El Gobierno limita al 50% el gasto de los ministerios hasta que haya Presupuestos

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha establert un límit del 50% en l’import que poden gastar els ministeris i organismes autònoms aquest any fins que s’aprovin els pressupostos generals de l’Estat de 2018, segons el document que prorroga els comptes de 2017. La limitació es recolliria en els criteris d’aplicació de la pròrroga dels Pressupostos per 2018, que restringeix la tramitació de nous expedients de despesa en transferències corrents, inversions reals, transferències de capital i actius financers, sobre els quals els departaments ministerials no podran tampoc aprovar ni comprometre noves partides d’expedients ja iniciats un cop superat el 50% del crèdit inicial pressupostat.

http://www.lavanguardia.com/economia/20180112/434237467842/hacienda-gasto-ministerios.html

Uber ocultó durante un año un robo que afectó a 57 millones de cuentas

La startup pagó 100.000 dólares por borrar la información de los perfiles expuestos

 Uber, la startup más valiosa del mundo, con una estimación superior a los 50.000 millones de dólares, ha reconocido que hace un año sufrió un ataque informático que afectó a más de 57 millones de cuentas: siete millones de conductores y 50 millones de pasajeros de todo el mundo. Joe Sullivan, hasta hace unas horas máximo responsable de seguridad de Uber, es el primer damnificado del escándalo. El directivo ha sido despedido no solo por el error, sino por haber mantenido oculto el robo.

Entre los datos a los que tuvieron acceso los atacantes se encuentran las matrículas de algunos de los conductores y datos personales como nombres o números de teléfono. La empresa asegura que no se vieron comprometidos los números de seguridad social, el equivalente al número de identificación en España, o a la localización de los viajes. En el momento en que se perpetró el ataque, Uber estaba negociando con las autoridades de Estados Unidos cuestiones relacionadas con la privacidad de sus pasajeros.

En los últimos años este tipo de ataques a empresas de tecnología han sido una constante aunque al lado de los robos sufridos por Yahoo, Equifax o Target, el de Uber es menor.  La gravedad del escándalo se centra en la ocultación del suceso y en el pago a los atacantes en lugar de denunciar. Se esperan más bajas en el equipo de seguridad por este mismo motivo.

https://elpais.com/economia/2017/11/21/actualidad/1511304375_754484.html

El ERE del banco Santander tras la compra del Popular afectará finalmente a 1.100 personas

El banc Santander i els sindicats han tancat aquest dimarts la negociació de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que reduirà la plantilla conjunta de Santander i Popular a 1.100 llocs de treball, enfront dels 1.500 proposats en un principi. El sindicat UGT ha explicat en una nota que l’ERO afectarà finalment al 3,1% dels 35.000 treballadors que sumen les dues entitats després de la compra del Popular per part del Santander el passat 7 de juny, hores després de la seva resolució per part de les autoritats europees. Els signants de l’acord, UGT, CCOO, FITC i STS, que representen el 85,5% de la taula negociadora, es mostren satisfets pel «significatiu» retallada que suposen les mesures recollides en el mateix respecte a la proposta inicial plantejada pel Santander. El pacte assolit garanteix que els 1.100 llocs de treball es retallaran en els serveis centrals, de forma voluntària i amb indemnitzacions «atractives», ja que permet prejubilacions a partir de 55 anys amb el 80% del sou, mitjançant renda mensual i amb aportacions al pla de pensions sempre que es compti amb una antiguitat d’almenys 15 anys.

 

http://www.20minutos.es/noticia/3210215/0/santander-acuerdo-sindicatos-ere/#xtor=AD-15&xts=467263

Las negociaciones del ‘brexit’ no han concluido todavía y quedan asuntos importantes sobre la mesa por cerrar -desde el Tratado Euratom hasta la futura gobernanza o la cooperación judicial y policial- pero Londres y Bruselas se han puesto de acuerdo este viernes sobre los grandes elementos de la primera fase del divorcio que ahora deberán concretarse y cerrarse para octubre del 2018, según ha anunciado el negociador de la UE, Michel Barnier. El informe conjunto, validado a ambos lados del Canal de la Mancha, incluye compromisos sobre derechos de los ciudadanos, frontera de Irlanda y factura del divorcio.

1 / Una factura de 45.000 millones

Durante meses la factura fue el gran escollo de la negociación. Cuánto dinero tendría que aportar el Reino Unido para saldar las cuentas cuando abandone el club. El documento acordado no incluye cifras. “Nunca he citado cifras y no voy a empezar a hacerlo ahora porque no podemos calcular exactamente la cifra”, ha reiterado este viernes el negociador jefe europeo, Michel Barnier. Pero haberlas haylas y las estimaciones “razonables” que manejan en Bruselas oscilan entre los 40.000 y 45.000 millones de euros, un montante muy similar al que la semana pasada daban por bueno varios diarios británicos.

 

2 / Garantías para los ciudadanos

El pacto incluye garantías para los 3,3 millones de europeos que han decidido vivir en Reino Unido y los 1,2 millones de británicos que viven en otros países de la UE. Serán de aplicación recíproca, no habrá discriminación por nacionalidad y se aplicarán desde el 29 de marzo de 2019, la fecha de corte establecida por los negociadores, aunque podrá ser modificada y retrasada en función del período de transición.

Según el acuerdo, todos los ciudadanos que hayan llegado antes de la fecha de salida de Reino Unido podrán seguir trabajando y estudiando como hasta ahora. Los miembros de la familia -maridos, mujeres, hijos, padres- incluidos los niños que nazcan después de la fecha de salida tendrán derecho a la reunificación familiar y todos conservarán sus derechos a pensión, sanidad y prestaciones familiares incluso aunque se muden a otro Estado miembro. Además, Londres se compromete a crear un procedimiento para obtener el “estatus de asentado” en Reino Unido con un coste similar al que pagan los británicos por documentos similares, de unos 80 euros.

Las garantías quedarán recogidas en el Tratado de Salida, que será incorporado también a la legislación británica, mientras que Reino Unido creará una autoridad independiente para garantizar los derechos de los ciudadanos. El pacto garantiza que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) será el árbitro a la hora de interpretar la legislación comunitaria. Esto significa que los tribunales y jueces británicos tendrán que seguir las decisiones del Tribunal de la UE. Es decir, cuando exista jurisprudencia sobre un asunto, los jueces británicos deberán tomarla en cuenta. Cuando no exista, el juez británico tendrá la posibilidad de plantear una pregunta prejudicial al TJUE, un mecanismo que será válido durante un periodo de ocho años, un plazo que en Bruselas consideran “razonable” para construir una jurisprudencia coherente.

3 / No habrá «frontera dura» con Irlanda

Londres y Bruselas se comprometen a evitar el regreso de “una frontera dura” entre Irlanda e Irlanda del norte. Esto significa que, si no se encuentra otra solución en los próximos meses, Irlanda del Norte seguirá dentro de la Unión aduanera y el mercado interno de la UE para apoyar la cooperación entre el norte y el sur, la economía de la isla y proteger el Acuerdo de Paz de Viernes Santo. Además, los ciudadanos que residen en Irlanda del norte que sean ciudadanos irlandeses seguirán disfrutando de sus derechos como ciudadanos de la UE y Reino Unido se compromete a permitir la continuación del área común de viajes.

“Ahora necesitamos desarrollar soluciones creativas que funcionen”, ha explicado el negociador europeo, Michel Barnier. “Para tener éxito no solo necesitamos ser flexibles e imaginativos sino mostrar un sentido colectivo de responsabilidad”, ha recordado insistiendo en que cualquier negociación final deberá respetar la integridad del mercado único y la unión aduanera.

4 / ¿Cuáles son las siguientes etapas?

Si los 27 avalan en la cumbre de la semana que viene el contenido del pacto bilateral Bruselas-Londres la consecuencia directa será la desaparición de los obstáculos que impiden empezar a preparar formalmente la relación futura y el período de transición previo al que aspira el Gobierno británico. Theresa May quiere un plan de transición de dos años una vez que el Reino Unido abandone el club el 29 de marzo de 2019 para dar tiempo a ciudadanos y empresas a prepararse. Un período de tiempo en el que los británicos seguirán formando parte del mercado interior y la unión aduanera, seguirán pagando religiosamente al presupuesto comunitario y respetando sus obligaciones aunque el proceso de toma de decisiones en la UE será a 27.

Fuentes del Consejo estiman que los líderes de los 27 podrían dar vía libre a las nuevas directrices que acotarán el mandato negociador de Barnier en la cumbre prevista para el mes de febrero o marzo aunque todo dependerá “de la claridad” y la rapidez con la que responda el Reino Unido. En cuanto a la futura relación comercial, las discusiones solo podrán comenzar, insisten fuentes del Consejo, una vez que el Reino Unido se convierta en un país tercero. Y dado que Londres ya ha dejado claro que renuncia a seguir formando parte del mercado único, en Bruselas se inclinan por un acuerdo al estilo del tratado CETA pactado el año pasado con Canadá.

 

http://www.elperiodico.com/es/internacional/20171208/el-acuerdo-de-divorcio-ue-londres-en-tres-claves-6482005

Andalucía reclama una financiación que garantice una prestación igualitaria de servicios

«Andalucía no protesta por la aprobación del cupo vasco, pero sí lo hace, y de forma contundente, por la discriminación a la hora de abordar con la misma urgencia la financiación del resto de comunidades. La presidenta de la Junta. Susana Díaz, solo puede entender el retraso en abordar la cuestión por una táctica electoral del jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, a quien acusa de intentar pasar 2018 con una reducción del déficit a costa de los fondos de otras administraciones y llegar a las elecciones con “regalos fiscales”.

Las cuentas no le salen a la Junta andaluza. Un total de 200.000 habitantes de la comunidad no reciben un solo euro del reparto de fondos del Estado y acumula ya un déficit de financiación de 5.522 millones de euros, según la evaluación del Gobierno autonómico sobre el sistema actual. Con estas cifras, cada andaluz recibe anualmente unos 800 euros menos que el resto de los españoles, con la consecuente repercusión en la prestación de servicios.

Este es el análisis que la Consejería de Hacienda ha remitido al comité técnico permanente de evaluación, el grupo de trabajo creado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para revisar el modelo de reparto de fondos. “No es una propuesta porque es al Gobierno de Rajoy y al ministro Cristóbal Montoro a quienes les toca poner ya sobre la mesa, de manera urgente, una propuesta concreta para empezar a discutir el nuevo modelo de financiación”, ha afirmado la responsable del presupuesto andaluz, María Jesús Montero.

Andalucía reclama un ajuste de la distribución por población para que no haya andaluces que se queden sin fondos del Estado, “que no cuenten para el sistema”. “No se trata de pedir más, sino de participar en mayor medida de lo que se recauda a los ciudadanos con sus impuestos, y que prioritariamente prefieren que se financie la sanidad, la educación o la dependencia, las prestaciones por desempleo o las pensiones. El nuevo sistema debe garantizar la equidad, la suficiencia de recursos y la igualdad por habitante entre comunidades”, defiende Andalucía.

La Junta andaluza considera prioritario garantizar los recursos suficientes para financiar todas las competencias y no solo aquellas consideradas básicas. Del mismo modo, reclama que se asegure que los servicios sean iguales en todas las autonomías para evitar que un vecino de una región tenga acceso a prestaciones diferentes del de otra por el simple hecho de su residencia, así como evitar las “tensiones territoriales”.

En relación con el cupo vasco, Andalucía insiste en estar de acuerdo con el sistema, previsto en la Constitución, pero reclama “un recálculo de éste y de la aportación navarra a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados”.

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Comentario:

Después de la aprobación del pacto fiscal entre España y el País Basco la presidente de Andalucía ha mostrado sus diferencias por no tener en cuenta las necesidades de financiación del resto de Comunidades Autónomas del resto del territorio, en especial la de Andalucía.

Susana Díaz cree que los fondos del Estado están mal distribuidos y que debería haber una distribución mas equitativa para que haya mayor igualdad en la comunidad autónoma de Andalucía, que según ella hay andaluces que se quedan sin fondos del Estado.

Andalucía niega estar en contra del sistema foral Basco-Navarro pero cree que estos privilegios no deberían convertirse en beneficios economicos.