ACS cobró el martes la indemnización de 1.350 millones de euros aprobada por el Gobierno por la suspensión del proyecto Castor. La cantidad ya ha sido abonada a la compañía que preside Florentino Pérez; una indemnización que en Catalunya ha generado dudas, hasta el punto de que el Govern prevé recurrirla al TC.
Por otro lado, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME) ha iniciado junto a otras asociaciones contactos con diversas fuerzas políticas del Congreso y el Senado con el objetivo de convencer a 50 diputados o senadores para que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la «deuda ilegítima» asociada al almacén subterráneo de gas de Castor.
La iniciativa ha sido presentada este jueves en Madrid por la PNME, la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma Ciudadana en defensa de las tierras del Senia, CECU, Equo y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, y cuenta con el apoyo de otros nueve colectivos, entre ellos Facua Catalunya y Ecologistas en Acción. Estas asociaciones ya han buscado apoyos en ICV, BNG y Compromís a su iniciativa y están entablando este mismo jueves contactos con otras formaciones para trasladarles su reivindicación sobre Castor, para la que están organizando además una recogida de firmas en Internet.
La indemnización por Castor que percibirá la empresa Escal UGS asciende a 1.350 millones y será cargada sobre el sistema gasista, esto es, sobre la tarifa de gas, durante treinta años, de modo que al cabo de este periodo y una vez computados los intereses, los consumidores habrán asumido el pago de 4.700 millones. Las asociaciones recuerdan que el proyecto provocó más de 400 terremotos y fue «mal planificado y mal ejecutado».
«Pese a ello, se pretende que toda la responsabilidad recaiga en la población, que ya padece las severas consecuencias del aumento del desempleo y los recortes sociales», señalan.
Ante esta circunstancia, exigen el «no pago de esta deuda ilegítima», piden a los parlamentarios que impugnen el real decreto ley que establece la indemnización antes del 3 de enero, cuando finaliza el plazo para hacerlo, y reclaman la «depuración de responsabilidades a todos los niveles en este cúmulo de despropósitos llamado proyecto Castor».
LaVanguardia
Comentario :
Me parece otro caso mas de la corrupción que vivimos en España. Es vergonzoso que tenga que pagar el Gobierno con dinero de todos los españoles, una indemnización millonaria a una empresa que no hizo bien su trabajo. Es indignante que el Gobierno firmara un contrato con la empresa , en el que había una cláusula en el que se tendría que indemnizar a la empresa aunque esta cometiera negligencias. Por lo tanto, esta empresa iba a cobrar la totalidad de su contrato hiciese o no bien su trabajo , es mas que lógico el resultado: una serie de negligencias de la empresa , hace que la central genere numerosos terremotos, poniendo en peligro la fauna marina y la población de la zona . Vergonzoso que nadie pague por estos millones tirados a la basura .
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