La banca tendrá que provisionar 28.000 millones más por el ladrillo sano

Fuente de origen: Cinco Días a 11/05/12

El Gobierno ha decidido que un drástico saneamiento del ladrillo sano es la mejor manera de calmar las dudas sobre la banca española y meter en vereda a las entidades. La provisión llegará hasta el 52% en el caso del suelo y en total supondrá 28.000 millones de colchón extra. Si algún banco no llega, habrá ayudas públicas en forma de acciones o bonos convertibles con un interés del 10%.

Esta nueva reforma financiera con el objetivo de acabar con la morosidad de los balances bancarios, el ministro de Economía, Luis de Guindos,ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “Lo que hacemos es anticipar el saneamiento, disipando cualquier duda sobre la banca”,

  • La situación

Hasta ahora, bastaba con una provisión (apunte contable que se hace en el pasivo, en gastos, como reconocimiento de un riesgo tanto cierto como incierto) genérica del 7% para este crédito, pero la reforma aplica un incremento del 45% a este porcentaje y lleva al total al 52%. La promoción en curso pasa también de ese 7% a un 29% de cobertura (se incrementa un 22%), mientras que la vivienda terminada se duplica y pasa al 14%. Los préstamos con sin garantía real también sufren un drástico incremento: deben provisionarse ahora al 52%.

En estos momentos, se calcula que hay unos 123.000 millones en crédito promotor y activos inmobiliarios supuestamente no problemáticos. Según los cálculos del ministro, las provisiones sobre estos préstamos aumentan de media del 7% al 30% y eso implica un incremento de los saneamientos de 28.000 millones, que se suman a los 10.000 millones que ya se han provisionado para esta partida bajo la primera reforma de febrero.

  • La reforma

Los bancos, solos, tendrán de plazo hasta antes de final de año y cuentan con solo un mes (hasta el 11 de junio) para presentar sus planes al Banco de España. En caso de que alguna entidad decida fusionarse para llegar de mejor modo a la nueva exigencia, tendrá de gracia hasta el 30 de junio. Pero  estas provisiones pueden dejar a varias entidades financieras en pérdidas o con una merma de capital que imposibilite cumplir la regulación (esa que exige un 8% de capital para los bancos cotizados y un 10% para las cajas) y que financiarse en los mercados en estos momentos resulta, cuando menos, complicado.

Guindos ha defendido que no se aportará dinero público a la banca, aunque esta afirmación solo se basa en su convencimiento de que los fondos serán devueltos.

El Ejecutivo ha establecido un esquema de ayudas públicas que se habilitará a través de acciones o de bonos convertibles contingentes (los famosos cocos, según su denominación en el argot financiero). “Este tipo de inyección de fondos no supone ningún tipo de ayuda pública a las entidades porque estos instrumentos demandarán a los bancos un tipo de interés muy superior al de mercado”, ha señalado.

El interés será del 10%, “el doble de lo que paga ahora el Tesoro”, añadió. Además, tendrán que devolverse en un plazo que estará en el entorno de los cinco años, siempre que no ocurra uno de los supuestos en los que los cocos se convierten en acciones.

  • ¿qué se quiere conseguir?
La cuenta del Gobierno está clara: en un lustro todo el dinero habrá vuelto a la caja y en el proceso habrá generado unos intereses bastante generosos.
el Gobierno quiere poner fin al miedo que hay en Europa y en las instituciones internacionales a que la toxicidad de la banca en España sea muy superior a lo que se ha dicho
 (La primera reforma, la de febrero, se centró en el ladrillo malo y se exigieron unas provisiones de 54.000 millones. Pero el resultado ha sido nulo por dos factores: parte de la limpieza se quedó en un mero reajuste contable y las dudas sobre la salud del resto de los créditos se disparó.)
Al final, con las dos reformas se alcanzará una cobertura del 45% sobre los casi 310.000 millones de euros en activos inmobiliarios ligados al crédito promotor tanto sano como enfermo.
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El Gobierno baraja cobrar ‘peajes blandos’ en las autovías

La medida se aplicará a los coches y no a los camiones y todo lo recaudado irá íntegramente a costear la conservación

 

“Una manera alternativa a los impuestos de sufragar el coste y mantenimiento de las infraestructuras”

01/05/2012 – 07:00 noticia original:   CincoDias

Fuentes cercanas al proyecto aseguran a CincoDías que responsables de Fomento y Hacienda han empezado a diseñar un mecanismo capaz de hacer compatible el cobro de peajes baratos (en este caso no hay que amortizar el coste de construcción), cuya recaudación permita seguir conservando la red en buen estado, con mantener la paz con el sector del transporte pesado. De hecho, el asunto fue incluido la semana pasada en el orden del día de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antesala del Consejo de Ministros. “Este hecho significa que el plan se encuentra en un estado bastante avanzado, aunque no necesariamente tiene por qué aprobarse en breve”, sostienen otras fuentes oficiales.

En cualquier caso, la medida conlleva una serie de inversiones de carácter técnico, como es la instalación de un sistema de dispositivos en las distintas autovías que no podría estar operativo antes de un año. Además de recaudar dinero suficiente como para no descuidar la conservación y mantenimiento de estas carreteras (Fomento ha presupuestado para este año 873 millones cuando el sector privado estima su coste en 1.400 millones),

El proyecto de cobrar peajes en las autovías está pensado para tapar otro agujero:

1.- Al Gobierno le preocupa y mucho la posible quiebra de una decena de concesionarias, con una deuda acumulada de 4.000 millones, afectadas por el desplome de sus tráficos y los sobrecostes de construcción. La responsabilidad patrimonial de la administración haría a Fomento titular de la deuda bancaria en caso de insolvencia. En este sentido, las autopistas -participadas por las mayores constructoras del país- demandan el reequilibrio económico para refinanciar la citada deuda.

2.- Al tiempo que se tapa la herida de las concesiones, la implantación de peajes acallaría también una antigua polémica territorial generalizando el pago por uso en las carreteras, especialmente extendido en áreas como Cataluña, Murcia o Galicia. Lo recaudado por las arcas públicas dependería de los precios impuestos.

En el círculo más próximo al presidente Rajoy la voz más crítica con la implantación de este pago por uso en las carreteras es precisamente la de la titular de Fomento, Ana Pastor. Su equipo reitera que buscan fórmulas para el reequilibrio económico de las concesionarias, pero no tienen como primera opción el peaje en autovías. El problema es que quien manda ahora es Hacienda.

Información de interés:

Hacia la armonización con los países de la UE

En el entorno de las concesionarias especializadas en autopistas se ha calculado que la transposición de la directiva europea conocida como Euroviñeta (el pago de un peaje por circular por las principales autovías transeuropeas que se aplica en exclusiva al tráfico pesado por su mayor contaminación y desgaste de la carretera) supondría ingresos anuales para el Estado de 3.000 millones de euros anuales.

Esta solución está entre las remitidas por la patronal de las concesionarias, Aseta, al Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, Moncloa pretende evitar la adopción de esta norma comunitaria por suponer un sobrecoste a corto plazo para el sector del transporte por carretera, duramente afectado por la crisis.

Lo cierto es que a corto plazo España será uno de los pocos países que no aplique este peaje a los camioneros que circulen por su red estatal, por lo que desde el sector privado y una parte del Ejecutivo se muestran convencidos de que tarde o temprano la Euroviñeta para el transporte de mercancías entrará en vigor bajo el argumento de que es una recomendación que llega directamente de Bruselas.

Hasta ahora, la directiva de la Euroviñeta prevé la aplicación voluntaria por parte de los Estados de la Unión Europea (UE) de una tasa a los vehículos a partir de 3,5 toneladas, como compensación por su mayor efecto contaminante.

Unos 5.000 millones de euros es lo que recauda Alemania cada año con la aplicación de este peaje en el 100% de su red viaria de alta capacidad.

http://www.cincodias.com/articulo/economia/gobierno-baraja-cobrar-peajes-blandos-autovias/20120501cdscdieco_1/

Conclusión crítica: En definitiva, que dentro de poco iremos a donar sangre y tendremos que pagar por ello en lugar de que te den un bocadillo… independientemente de lo beneficioso o no que puede resultar esta medida para las diferentes partes, aun no se oyen cosas como que la Iglesia pague el IBI, etc. Por lo pronto, lo que se ve en la televisión es un atasco impresionante en Cataluña y una movilización bajo el lema “basta de peajes”, una vieja reivindicación en esta zona.

De Guindos anuncia una “racionalización” del número de ayuntamientos

27.04.2012

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho hoy que el Gobierno va a anunciar una “racionalización” del número de ayuntamientos españoles porque es necesario “reducir un gasto público que a veces no es eficiente”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos se ha referido a las medidas del programa de estabilidad que el Gobierno tiene que enviar a Bruselas y ha señalado que España tiene una estructura administrativa con un “número de ayuntamientos muy superior en relación a otros países”.

En este sentido, De Guindos ha avanzado que el Ejecutivo va a llevar a cabo una “racionalización del número de ayuntamientos” en la búsqueda de la “eficiencia”.

El titular de Economía ha comentado que en las próximas semanas se irá viendo “la hoja de ruta” y “cómo se desarrollan las medidas”.

Diario Expansión

http://www.expansion.com/2012/04/27/economia/1335533537.html?a=f1a73b33c04e3d1c3e8eab6d1cc5273c&t=1335544069

En principio parece ser que se está tomando alguna medida pensando en la re-estructuración  de la economía española y no solo medidas paliativas que solo consiguen retardar un poco el sufrimiento de los ciudadanos. Ahora falta esperar la eficiencia de estas políticas y a ver cuan transparentes van a ser, por lo pronto no se han hablado de las diputaciones ni de qué manera se llevará a cabo:  a qué ayuntamientos afectará, si se modificará los horarios, que se hará con el inmueble o que pasará con los privilegios como la visa, coches oficiales,etc.

 

El presidente del Bundesbank descarta una tercera subasta a largo plazo

Aqui os dejo una noticia sacada hoy, miercoles 18, del diario CincoDías, para hacernos una idea de la visión que algunas personas tienen de España desde afuera.

 

 

“Weidmann: no es labor del BCE afrontar los problemas

de España

El presidente del Bundesbank y consejero del BCE, Jens Weidmann, ha cargado contra España y contra las medidas que se han tomado para defender al país del ataque de los mercados. Su intención es que no haya más auxilios.

Cinco Días / Madrid  18/04/2012 – 13:31

España debe tomar la subida de sus rentabilidades como un incentivo para hacer frente a las causas de fondo de sus problemas de deuda y no mirar al Banco Central Europeo para que ayude mediante una compra de bonos, dijo el consejero de la entidad Jens Weidmann, en declaraciones a Reuters.

Weidmann, que ha estado al frente de una tendencia de algunos países centrales de la zona euro favorable a la planificación de una salida por parte del banco del “modo crisis”, dijo que ningún responsable de política del BCE estaba a favor de utilizar la compra de bonos para poner la mira en los tipos de algunos bonos soberanos. Weidmann agregó que Benoit Coeur simplemente hizo referencia a un hecho la semana pasada cuando dijo que el programa de compra de deuda todavía existe. En una entrevista, Weidmann expresó que no ve razón para estudiar la conveniencia de un tercer LTRO, el instrumento de financiación con el que el BCE inyectó más de 1 billón de euros en los mercados financieros desde finales del año pasado.

Weidmann es presidente del Bundesbank, lo que le concede una voz de peso en el consejo del BCE, compuesto por 23 personas. “No siempre debemos proclamar el fin del mundo si los tipos a largo plazo de un país superan temporalmente el 6%”, expresó. “Eso es también un incentivo para que los responsables de política del país hagan los deberes y recuperen la confianza del mercado mediante el camino de la reforma”. La subida de la rentabilidad de la deuda a 10 años sobre el 6% aumentó la preocupación sobre un incremento hacia el 7%, un nivel que empieza a ser insostenible.

El BCE dejó su programa de compra de bonos (SMP) sin utilizar por quinto mes seguido la semana pasada pero Coeur, el responsable del funcionamiento del plan, alimentó las expectativas del mercado sobre su reactivación cuando recordó que todavía existe. “Los límites del SMP son claros”, dijo Weidmann. “Al mismo tiempo, el programa no ha sido cancelado por el consejo del BCE. Beoint Coeur describió eso”. “No creo que encuentre ningún colega (del consejo del BCE) que opine que el Eurosistema (de bancos centrales de la zona euro) está para asegurar un nivel particular para los tipos de un país determinado”.

La compra de bonos por parte del BCE podría aliviar una parte de la presión sobre las rentabilidades españolas, pero el uso del plan el año pasado causó unas profundas divisiones internas y provocó la dimisión del antecesor de Weidmann.

La intervención del banco central el año pasado en el mercado de deuda italiano consiguió rebajar las rentabilidades, pero el BCE se mostró molesto con el gobierno de Silvio Berlusconi por no ofrecer la contrapartida de las reformas, tal como exigía el BCE. Algunos inversores apuestan a que el coste del endeudamiento en España obligue al BCE a retomar el programa de compra de bonos, pero Weidmann indicó que los países no deben mirar hacia el BCE en busca de ayuda. “No es nuestra labor proporcionar ayuda financiera con el fin prolongar los ajustes necesarios a lo largo de un tiempo”, dijo Weidmann. “Para exactamente eso está el fondo de rescate”.

http://www.cincodias.com/articulo/mercados/weidmann-labor-bce-afrontar-problemas-espana/20120418cdscdsmer_8/

En definitiva, estar bajo el brazo protector de Europa, no exime a España ni a ningún otro país (se sobreentienden las excepciones, claro) de tener que tomar sus propias decisiones y enfrentarse a sus propias consecuencias (“agarrar el toro por los cuernos como diría un  buen español”). Como hemos podido leer, dichas medidas, no se habrían de tomar teniendo en cuenta o “añadiendo a la agenda” la ayuda que brindaría Europa, lo cual está muy bien, pero te hace pensar si realmente hay un interés en ayudar a países en recesión (por usar cualquier término)  económica.  En conclusión, este señor tiene miedo de que nos relajemos de perdidos al río, será que ha oído que los españoles somos unos vagos…

El Gobierno autoriza a Repsol a buscar petróleo en Canarias

6.03.2012 MADRID

Para empezar, tengo que aclarar que este artículo lo conforman la propia noticia de la que se hace referencia, y comentarios de otras personas sacados de otros blogs públicos seguidos de una conclusión personal.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la autorización necesaria para que Repsol pueda realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sáenz de Santamaría ha señalado que tras reforzarse las medidas de protección ambientales se ha convalidado la normativa para poder explorar si hay reservas en unas bolsas situadas a unos 60-70 kilómetros de las costas de Canarias.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya avanzó esta semana que España no podía permitirse el lujo de prescindir de prospecciones petrolíferas, como es en el caso de Canarias, y que se “apoyarían y alentarían” los trabajos de las empresas que contribuyan a reducir la dependencia energética. El Gobierno central ya había concedido a Repsol permisos de investigación de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias en 2001, pero el Tribunal Supremo los revocó en 2004, por defectos en control medioambiental de esas autorizaciones.

 

Las instituciones canarias han puesto en duda que esas actividades petrolíferas beneficien a la economía del archipiélago y, además, han advertido del daño que un potencial derrame de crudo ocasionaría a su principal industria: el turismo

En este sentido, consideró que la decisión del Gobierno de España “es un claro desprecio del Gobierno estatal del PP a las instituciones que representan al pueblo canario: Gobierno autonómico, Parlamento de Canarias, cabildos y ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote”.

¿Un 10% del consumo nacional?
El ministro de Industria señaló esta semana que las prospecciones en Canarias serían a 61 kilómetros de la costa y ha insistido en que España, con un consumo 1.400.000 barriles diarios, no puede prescindir de una capacidad de producción que equivaldría al 10 % de esa cantidad (140.000 barriles), según las previsiones más pesimistas.

Soria también ha apuntado que estas decisiones podrían ayudar a Canarias a diversificar su economía. “Nunca se me ocurriría tomar una decisión que pudiera hacer el mínimo daño a Canarias”, ha subrayado el ministro.

Opiniones:

(En lo que a la seguridad se refiere se debería tener en cuenta que la misma depende más de la empresa petrolera que del gobierno de turno y -por ende- de la consideración del riesgo por el mercado asegurador que es el que asumiría el riesgo en última instancia.)

è Por un lado, después de ver la reacción de los canarios ante una medida en la que ellos “ni pinchan ni cortan”, se ha puesto especial énfasis en la idea de que reduciría el paro en una zona donde abunda, y además Repsol calcula también que invertirá unos 10.000 millones de euros en un periodo de unos 20 años y que generará unos importantes ingresos a las arcas públicas, incluidas las de las Islas. (ya incluidas las islas así como de paso…)

La petrolera subraya que «en los más de 30 países en los que tiene actividades de exploración y producción, la compañía aplica los estándares medioambientales más estrictos».

En este punto, y para aclarar alguna controversia, hay que subrayar que, según fuentes de Industria, las prospecciones de hidrocarburos en el mar son competencia del Gobierno de la nación y solo cuando son en tierra corresponde a la comunidad autónoma afectada. (¿pero qué es esto? ¿una excusa? Cuidado, que la tierra es de canarias, pero el mar es Español, y podemos hacer con el lo que queramos…en fin.)

Conclusión

Si bien podrían ser ciertos los beneficios que se obtendrían con este plan, es totalmente comprensible un escepticismo por parte de los canarios ya que están tocando un tema muy delicado, su tierra. Además del hecho de que aún no se sabe si hay petróleo o no, se va a invertir dinero en algo que podría ser, o no, con todo el riesgo que conlleva. Sí, es verdad que no tiene por qué afectar al turismo y tampoco tiene por qué haber un accidente que afecte a la biodiversidad marina, pero es inevitable sentir que parece ser que, después de todo, el “pequeño continente” no está tan ajeno y tranquilo como se piensa…

 

 

Diario Expansión

http://www.expansion.com/2012/03/16/empresas/energia/1331905757.html?a=ECIa289d75f880834015f9dc92775e795c9&t=1332170338

Rajoy marca el camino a las regiones y elimina 27 entes estatales

16/03/2012 – 07:00

El Consejo de Ministros aprobó el día 16 de marzo la extinción de 27 entes del Estado  con la finalidad de reducir el peso del sector público. El Consejo de Ministros acordará la supresión de 27 de las 142 empresas públicas de titularidad estatal. La Sociedad Pública de Alquiler, dependiente del Ministerio de Fomento y creada en 2005 para fomentar el arrendamiento de viviendas, será una de las afectadas. También desaparecerán las compañías Remolques Marítimos, Ingeniería y Servicios Aeroespaciales y la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado, que se creó para llevar a cabo la privatización, finalmente fallida, de Loterías a finales de 2011.

¿a quien afecta?

Además,  se agilizarán 14 procesos de liquidación ya iniciados (como el de Barcelona Holding Olímpico, según informa Efe) y se procederá a la desinversión en otras ocho compañías. El Gobierno también venderá participaciones minoritarias en 35 sociedades. La Administración Central tiene acciones en Red Eléctrica, Enagás o Hispasat, entre otras. La reorganización también afecta a Correos, dependiente hasta ahora de la Dirección General de Patrimonio, que se integra en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En cualquier caso, Hacienda no baraja de momento la privatización ni de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ni de AENA, las dos grandes compañías públicas que, en caso de venderse, podrían reportar ingresos superiores a 15.000 millones de euros.

¿Por qué?

Al parecer,  no se realiza para lograr recursos, sino para ganar en eficiencia. De hecho aseguran que muchas de las empresas públicas de titularidad estatal se crearon con el mero objetivo de sortear los controles presupuestarios.

Por otra parte, la decisión que adoptará el Gobierno marca el camino que Moncloa reclama que sigan las comunidades autónomas, que se comprometieron con el anterior Gobierno a suprimir 515 empresas públicas y no lo hicieron. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó recientemente que la deuda de las empresas públicas alcanza ya los 60.000 millones de euros. Este importe se ha triplicado en los últimos tres años.

De esa cantidad, 15.000 millones se ubican en entes de las comunidades autónomas. De hecho, periódicamente aparecen fundaciones o entidades regionales cuya existencia Hacienda desconocía.

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De todas las medidas, el plan de proveedores supone el proyecto más ambicioso ya que contempla que la banca tradicional y el ICO abonen hasta 35.000 millones de euros en facturas pendientes de pago de los entes territoriales, un importe que comunidades y ayuntamientos devolverán en un plazo de diez años y a un tipo de interés del 5%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que la inyección de liquidez del plan de proveedores evitará la destrucción de entre 75.000 y 100.000 empleos.

Montoro señaló que los proveedores públicos (con independencia de si tienen deudas pendientes con la Administración) serán los primeros en aplicar el cambio en el sistema de pago del IVA que prometió el Gobierno.

 El objetivo es que las pymes puedan abonar el IVA en el momento de cobrar las facturas y no, como sucede ahora, cuando las emiten. El ministro de Hacienda indicó que darán prioridad a los proveedores públicos porque la Administración dispone de mayor información de estas empresas. En este sentido, alertó de que el cambio de criterio en el devengo del IVA no puede derivar en fraude fiscal. Fuentes de la Agencia Tributaria confirmaron que la posibilidad de pagar el IVA en el momento en que se cobra la factura implica perder cierto control sobre el impuesto indirecto más importante.

Ni IRPF, ni IVA ni especiales

El ministro de Hacienda descartó tajantemente una subida del IRPF, IVA o de los impuestos especiales para alcanzar el objetivo de déficit del 5,3% fijado por la UE, que implica un recorte adicional de 5.000 millones respecto a la senda de consolidación fiscal aprobada por Rajoy Hacienda no se plantea subir el tipo del impuesto que grava los beneficios empresariales, aunque sí estudia limitar las deducciones que aplican las grandes empresas y que les permiten tributar a tipos menores que las pymes. De hecho, el propio Gobierno ha reconocido la existencia de “abusos” en los beneficios fiscales que se aplican los grupos consolidados (aquellos conglomerados empresariales que tributan como una sola empresa). Este tipo de compañías representa el 0,2% de declarantes de Sociedades y se reparte el 60% de las deducciones.

 

Las cifras

60.000 millones es la deuda de las empresas públicas, que se ha triplicado en los últimos tres años.

515 empresas públicas deben eliminar las autonomías.

8% es el porcentaje de cuentas auditadas en la Administración.

 

Opinión:

Si es verdad que se llevarán a cabo estas medidas de forma lícita y medianamente transparente, me parece una buena medida mirándolo desde un punto de vista global, ya que muchas veces se dice que se ha podido recurrir a las empresas públicas para huir de los controles presupuestarios que tiene la administración y  para evitar el cómputo de determinadas inversiones sin una clara justificación. Pero, sin ánimo de ofender, me parece como poco, curiosa, la idea de que pidan dinero al mercado para pagar a los funcionarios que ocupaban estos puestos mientras se siguen haciendo recortes en sanidad o educación. ¿Es más fácil que despedir gente no? pero sin desviarme del tema principal, las sociedades desparecerán, pero ¿que hacemos con los funcionarios que trabajaban en ellas y que no se pueden despedir ni tocarseles el sueldo? si al final la mayor parte de los presupuestos es la nómina de la gente… la reducción del gasto al final se irá haciendo lentamente, año tras año. Una situación difícil, sin duda.

 

Cincodias.com

http://www.cincodias.com/articulo/economia/rajoy-marca-camino-regiones-elimina-27-entes-estatales/20120316cdscdieco_1/

Solo los inmigrantes con sueldos de 42.000 euros podrán quedarse en Reino Unido

El Ejecutivo de David Cameron quiere reducir de 60.000 a 20.000 el número de inmigrantes de fuera de la UE

Solo los inmigrantes no comunitarios que tengan un sueldo mayorde 35000 libras (42000 €) podrán residir en Inglaterra según la nueva normativa anunciada hoy por David Cameron que afectará a aquellas personas que sean de fuera de la UE y lleven trabajando cinco años ahí.

Los que tengan un sueldo inferior al citado tendrán que abandonar el país a los cinco años.

“En el futuro, ejerceremos más control para asegurarnos de que solo se quedan los mejores y más inteligentes”, dijo hoy la ministra del Interior, Theresa May, en una declaración escrita al Parlamento.

Por otra parte no están incluidos aquellos trabajadores que estén en sectores donde haya escasez de gente cualificada ni estudiantes de doctorado ni científicos. Tampoco podrán entrar los trabajadores domésticos que viajen con sus jefes ni podrán cambiar de trabajo ni solicitar la residencia. En cuanto a los estudiantes, que conforman un gran porcentaje entre los inmigrantes, solo podrán quedarse aquí tras licenciarse si consiguen un trabajo pagado con un mínimo de 20.000 libras (23.800 euros) anuales. Esta es la primera vez que el Reino Unido fija un criterio económico para decidir sobre el permiso de residencia, que hasta ahora se concedía si los interesados, a menudo con familia e hijos, demostraban que habían arraigado en el país.

El objetivo del Gobierno de coalición conservador-liberal demócrata es reducir la inmigración neta anual del nivel actual de unas 250.000 personas a menos de 100.000 para 2015, lo que ha sido cuestionado desde sectores políticos y empresariales por el efecto que puede tener en la economía.

Internacional | 29/02/2012 – 15:40h, La Vanguardia.

http://www.lavanguardia.com/internacional/20120229/54262134733/solo-inmigrantes-sueldo-42-000-euros-podran-quedarse-reino-unido.html

A pesar de que el salario que han acordado (según la opinión de los propios anglosajones) es bastante razonable, es lógico que se producirán muchas injusticias (como en la mayoría de las medidas económicas hechas bajo un pensamiento global), se verá perjudicada esa gente que por mala suerte no tiene, en la situación actual, un salario conforme a sus capacidades y todas esas personas asentadas y que tienen sus amigos y familias allí. Quiero hacer una mención también, al comentario de Theresa May:  “En el futuro, ejerceremos más control para asegurarnos de que solo se quedan los mejores y más inteligentes” que puede interpretarse como una ofensa directa para muchas personas y lejos de otorgarle posibilidades a su argumento, encontrará más oponentes que aliados.

  Pero por otro lado, beneficiará en general al país y a todas esas personas que trabajan y cumplen,  e incentivará a esas personas que quieren vivir en Reino Unido, creando una nueva motivación al tener conocimiento de esta nueva normativa.

De todas formas, no sé hasta qué punto es beneficioso  para Inglaterra y contraproducente para los otros países “objetivos” comunes de los inmigrantes de fuera de la UE (como España) y que no han adoptado estas medidas.