Bruselas se prepara para atajar la evasión fiscal de grandes empresas

Las tretas de las grandes empresas para no pagar impuestos están en el punto de mira. Hace tiempo que Gobiernos occidentales y organismos internacionales dan vueltas a la cabeza para encontrar soluciones contra la denominada “planificación fiscal agresiva”. La Comisión Europea presentará el próximo mes de diciembre una propuesta para poner trabas a aquellas multinacionales que actúan en varios países… y se las apañan para no tributar en ninguno.

Mejor suerte correrán las tecnológicas que escandalizan por compatibilizar ingresos milmillonarios y pagos al fisco minúsculos. Al Ejecutivo que encabeza José Manuel Durão Barroso, cuyo mandato acaba el próximo año, no le quedará tiempo para impulsar medidas destinadas a Apple, Google y compañía.

La cumbre europea celebrada el pasado mayo, centrada en fiscalidad y energía, fracasó a la hora de presentar alternativas de calado, pero al menos puso sobre la mesa un calendario: las conclusiones incluían un compromiso de la Comisión de presentar antes de final de año ideas para meter mano a la ingeniería fiscal de las empresas. “Propondré impulsar el marco legal europeo a través de la directiva sobre compañías matrices y filiales”, anunció en París a principios de octubre el comisario responsable de impuestos, Algirdas Šemeta.

Fuentes comunitarias consultadas por este periódico explican que el texto que ultima el equipo del comisario lituano girará en torno a dos ejes. El primer objetivo será impedir que los acuerdos de doble imposición —diseñados para evitar que una misma actividad pague tributos en el territorio donde se origina la actividad y en el que está inscrita la compañía— se conviertan en el coladero del que se valen los equipos jurídicos de las grandes empresas. Bordeando la legalidad, muchos han logrado eximir del pago en uno y otro lugar. Por otra parte, la propuesta que Šemeta presentará en diciembre también incluirá una petición a los Gobiernos de que aprueben normas antiabuso genéricas.

El texto que ultima Šemeta se basará en la recomendación que el Ejecutivo comunitario hizo a finales del año pasado a los Estados miembros. El objetivo del documento era dotar a la UE de armas para poder rechazar los acuerdos artificiales a los que hayan llegado sus empresas y que contradigan el espíritu de la ley.

“Los Estados miembros deberán asegurarse de que los acuerdos [para evitar la doble imposición a los que hayan llegado con otros Estados de la UE o con terceros países] solo serán aplicables cuando efectivamente se pague el impuesto en el otro territorio que ha firmado el acuerdo”, asegura la recomendación firmada por el propio Šemeta. El texto también instaba a los Veintiocho a adoptar una regla antiabusos que se ocupe de los “acuerdos artificiales” firmados tanto para el mercado doméstico, como en acuerdos bilaterales entre dos Estados miembros o con terceros países. El departamento de Fiscalidad de la Comisión quiere aplicar estos principios no solo a la directiva que se presentará en diciembre sobre matrices y filiales, sino también a la de intereses yroyalties. La diferencia es que esta última ya se está negociando con el Consejo, así que, según señalan las fuentes consultadas, habrá que incorporar estos principios a las conversaciones en marcha.

El impulso a favor de una fiscalidad más transparente —que la UE comparte con Gobiernos como el de Estados Unidos y con organizaciones como la OCDE— se nota también en otras iniciativas de la Comisión. Como la investigación que las autoridades de Competencia europeas ya han puesto en marcha sobre Luxemburgo, Irlanda, Holanda y Gibraltar para dilucidar si las ayudas fiscales que conceden a ciertas empresas violan la ley europea.

Pero las buenas intenciones de Bruselas no darán para proponer medidas concretas que atajen el llamado modelo Apple. La Comisión estableció el pasado 22 de octubre un grupo de expertos que abordará la fiscalidad de las empresas de la economía digital. Los siete especialistas que se nombren para este cometido deberán examinar la mejor forma de gravar las actividades de las empresas tecnológicas, sopesando los pros y los contras que una legislación más dura podría tener. El problema es que hasta la primera mitad del próximo año no estará listo el informe que remitirán a los responsables de la Comisión. Para entonces ya estarán en marcha las elecciones al Parlamento Europeo de mayo y comenzarán las negociaciones para nombrar un equipo que sustituya a Barroso y a los 27 comunitarios. Serán sus sucesores lo que deberán decidir cómo se enfrentan a los gigantes tecnológicos.

 

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