Presupuestos del estado. Su calculo

“la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal”.

El ciclo presupuestario se puede sintetizar en las siguientes fases:

Actualización del Programa de Estabilidad. Se presenta a la Unión Europea un diagnóstico de la economía española y la orientación de la política económica. En base a dicho análisis se formulan proyecciones presupuestarias a medio plazo (3 años).

– Informe de situación de la economía española. Recoge la estimación de las magnitudes económicas más relevantes que sirve para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria.

– Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Las normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio siguiente. Con esta orden, se inicia formalmente el proceso de elaboración presupuestaria.

Acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el límite de gasto no financiero del Estado. Se fija el objetivo de estabilidad y el objetivo de deuda pública.

– Aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

– Aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado

Conforme a esta normativa los Presupuestos Generales del Estado comprenderán los siguientes presupuestos:

  1. El presupuesto del Estado.
  2. Los presupuestos de los organismos autónomos de la Administración General del Estado.
  3. El presupuesto de la Seguridad Social.
  4. Los presupuestos de las agencias estatales.
  5. Los presupuestos de los organismos públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
  6. Los presupuestos de las restantes entidades del sector público administrativo estatal.
  7. Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica.
  8. Los presupuestos de las sociedades mercantiles estatales.
  9. Los presupuestos de las fundaciones del sector público estatal.
  10. Los presupuestos de las entidades públicas empresariales y restantes organismos públicos de esta naturaleza.

 El presupuesto de gastos sigue una triple clasificación con arreglo a los siguientes criterios:

– Las finalidades u objetivos que se pretenden conseguir (clasificación por programas).

– La organización del sector público estatal (clasificación orgánica).

– La naturaleza económica de los gastos (clasificación económica).

PRESUPUESTO DE INGRESOS

La clasificación orgánica de los ingresos permite distinguir entre los que corresponden a la Administración General del Estado, los de la Seguridad Social y los de cada uno de los organismos autónomos y demás entidades del sector público administrativo.

La clasificación económica agrupa los ingresos en función de su origen en operaciones corrientes, de capital o financieras.

 

En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado son el documento en el que se recoge la previsión anual de los ingresos y gastos del sector público estatal. Constituyen uno de los instrumentos más importantes de la política económica del Gobierno, en los que se plasman los objetivos estratégicos de las distintas políticas públicas y los recursos asignados para su cumplimiento.

Montoro abre la puerta a que se aplique el tipo máximo de IRPF desde 120.000 euros

De acuerdo con los expertos fiscalistas consultados, lo más probable es que dicho recorte implique que el gravamen máximo deje de aplicarse, como ahora, al segmento de la renta que supera los 300.000 euros y pase a gravar las ganancias a partir de 120.000.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio ayer una nueva pincelada sobre la reforma fiscal que presentará el mes que viene. El titular de Hacienda anunció desde Málaga que, en 2015, el IRPF se verá simplificado, de manera que reducirá su número de tramos desde los siete actuales a cinco.

Así, resulta previsible que se alcance ese nivel mediante la supresión de dos escalones creados por otros tantos Gobiernos de diferente ideología. Así, el séptimo tramo entró en vigor en 2012 por mandato del Ejecutivo de Mariano Rajoy, dentro de la estrategia de subidas de impuestos generalizadas con la que comenzó la todavía inacabada legislatura.

Ya antes, en 2011, cuando la situación financiera de las Administraciones españolas hacía aguas de forma clara, el entonces presidente José Luis Rodríguez decidió combatirla sumando dos nuevos tipos marginales: entre 120.000 y 175.000 euros el primero (con un tipo del 49 por ciento); entre 175.000 y 300.000, el segundo (51 por ciento de contribución).

Este último es el que también acumula muchas posibilidades de desaparecer. Ahora bien, de acuerdo con lo que ayer adelantó Montoro, su reforma fiscal no llegará más lejos en lo que a la simplificación del IRPF se refiere. En otras palabras, no es su intención volver a los cuatro segmentos vigentes antes de 2011, tal y como le recomendó, en marzo pasado, el grupo de expertos comandado por el catedrático Manuel Lagares y otras agrupaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales.

Lagares y sus sabios recomendaban también a Montoro que la reducción de tramos en el impuesto sobre la renta (en la cuantía que sea) no fuera sola y se acompañara de una rebaja del tipo marginal máximo vigente.

Un gravamen récord en la UE

Actualmente, los segmentos de renta que superan los 300.000 euros anuales están gravados al 52 por ciento, un porcentaje que bate marcas en Europa. De hecho, la media de la zona del euro se halla en el entorno de los 44 puntos porcentuales y, por países, solamente hay dos que superan a España (Suecia, con el 56,6 por ciento, y Dinamarca, con el 55,4) y uno que lo iguala: Holanda (consultar la información gráfica adjunta).

Es más, si se tienen en cuenta los tramos fijados en las comunidades autónomas, el gravamen se dispara. De hecho, en el caso de Cataluña, el tipo máximo del Impuesto sobre la renta se encarama a los 56 puntos porcentuales, es decir, uno de los más altos de todo el mundo y sólo comparable, dentro del Viejo Continente, con el nivel alcanzado por los suecos.

Prestando atención a Lagares

Es más que probable que Montoro siga esta recomendación de Lagares, ya que carecería de sentido que la reducción de tramos del IRPF supusiera ampliar el ámbito de aplicación del tipo máximo vigente actual del 52 por ciento.

Ayer en Málaga Montoro no entró en detalles sobre cuáles son sus planes a este respecto y, desde luego, tiene margen de recorte hasta quedar alineado con la media europea. Situarse en esa posición implicaría volver a la situación previa a 2011, cuando el gravamen de mayor cuantía no pasaba de los 43 puntos porcentuales.

Los expertos no ven factible que Hacienda esté dispuesto a llevar a cabo un recorte de esa envergadura. Es demasiado lo que está en juego en relación al IRPF, el tributo cuya recaudación ha aguantado, con diferencia, mejor la crisis, frente a los desplomes que ha sufrido especialmente la tributación indirecta.

Además, a este respecto, el ministro de Hacienda no dudó a la hora de reiterar que la reforma fiscal no tendrá nada que ver con nuevas subidas del IVA, por mucho que varios expertos, entre ellos el propio Lagares, hayan clamado en pro del «sacrificio» de subir los impuestos sobre el consumo para compensar la caída de ingresos que implicaría una rebaja de las cotizaciones sociales que impulsara la creación de empleo.

Tipos mínimos

Con todo, Montoro no puede limitar su actuación a una reducción de tramos y a una rebaja del tipo máximo en el IRPF, si no quiere que esa figura impositiva pierda progresividad, es decir, se vuelva más injusta en la medida en que perdería sensibilidad a la hora de discriminar quién tiene que pagar más en función de lo que ingresa.

En otras palabras, hay que actuar también sobre los contribuyentes que se sitúan en los escalones más bajos de renta. Caben, desde este punto de vista dos acciones. Por un lado, hay margen para bajar el tipo mínimo del IRPF. Actualmente, aquellas personas con ganancias no superiores a 17.707 euros brutos al mes tributan al 24,7 por ciento. De acuerdo con el informe Lagares, de marzo pasado, el gravamen más bajo se tendría que situar en las proximidades del 20 por ciento.

Por otro lado,también existe la posibilidad de incrementar las pérdidas de progresividad mediante un aumento de las rentas que se encuentran exentas completamente de presentar su declaración a la Agencia Tributaria. El Gobierno ya ha adelantado que el límite subirá hasta 12.000 euros.

fuente – eleconomista

Adios Cola Cao en Palencia

La dirección de Nutrexpa ha confirmado a los trabajadores de su planta de Palencia la posibilidad de cerrarla o de venderla a un tercero como alternativas que se bajaran para el futuro de la fábrica de batidos de Okey y Cola Cao.
El presidente del Comité de Empresa, Jaime Serrano, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que tras una reunión mantenida este miércoles «no ha habido buenas noticias» ya que la dirección de la empresa les ha confirmado sus peores temores, el posible cierre que ya denunciaron el pasado 28 de marzo.
Jaime Serrano ha afirmado que «se baraja el cierre como una de las alternativas» aunque también se ha hablado de la posible venta a terceros de la planta palentina.
«Puede ser que se lleve a cabo un cierre parcial y que solo se fabrique un producto por lo que solo necesitarían a la mitad de la plantilla», ha manifestado, algo que sabrán en un mes ya que será cuando reciban noticias de Barcelona, localidad donde se ubica la dirección de Nutrexpa, sobre el futuro de la planta de batidos.
«No van a contar con nosotros», ha asegurado Serrano, quien ha añadido que el Comité de Empresa ha ofrecido su ayuda para hablar con instituciones o pedir ayudas o subvenciones a lo que la empresa ha apuntado que «no es por dinero», aunque sí ha admitido que la fábrica tiene pérdidas pero que se están buscando «alternativas para reflotar la empresa».
Por otra parte, los trabajadores de la planta tienen previsto reunirse en las próximas horas y decidirán qué camino seguir, aunque no descartan «movilizaciones o concentraciones».
Precisamente coincidiendo con esta reunión, los trabajadores se han concentrado a las puertas de la fábrica con camisetas amarillas donde se podía leer ‘Cola Cao no al cierre’ y con pancartas que rezaban ‘No al cierre de Cola Cao Palencia’ o ‘A Nutrexpa Palencia no interesa’.

Las empresas que están despidiendo gente son las grandes. Las que por una parte quieren hacer recortes, pero las que mas representación tienen de los sindicatos y estos no hacen mas que dar por culo y acabas teniendo gente en cadena de montaje de batidos cobrando +1800€.

Las que mas contratan son las PYMES, las que apuran mas los sueldos y los costes desde el principio (puto empresario capitalista manipulador).

Fuente europapress

Moody’s y ‘The Economist’ alertan la deuda de españa

Moody’s y ‘The Economist’ alertan sobre la deuda española y desmontan el ‘España va bien’ de Rajoy

Tanto la agencia como la influyente revista auguran tiempos difíciles ante la necesidad de reducir deuda pública
Era cuestión de tiempo que tanto las agencias de calificación como los centros financieros comenzaran a situar el foco de alarma sobre la elevada deuda pública española. La razón es sencilla, en solo dos años de gobierno de Rajoy la deuda pública ha crecido tanto como durante los ocho años de Gobierno de Zapatero, crisis incluida. Hay una herencia recibida que perjudica mucho a Rajoy: Zapatero dejó la deuda pública en el 67% del PIB y ahora roza el 100%. tanto el Gobierno como la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional dan por hecho que superará esa cota histórica el año que viene.Aumentar deuda para reducir déficit
El Gobierno de Rajoy ha recurrido a un truco, tanto el plan de pago a proveedores como el plan de liquidez a Comunidades Autónomas se cargan a deuda pública para que no dispare el déficit, pero al final es dinero que España pide prestado en las subastas que acude el Tesoro y que hay que devolver. Ya en los Presupuestos Generales del Estado se contempla la mayor partida de la historia reciente solo para pagar deuda.
Pero además fondos, gobiernos y medios de comunicación extranjeros saben que Rajoy a disparado la deuda pública después de haber recortado 73.000 millones de euros del presupuesto y haber disparado los impuestos, luego algo falla en la gestión o sencillamente la economía no tira como debiera.

Moody’s: será “difícil y doloroso”
La agencia de calificación señala que la economía va por la senda correcta (es firme defensora del austericidio), pero ya coloca la lupa en la deuda y avisa de lo que va a venir: más recortes. Concretamente el informe de Moody’s asegura que la deuda pública seguirá creciendo hasta el 2016, advierte que por culpa de un “prolongado período de baja inflación” será “difícil y doloroso” reducirla.
Además la agencia afirma que la necesidad de desendeudamiento de todos los sectores de la economía española (públicos y privados) “limitará la velocidad de la recuperación”.

The Economist pinta un panorama muy negro
El último número de The Economist se publicó en plena Semana Santa española e incluye un análisis duro sobre la situación de la deuda soberana de la periferia europea, es decir considera que la prima de riesgo de los países del Sur está artificialmente baja y su situación es un espejismo. Concretamente la prestigiosa revista considera que los tipos de interés históricamente bajos (a cero en Estados Unidos y Reino Unido y al 0,5 en la zona euro), así como el temor a la deflación en la zona euro, lleva a los inversores a comprar deuda de España, Italia, Grecia o Portugal porque pagan mayores intereses.
Lo que explica es que los tipos de interés que paga el Tesoro por emitir deuda siguen siendo los más altos del mundo desarrollado, mientras que en España el Gobierno consigue colar titulares de gran demanda o el interés más bajo desde 2011. No se compara con los demás.

Operacion Alaya Fraude de los ERE

El Mundo: 

¿Cuál es el origen del caso de los ERE?

Los dueños del grupo de restaurantes La Raza denuncian que los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce le habían pedido comisiones ilegales en nombre de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En las cintas grababas se habla por primera vez del pago de una comisión a cambio de otorgar una subvención para la creación de una escuela de hostelería. La investigación saca a la luz la presencia de varios ‘intrusos’ en la lista de trabajadores beneficiados por las jugosas prejubilaciones subvencionadas por la Junta en el ERE de Mercasevilla, y es a raíz de éstas cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, decide investigar el ERE de Mercasevilla así como otros los expedientes de regulación de empleo (ERE) de otras empresas financiados igualmente con fondos públicos concedidos por el Gobierno andaluz.

¿Quién destapa el caso de los ERE

EL MUNDO de Andalucía destapó el escándalo de los ERE, primero cuando publicó que la Junta había financiado el ERE de Mercasevilla de manera ilegal» y, a continuación, cuando denunció que la Junta llevaba «diez años pagando prejubilaciones de manera ilegal».

¿Qué es el fondo de reptiles?

Se conoce como ‘fondo de reptiles’ a la partida 31L de los presupuestos de la Junta de Andalucía. De esa partida se pagaban las subvenciones a las empresas y a los trabajadores para que se prejubilaran con una especie de compensación, en algunos casos, muy generosa, a través de las denominadas ‘ayudas sociolaborales’. Fue el ex director general de Empleo, Javier Guerrero, el que en una declaración ante la Policía Nacional en diciembre de 2010 se refirió a esa partida como un «fondo de reptiles» del que, al parecer, se sacaba dinero a discreción sin mayores controles. Estamos hablando de una cantidad de fondos que podría rondar los 700 millones de euros.

¿Todas los ERE subvencionados eran irregulares?

Fue el propio gobierno de Manuel Chaves el que se encargó de que esas subvenciones a empresas y trabajadores eludieran los protocolos ordinarios legales. Para ello, el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el también ex consejero Antonio Fernández, que entonces era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmaron un convenio para darle aspecto de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la práctica suponía saltarse todos los protocolos formales. Se firmó el 17 de julio de 2001.

El Gobierno de Griñán, que invalidó el convenio dos años después de que saltara el escándalo, sigue sosteniendo hoy mismo que el procedimiento utilizado era legal. Sin embargo, el que fuera interventor de la Junta advirtió en varias ocasiones de las irregularidades que se amparaban bajo el convenio. Y lo hizo, internamente, hasta cinco años antes de que estallara el escándalo, con varios informes remitidos entre otros al consejero de Economía y Hacienda, que por aquel entonces era José Antonio Griñán. Al respecto Manuel Gómez ha llegado a afirmar: «El procedimiento violentó los más elementales principios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero que deben presidir el actuar de la Administración».


Mercedes Alaya.
¿Cuánto dinero se ha defraudado a las arcas públicas?

Pues si se tiene en cuenta que todas las ayudas concedidas de la partida 31-L son ilegales al tramitarse si el procedimiento previsto en la Ley de Subvenciones, se puede hablar de más de mil millones de euros de fraude (1.217 millones según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas). La investigación deberá dilucidar qué porcentaje de ese dinero llegó realmente al destino ‘confesado’, es decir a empresas y a prejubilados reales que; y cuánto se ‘perdió’ por las fugas de las cañerías, entre comisiones ilegales y subvenciones concedidas a empresas ‘pantalla’ integradas en la trama sin otro fin que el de ser receptoras de esos fondos públicos.

Por lo pronto, la Guardia Civil ha calculado que los comisionistas e intermediarios podrían haberse embolsado al menos 50 millones de euros. Llamativo en este sentido ha sido el registro realizado en una vivienda de uno de los más importantes implicados, el conseguidor y ex sindicalista Juan Lanzas. La Guardia Civil ha encontrado 82.000 euros en una caja escondida debajo de una cama.

¿Cuál es el papel de la cocaína?

Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del ex director general de Empleo, Javier Guerrero, declaró ante la policía que su jefe y él se gastaban parte del dinero de los ERE en comprar cocaína y en copas. Entre los últimos detenidos se encuentra Gregorio Martínez Piñero, que era quien supuestamente suministraba la cocaína a Guerrero y quien también cobró ayudas ilegales. Por otro lado, Antonio Albarracín, ex directivo de la empresa Vitalia, ha declarado que Guererro le pidió que colocara al ‘camello’ en la aseguradora.

¿Qué es la ‘operación Heracles’?

Dentro de la complejidad de la investigación que instruye la juez Alaya, se podría hablar de dos grandes bloques en la instrucción: por un lado, la que investiga el fraude en las ayudas repartidas entre falsos trabajadores y falsas empresas en crisis y, por otro, el que sigue la pista del dinero distribuido en comisiones entre todos los intermediarios en el proceso.

A finales de 2012, la juez Alaya abre una segunda vía de indagación, cuyo sumario se mantiene por ahora en secreto. Se ha podido conocer, sin embargo, que la magistrada busca a través de esta nueva línea de trabajo el destino final de las cuantiosas comisiones repartidas, para saber quién está detrás de todos los intermediarios conocidos.

En ese contexto, la Guardia Civil ha lanzado esta semana la denominada ‘operación Heracles’, que se ha saldado con 22 detenidos. La operación en ese sentido apunta a que el dinero pudo acabar, por un lado, en el entorno de la empresa Vitalia (más de mitad de los detenidos están relacionados con esta consultora), que a su vez podría haber desviado dinero a paraísos fiscales. Se investiga también a la empresa intermediaria Uniter; a los testaferros del conseguidor Juan Lanzas y, cómo no, al dinero que acabó en manos de un presunto traficante de cocaína.

¿Cuántos imputados hay en total y cuántos son políticos?

Antes de la última oleada de detenciones, el número de imputados era de sesenta. A ellos habrá que sumar los que resulten de las 22 detenciones y declaraciones de esta semana. Entre los imputados están los ex altos cargos Antonio Fernández (ex consejero de Empleo), Agustín Barberá (ex viceconsejero de Empleo), Javier Guerrero (ex director general de Empleo), y los ex delegados provinciales de Empleo Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Rivas. Además está imputado también el ex diputado socialista y ex dirigente del PSOE de Sevilla Ramón Díaz.

De ellos, sólo Guerrero y Antonio Fernández han pisado la cárcel por el caso de los ERE. Además, Antonio Rivas ha sido ya condenado por el cobro de comisiones en Mercasevilla. En esta última semana, la jueza ha vuelto a ordenar el ingreso en prisión, junto a otros, de Guerrero, además del directivo de Vitalia, Antonio Albarracín, del conseguidor Juan Lanzas o de su testaferro, Eduardo Leal.

También tenemos la noticia en:

El País
ABC

Y en definitiva en casi todos los periódicos de España y probablemente alguno de fuera.


Puedes debatir la parte ética o moral, la parte política, económica…. En definitiva esto esta muy podrido. Ni el napal no saca de esta hervidero de alimañas que nos toca de cerca….

Nos toca vivir con ello, porque no podemos exterminarlos, pero tampoco tenemos a nadie no corrupto que valga la pena poner… Esto es ya un horror sin salida.

Con que cara mira esa gente a los ciudadanos sabiendo que les han estado expoliando todo sin ningún remordimiento. No hablamos de 20 o 30 millones de euros … no. Mas de 700 millones … en fin.