona del euro en un comunicado conjunto.

El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos aseguró a la salida de la reunión que el fin del programa «es una buena noticia, no solo para el sistema bancario español, sino también para la economía española y la europea, y aquí están las bases para la recuperación de la economía española».

Afirmó que tras el rescate, los mercados ven a la banca española mucho más sólida, solvente y firme de lo que era hace un año y medio y tampoco se prevé «ninguna necesidad adicional» de capital.

España proseguirá a partir de enero de manera «independiente» su camino, aunque todo rescate tiene una supervisión posterior reforzada en el marco de las normas de gobernanza económica para la eurozona, hasta que haya devuelto el 75 % de la ayuda recibida.

El plazo para devolver los 41.333 millones de euros utilizados del préstamo de hasta 100.000 millones puesto a disposición de España en julio de 2012 vence entre 2025 y 2027.

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Economía y Finanzas, Olli Rehn, dijo que esta decisión llegará más adelante, una vez se haya analizado «las necesidades y el marco específico de la supervisión».

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Fuente: La Razón

La quiebra de Fagor amenaza a Eroski, Lagun Aro y Laboral Kutxa

09 de noviembre de 2013. 21:40hJesús Martín.  Madrid.

La decisión de Orona, Eroski y Laboral Kutxa de no sumarse al rescate de Fagor en el consejo general de la Corporación Mondragón puede tener efectos no deseados sobre el futuro de uno de los grupos industriales más importantes de España, el primero del País Vasco y el emblema del cooperativismo en España.

La salvación, al menos temporal, de Fagor Electrodomésticos requería de una inyección de 170 millones de euros, que gozaba del visto bueno del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por parte del Gobierno central, del Gobierno vasco y de los bancos acreedores, que a regañadientes habían aceptado una quita… pero faltaba el acuerdo unánime del consejo general de Mondragón que no llegó. El modelo así lo exige. La representación de Laboral Kutxa basó su negativa en que la corporación no es un grupo, sino una asociación de cooperativas.

El «no» del consejo general de Mondragón es una condena a muerte de Fagor y quién sabe si de la propia Laboral Kutxa, Lagun Aro y Eroski, el grupo de distribución que tras la compra de Caprabo, hace seis años, acumula pérdidas de 430 millones de euros y una deuda de 2.900 millones. Ahora, Fagor cuenta las horas para presentar concurso de acreedores, después de que el pasado 16 de octubre entrara en preconcurso.

Si, como se espera, Fagor acaba suspendiendo pagos, las pérdidas cuantificables para el grupo Mondragón se estiman en 480 millones de euros, que pueden aproximarse a los 1.000 millones teniendo en cuenta otras consecuencias relacionadas con la crisis de confianza del modelo corporativo, la más que posible retirada de depósitos en Laboral Kutxa y los efectos del aumento de la morosidad y los impagos en la rama financiera de la corporación, formada por la antigua caja laboral popular y la aseguradora Lagun Aro.

La Corporación Mondragón es un conglomerado empresarial que ingresó el pasado año 14.081 millones de euros, un 5,1% menos que en el año anterior, que empleó de media a 80.321 trabajadores y que obtuvo unos resultados de explotación (ebitda) de 1.289 millones en 2012. La caída de Fagor tiene efectos inmediatos en Lagun Aro, la aseguradora encargada del sistema de protección social para socios de cooperativas, que da cobertura a la asistencia sanitaria de los mismos, el sistema de pensiones y las prestaciones en el caso de pérdida del puesto de trabajo.

Con el cierre de Fagor, 1.700 personas perderán su empleo. Para Lagun Aro, la cobertura de dos años de desempleo para este colectivo supone un impacto económico de 220 millones de euros. La única forma de paliar este coste es incrementar en tres puntos porcentuales la cuotas que pagan los cooperativistas lo que, en las condiciones actuales, parece inviable. En el caso de Laboral Kutxa, el problema es más de futuro que inmediato. La entidad financiera que preside Txomin García tendrá que provisionar ya 50 millones de euros. Las consecuencias posteriores pueden ser mucho más graves. Los 1.700 trabajadores que pierden su empleo en Fagor acabarán por elevar los impagados de la entidad y la morosidad.

El temor, sin embargo, reside en la alta probabilidad de que buena parte de los afectados por la falta de apoyo de la corporación a Fagor acaben por retirar sus depósitos. El riesgo de un efecto dominó en estos caso es muy elevado. Basta con recordar la quiebra de Northern Rock, un banco británico que tuvo que ser nacionalizado en febrero de 2008 ante la retirada masiva de depósitos por la crisis de 2007.

El Banco de España ya advirtió en su momento a Laboral Kutxa de que, al ser el brazo financiero de Mondragón, era una unidad de riesgo. De momento, la entidad disfruta de una buena situación. En el primer semestre logró un beneficio de 56,4 millones de euros, después de integrar Ipar Kutxa. Su tasa de morosidad es del 7,88% y tiene un «core capital» del 11%.

Al tratarse de una cooperativa, los integrantes de Fagor no sólo pierden el trabajo, sino el capital puesto en la compañía (unos 13.000 euros) y tienen que responder con su patrimonio ante los acreedores. Un cooperativista integrado en cualquiera de las grandes áreas de negocio de Corporación Mondragón puede pensar que la falta de apoyo manifestada con Fagor no sea una excepción en el caso de que los problemas financieros se extiendan por el grupo.

El presidente de la corporación, Txema Gisasola, ha tratado desde su llegada al cargo (julio de 2012) de modificar el modelo cooperativo de Mondragón. Entre sus objetivos está la «transformación» hacia un modelo de «holding» con el fin de que la cúpula pueda tomar decisiones sin la obligación de que se adopten por unanimidad, con el fin de ganar agilidad. Eso pasa necesariamente por reducir el poder que tienen las cooperativas.

 

http://www.larazon.es/detalle_normal_economia/noticias/4291119/economia/la-quiebra-de-fagor-amenaza-a-eroski-lagun-aro-y-laboral-kutxa#.Un-YCZSYBXY

 

Bruselas se prepara para atajar la evasión fiscal de grandes empresas

Las tretas de las grandes empresas para no pagar impuestos están en el punto de mira. Hace tiempo que Gobiernos occidentales y organismos internacionales dan vueltas a la cabeza para encontrar soluciones contra la denominada “planificación fiscal agresiva”. La Comisión Europea presentará el próximo mes de diciembre una propuesta para poner trabas a aquellas multinacionales que actúan en varios países… y se las apañan para no tributar en ninguno.

Mejor suerte correrán las tecnológicas que escandalizan por compatibilizar ingresos milmillonarios y pagos al fisco minúsculos. Al Ejecutivo que encabeza José Manuel Durão Barroso, cuyo mandato acaba el próximo año, no le quedará tiempo para impulsar medidas destinadas a Apple, Google y compañía.

La cumbre europea celebrada el pasado mayo, centrada en fiscalidad y energía, fracasó a la hora de presentar alternativas de calado, pero al menos puso sobre la mesa un calendario: las conclusiones incluían un compromiso de la Comisión de presentar antes de final de año ideas para meter mano a la ingeniería fiscal de las empresas. “Propondré impulsar el marco legal europeo a través de la directiva sobre compañías matrices y filiales”, anunció en París a principios de octubre el comisario responsable de impuestos, Algirdas Šemeta.

Fuentes comunitarias consultadas por este periódico explican que el texto que ultima el equipo del comisario lituano girará en torno a dos ejes. El primer objetivo será impedir que los acuerdos de doble imposición —diseñados para evitar que una misma actividad pague tributos en el territorio donde se origina la actividad y en el que está inscrita la compañía— se conviertan en el coladero del que se valen los equipos jurídicos de las grandes empresas. Bordeando la legalidad, muchos han logrado eximir del pago en uno y otro lugar. Por otra parte, la propuesta que Šemeta presentará en diciembre también incluirá una petición a los Gobiernos de que aprueben normas antiabuso genéricas.

El texto que ultima Šemeta se basará en la recomendación que el Ejecutivo comunitario hizo a finales del año pasado a los Estados miembros. El objetivo del documento era dotar a la UE de armas para poder rechazar los acuerdos artificiales a los que hayan llegado sus empresas y que contradigan el espíritu de la ley.

“Los Estados miembros deberán asegurarse de que los acuerdos [para evitar la doble imposición a los que hayan llegado con otros Estados de la UE o con terceros países] solo serán aplicables cuando efectivamente se pague el impuesto en el otro territorio que ha firmado el acuerdo”, asegura la recomendación firmada por el propio Šemeta. El texto también instaba a los Veintiocho a adoptar una regla antiabusos que se ocupe de los “acuerdos artificiales” firmados tanto para el mercado doméstico, como en acuerdos bilaterales entre dos Estados miembros o con terceros países. El departamento de Fiscalidad de la Comisión quiere aplicar estos principios no solo a la directiva que se presentará en diciembre sobre matrices y filiales, sino también a la de intereses yroyalties. La diferencia es que esta última ya se está negociando con el Consejo, así que, según señalan las fuentes consultadas, habrá que incorporar estos principios a las conversaciones en marcha.

El impulso a favor de una fiscalidad más transparente —que la UE comparte con Gobiernos como el de Estados Unidos y con organizaciones como la OCDE— se nota también en otras iniciativas de la Comisión. Como la investigación que las autoridades de Competencia europeas ya han puesto en marcha sobre Luxemburgo, Irlanda, Holanda y Gibraltar para dilucidar si las ayudas fiscales que conceden a ciertas empresas violan la ley europea.

Pero las buenas intenciones de Bruselas no darán para proponer medidas concretas que atajen el llamado modelo Apple. La Comisión estableció el pasado 22 de octubre un grupo de expertos que abordará la fiscalidad de las empresas de la economía digital. Los siete especialistas que se nombren para este cometido deberán examinar la mejor forma de gravar las actividades de las empresas tecnológicas, sopesando los pros y los contras que una legislación más dura podría tener. El problema es que hasta la primera mitad del próximo año no estará listo el informe que remitirán a los responsables de la Comisión. Para entonces ya estarán en marcha las elecciones al Parlamento Europeo de mayo y comenzarán las negociaciones para nombrar un equipo que sustituya a Barroso y a los 27 comunitarios. Serán sus sucesores lo que deberán decidir cómo se enfrentan a los gigantes tecnológicos.

 

España es el país del sur de Europa con mayor economía sumergida y pérdida de recaudación fiscal

España, el país del sur de Europa con mayor economía sumergida y fraude fiscal

 

España es el país del sur de Europa con mayor economía sumergida y pérdida de recaudación fiscal, la más grande desde que empezó la actual crisis. Así lo revela un estudio realizado por el inspector de Hacienda Domingo Carbajo y el catedrático de economía aplicada de la universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga, quienes calculan quela economía no declarada este año fue del 28,7%% del PIB español. Para evitar las pérdidas de recaudación fiscal (próximas al 8% del PIB, unos 80.000 millones de euros anuales), proponen medidas como suprimir los billetes de 500 y 200 euros y promover incentivos a los pagos electrónicos.

El estudio señala una relación directa entre crisis sistémica y esta subida del fraude y la economía sumergida en nuestro país. Así, España ha sido el país donde más han crecido ambos, con un 6,3% anual desde 2003. En cuanto a la recaudación fiscal repasa una treintena de estimaciones de economía sumergida e indica que, como media, en los europeos, cada punto de economía sumergida reduce la recaudación fiscal 0,35 puntos.

El estudio, llamado «El «tax gap» en España, definición, estimaciones y medidas dinámicas para su reducción», señala que la metodología más empleada por las estimaciones para calcular el peso de la evasión fiscal analiza la circulación monetaria, pues es el efectivo la forma más común entre los movimientos «en negro». Es por ello que Carbajo y Ruesga abogan por fomentar las transacciones electrónicas evitando regulaciones que los encarezcan para los consumidores y mediante incentivos fiscales como los aplicados contra la economía sumergida en Alemania y a favor de los pagos con tarjetas en Asia y América. Según el estudio, una mayor intensidad en el uso de tarjetas y otros medios electrónicos de pago en toda Europa, además de reducir la economía sumergida, elevaría el PIB y el empleo, modernizaría la economía, e iría en favor de la nueva economía del conocimiento.

Asimismo, los autores inciden en que España ha aplicado una visión «puramente represora» en la lucha contra el fraude, con algunas «amnistías fiscales» y fenómenos como la corrupción política que han reducido su eficacia. Y aconsejan la eliminación, en toda la Eurozona de los billetes de 200 y 500 euros, que al empezar la crisis sumaban por sí solos en España el 71,2% del total circulado y actualmente han subido al 76,72%. Por el contrario, en la media de los países de la moneda común bajaron en el mismo periodo desde el 36,9% del total hasta el 36,6%. Además, reseñan, en los Estados Unidos tienen casi nula importancia los billetes de valor superior a los 100 dólares y el conjunto de los pagos en efectivo es casi la mitad que en la Eurozona, al igual que la economía sumergida.

Es por ello que Carbajo y Ruesga aconsejan a los colegisladores europeos (Consejo y Parlamento Europeos) estudiar en mayor profundidad los últimos proyectos de regulación europea de los medios de pago (un reglamento y dos directivas), porque podrían crear más problemas de los que intentan resolver, ya que la experiencia previa en España de medidas similares ha sido negativa, debido a que desde el 2006 se redujeron las tasas de intercambio de las tarjetas pero aumentaron en mayor proporción las comisiones bancarias. El resultado ha sido un menor uso relativo de tarjetas y el mayor recurso tanto al efectivo como a los billetes de 500 y 200 euros, crisis mediante