Los consumidores podrán exigir el pago con tarjeta.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley sobre servicios de pago que obligará a los comerciantes y empresarios de restaurante y bares a tener a disposición de sus clientes datáfonos o sistemas alternativos al pago en efectivo para abonar cualquier transacción superior a los 30 euros. La medida legislativa puede suponer, a medio y largo plazo, una significativa reducción del fraude fiscal, según los expertos.

Aunque hay muchísimos empresarios y autónomos en España en comercios, bares y restaurantes con una gran conciencia fiscal, también es cierto que el sector se presta a distraer al fisco parte de la facturación. Hacienda lo sabe y, de hecho, hay una norma no escrita en el cuerpo de inspectores que casi obliga a abrir inspecciones a los establecimientos con porcentajes de pago en tarjeta inusualmente altos.

La facturación en negro está tan extendida en España que, desde hace años, se pueden adquirir programas informáticos que permiten decidir al final del día qué parte de la facturación en efectivo se declarará y cuánto se dejará al margen. Una vez decidido, la máquina genera los ticket necesarios para dar una apariencia de legalidad al local. Los programas de doble contabilidad o de doble uso pueden tener los días contados.

A partir de ahora, la obligatoriedad de todo empresario o profesional de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago como alternativo al dinero en efectivo elevará la recaudación por IVA y Sociedades, según Gestha. Aunque ahí no es donde se concentra el fraude –que, según la asociación, corresponde, en un 70%, a las grandes empresas–, la norma supone un avance más en la lucha contra el fraude y el lavado de dinero negro, sea cual sea el origen de este.

Además, la norma reducirá de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en el caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago. Igualmente, se recortará el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago a 15 días, frente a los dos meses que se establecía anteriormente.

Elaborado por María Alonso a partir de La vanguardia

El índice Big Mac: ¿Cuánto cuesta la famosa hamburguesa?

 

La famosa hamburguesa Big Mac cumple 50 años. La icónica hamburguesa de McDonald’s se empezó a vender en el año 1968 y desde ese momento no ha parado de reportar millones y millones para la cadena de comida rápida.

Según los datos de ‘Índice Big Mac’, los precios varían en función de la parte del mundo en la que nos sentemos a comer. En Europa los precios son estables, pero en el resto de países del mundo hay algunas diferencias. El índice permite compara el poder adquisitivo de distintos países donde se vende la hamburguesa.

Ucrania se convierte en el país más asequible, y cuesta 1,34€. Hay que tener en consideración que el índice cuenta solo con 56 países, por lo que podría haber países con índices menores.

Por detrás se encuentran Egipto, Malasia, Rusia, Taiwán y Sudáfrica.

La media mundial, en 3,2 euros

De ahí en más el precio se va encareciendo poco a poco. En México pasar por caja supone 2,10 euros; en India 2,30 (hamburguesa equivalente, al no servirse carne); en China 2,59; y en Japón 2,80.

Entre los 3 y 4 euros ya se divisan países europeos como República Checa (3,11), Portugal (3,20), Grecia (3,35), Austria (3,40) o España (3,95, que es la media de la zona euro). También destacan los países latinos como Colombia (3,13), Argentina (3,23), Costa Rica (3,29), Chile (3,50) o Uruguay (4).

Los precios se disparan hasta los 5,53 euros

El siguiente nivel de precios lo copan grandes países como Brasil (4,18), Canada (4,29) o Estados Unidos (4,31). Avanzando un poco más hay que ir al norte de Europa, ya que los precios trepan a 4,56 euros en Finlandia, 5 en Suecia y 5,10 en Noruega. El país con el Big Mac más caro medido en el índice es Suiza, donde cuesta 5,53 euros.

Así, sin salir de Europa se puede degustar el Big Mac más caro pasando por Ginebra y el más barato si se pasa por Kiev.

Elaborado por María Alonso a partir de La Vanguardia

La liberalización ferroviaria

El AVE de bajo coste entre Madrid y Barcelona que Renfe prevé poner en marcha el año que viene es sólo el avance de lo que está por venir en los próximos años en el sector ferroviario. La liberalización prevista para el 2020 en toda la Unión Europea abre la puerta a operadores privados que estimulen la competencia con precios más competitivos y transformen por completo el sector.

El enlace ferroviario entre Catalunya y el sur de Francia puede ser uno de los primeros en experimentar la revolución ferroviaria. Un estudio al que ha tenido acceso La Vanguardia sobre el potencial y la viabilidad de un servicio regional de altas prestaciones en la euroregión Pirineos Mediterráneo estima que se podría explotar el servicio sin tener prácticamente pérdidas con seis circulaciones diarias en cada sentido entre Barcelona y Toulouse y seis más con Montpellier. Los cálculos del informe apuntan una demanda potencial de hasta 3,8 millones de usuarios anuales, teniendo en cuenta que tanto los trenes de Toulouse como los de Montpellier pasarían por Perpignan, lo que supondría una docena de trenes con parada en la estación que Dalí calificó como “el centro del universo”. En total, 24 circulaciones diarias (12 por sentido) entre el sur de Francia y Barcelona, con parada siempre en Girona. Además, en la mitad de los casos podría finalizar el servicio en Lleida. Esto su­pondría un incremento úni­camente de 200.000 viajeros, aunque de esta manera tendría parada también en Camp de Tarragona y daría servicio así al conjunto de las cuatro capitales de provincia catalanas.

Un estudio avala la viabilidad de 12 trenes entre Barcelona y Toulouse y Montpellier

Renfe y su homóloga francesa, la SNCF, operan en cooperación desde el 2013 servicios que unen la capital catalana con Toulouse y Montpellier en alrededor de tres horas, así como con Lyon, Marsella e incluso París pero los altos precios y las escasas frecuencias de paso hacen que sea utilizado principalmente como un medio de transporte turístico. A Toulouse solo hay un tren al día y sale a las seis y media de la tarde, lo que lleva a los profesionales que deben viajar a esta ciudad a optar por el coche como medio de transporte. Un incremento de las frecuencias con mejores horarios y una rebaja de los precios haría atractivo el servicio para este perfil de viajeros en una euroregión con gran potencial económico que podría establecer muchas más sinergias entre las ciudades a ambos lados de la frontera si la conectividad fuese mejor.

El informe, encargado por el entonces conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, hace dos años, concluye que la empresa operadora del servicio tendría un déficit de explotación de 3,94 millones de euros, incluyendo los gastos y amortizaciones derivadas de la compra de los trenes necesarios para realizar la operativa. La Generalitat se muestra dispuesta a compensar en un primer momento este coste al posible operador privado para hacer atractivo el servicio, tal y como se hace con las líneas de autobús ­interurbanas operadas por ­empresas privadas. Esta subvención del gobierno catalán sólo ­podría aportarse durante un tiempo limitado ya que la legislación que regula la futura liberalización del 2020 pone algunos límites en este sentido.

Elaborado por María Alonso a parti de La Vanguardia

Bruselas mejora el crecimiento de España, pero prevé más déficit

La Comisión Europea ha elevado hoy tres décimas la previsión de crecimiento para España en 2018, hasta el 2,9 % del PIB, pero ha empeorado en dos décimas la de déficit hasta el 2,6%, según sus previsiones macroeconómicas de primavera.

Para 2019, se calcula que el crecimiento económico se “desacelerará” hasta el 2,4% (tres décimas más que en su última previsión) y que el déficit se situará en el 1,9% (dos décimas por encima de su última estimación).

La CE señala que el crecimiento en España se moderará en 2018 y 2019 tras un 2017 “robusto”, en el que el producto interior bruto (PIB) aumentó un 3,1% impulsado por el consumo privado y las exportaciones y las consecuencias de la crisis en Catalunya “se han mantenido contenidas hasta ahora”.

Las previsiones de la Comisión son más optimistas que las del Gobierno en lo que respecta al crecimiento, ya que el Ministerio de Economía prevé que en 2018 sea del 2,7% y en 2019 del 2,4%, pero son más pesimistas sobre déficit, dónde Madrid espera un desvío del 2,2% del PIB este año y del 1,3% el próximo.

Si se cumplen los pronósticos de Bruselas, España se quedará este año a cuatro décimas de cumplir su objetivo, pero aun así lograría dejar atrás la barrera del 3% considerado excesivo –sólo España en la UE sigue por encima de esta cota-, lo que le permitiría salir del programa de vigilancia comunitaria que conlleva.

La desaceleración vendrá por un descenso del consumo privado conforme aumenta el ahorro de las familias, mientras que el sector exterior, dónde prevé que aumenten las exportaciones pese a la apreciación del euro, seguirá contribuyendo al crecimiento, pero menos de lo previsto anteriormente.

En cuanto al déficit, Bruselas prevé que la reducción de impuestos para los salarios bajos, la subida de las pensiones más bajas y el aumento del 1,75% en los sueldos de los funcionarios incluidas en el proyecto de presupuestos para 2018 “disminuyan el ritmo de reducción del déficit”. También influirá la inversión ligada al rescate de las autopistas.

Por otro lado, la Comisión mejora sus previsiones sobre el paro, que espera se reduzca al 15,3% este año y al 13,8% en 2019, situándose en su nivel mínimo desde 2008, y calcula que los salarios empezarán a aumentar “progresivamente”.

Por el contrario, empeora las de deuda y apunta que solo se reducirá “ligeramente” al 97,6% este año y al 95,9% el próximo.

 

Elaborado por María Alonso a partir de La Vanguardia

La UE aprueba una ‘tasa turista’ de 7 euros para ciudadanos de países sin visado de entrada

Los gobiernos de la Unión Europea han aprobado la creación de un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) para que los ciudadanos de terceros países a los que no se les exige visado para entrar en la UE tengan que tramitar un permiso de entrada de 7 euros.

Los Veintiocho han dado su visto bueno al acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo, institución que todavía debe respaldar la medida en una sesión plenaria antes de que las nuevas normas entren en vigor.

Seguridad y fronteras más controladas

El Consejo de la UE, ha explicado en un comunicado que este sistema contribuirá a mejorar la seguridad interior, prevenir la inmigración ilegal, proteger la salud pública y reducir los retrasos en las fronteras gracias a la identificación de personas que puedan representar un riesgo en estos ámbitos antes de su llegada a las fronteras exteriores.

Permitirá hacer controles anticipados y, si fuera necesario, denegar la autorización de viaje a ciudadanos extracomunitarios procedentes de países exentos de visados que viajen al espacio Schengen.

Estos turistas deberán conseguir una autorización para viajar mediante una solicitud ‘online’. Por cada solicitud, los viajeros deberán abonar una tasa de autorización de viaje de 7 euros. Los datos expuestos en cada solicitud se contrastarán con las bases de datos de la UE con el objetivo de determinar si existen motivos para denegar la autorización de viaje.

En aquellos casos en los que exista algún tipo de duda o se necesite más información, la solicitud será tratada de forma manual por las autoridades competentes, que dispondrán de 96 horas para decidir sobre la expedición o la denegación del permiso de viaje.

Antes del embarque, los transportistas aéreos y marítimos tendrán la obligación de verificar que los nacionales de terceros países están sujetos a una autorización estén en posición de la misma.

No asegura la entrada

Esta obligación se aplicará también a los viajes en autobús tres años después del entrada en vigor del ETIAS. La autorización del viaje, en cualquier caso, no conferirá un derecho automático de entrada o estancia en el espacio Schengen, puesto que la decisión definitiva corresponderá a los agentes de fronteras.

Además, el permiso será válido durante un periodo de tres años o hasta el final de la validez del documento de viaje registrado durante la solicitud.

Elaborado por María Alonso a partir de El economista