Los efectos comerciales de la independencia

Cataluña es un país muy abierto al exterior. Tanto la facturación catalana fuera de Cataluña como las importaciones provenientes del exterior (incluida el resto de España) son superiores al 60% del PIB catalán. El grado de apertura exterior de la economía catalana es, sin embargo, el grado que nos corresponde dado el tamaño de nuestra economía.

El comercio catalán muestra una preocupante dependencia del mercado español: aproximadamente el 50% de las exportaciones catalanas tienen el resto de España como destino. Los países europeos con tamaño similar a Cataluña muestran una mayor diversificación en el destino y origen de sus transacciones exteriores.

Un factor fundamental para entender la desproporcionada importancia del mercado español en el comercio catalán son las inercias creadas por el hecho de que la economía española permaneció cerrada al exterior durante gran parte del siglo XX. Un segundo factor importante para entender esta dependencia es la política de infraestructuras llevada a cabo por el Estado español, que se ha negado en repetidas ocasiones a financiar ciertos proyectos de infraestructura claves que habrían facilitado el comercio entre Cataluña y el resto de Europa. Un claro ejemplo es el reforzamiento del corredor mediterráneo. Una política de infraestructuras centralizadora conduce naturalmente a una centralización en los flujos comerciales.

La actual situación no debe ser permanente. A lo largo del tiempo, las inercias del pasado se irán diluyendo hasta alcanzar un equilibrio en el que Cataluña tendrá un grado de diversificación similar al de otros países y donde las transacciones con España deberían representar un porcentaje menor del total de ventas catalanas en el exterior. Aunque este proceso de diversificación podría ser considerablemente lento, de hecho ya es perceptible en los datos agregados del comercio catalán: el porcentaje de exportaciones catalanas con destino al resto de España ha bajado del 57% al año 2000 hasta el 47% en el año 2011.

Un proceso de independencia podría reducir el comercio entre Cataluña y el resto de España y acelerar este proceso natural de diversificación de mercados. ¿Qué pasaría si de repente dejáramos de vender en España antes de encontrar compradores en el resto del mundo? Qué efectos tendría esto para la economía de Cataluña? Esta preocupación es legítima y, dándose cuenta de ello, ciertos partidos políticos y sus analistas han tratado de atemorizar a los catalanes con cálculos catastrofistas que pronostican caídas del PIB catalán del 9, 16 o incluso 19 por ciento del PIB catalán. ¿Son verosímiles estas predicciones? Nuestra respuesta es un claro y contundente NO.

El punto de partida de los cálculos más catastrofistas consiste en señalar que las exportaciones catalanas al resto del Estado español constituyen una cifra superior al 30% del PIB catalán. Si la independencia conlleva una caída muy significativa (por boicots o animadversiones) en las compras de productos catalanes, se argumenta, el coste en términos del PIB catalán puede ser muy elevado también.

A menudo se olvida, sin embargo, que las exportaciones son una medida de producción o facturación y por tanto su valor incorpora no sólo el valor añadido por los exportadores, sino también el valor de los bienes intermedios utilizados en su producción. Algunos de estos bienes intermedios son producidos en Cataluña, pero otros son importados del extranjero (hay que recordar que dos tercios de las importaciones catalanas son bienes intermedios). Como consecuencia, el porcentaje efectivo de valor añadido o PIB catalán incorporado en las exportaciones catalanas en el resto de España es significativamente menor y se ha estimado en un 22.5% del PIB.

A menudo se olvida, también, que los bienes que no se puedan vender en el resto de España no se lanzarán a la basura. Los empresarios catalanes no se quedarán de brazos cruzados e intentarán vender su producción a mercados alternativos. Quizás a un precio rebajado, pero en todo caso a un precio positivo. Como consecuencia, la pérdida de valor añadido asociada con una caída de las ventas en el mercado español depende de la rebaja de precio que se debería hacer para vender estos productos al resto del mundo.

Para generar caídas del PIB del 9% como consecuencia de la independencia se ha de suponer que las exportaciones catalanas en el resto de España bajarán un 80% y que los productores catalanes deberán vender estos bienes a otros países a mitad de precio. De esta manera el boicot afectaría al 0.8 x 22.5 = 18% del valor añadido o PIB catalán, y de este valor añadido perderíamos una rebaja equivalente a 0.5 x 18 = 9%. Afortunadamente, estas hipótesis son simplemente absurdas y, por tanto, las cifras que generan también lo son.

Es inverosímil que las exportaciones catalanas en el resto de España llegaran a bajar un 80%:
a/ En primer lugar, un boicot de este tamaño tendría consecuencias gravísimas para la economía española y por tanto las amenazas de boicots sufren el mismo problema que las amenazas de dejar Cataluña fuera de Europa: no son creíbles. Es decir, ahora les interesa anunciarlas, pero cuando llegue el momento, debido a sus propios intereses encontrarán difícil llevarlas a cabo.
b/ En segundo lugar, es difícil pensar que los consumidores y empresas españolas hicieran boicot a las empresas multinacionales localizadas en Cataluña como Nestlé, BASF, Volkswagen, Nissan o Repsol porque sería difícil distinguir si los productos de estas empresas provienen de Cataluña o de otros lugares y los mismos españoles no querrían perjudicar las empresas de sus socios europeos (como Volkswagen) y, aún menos, sus propias (como Repsol). En 2006, el conjunto de empresas multinacionales con sede fuera de España aportaron un 40% de la facturación manufacturera catalana y un porcentaje no menor de las exportaciones catalanas. Esto quiere decir que un boicot a los productos catalanes difícilmente afectaría a más del 60% de las ventas en España.
c/ En tercer lugar, es razonable pensar que habría una mayor propensión al boicot por los bienes de consumo que los bienes de capital o intermedios. Los datos de exportaciones catalanas de 2011 muestran que sólo un tercio de las exportaciones catalanas están asociadas con bienes de consumo. Por tanto, en un caso extremo en el que el boicot afectara al 50% de los bienes de consumo y el 20% de los bienes de capital e intermedios producidos por empresas con capital mayoritariamente catalán, la caída de las exportaciones en el mercado español sería sólo del 0.6 x (1/3 x 50% + 2/3 x 20%) = 18%. Nosotros pensamos que los consumidores y empresas españolas son racionales y que por tanto no habría boicot. Pero quizás nos equivocamos. En cualquier caso, es muy improbable que un boicot afectara más del 18% de las exportaciones catalanas en el resto de España.

La evidencia empírica sugiere que la rebaja media de precio necesaria para vender los productos catalanes potencialmente boicoteados por España en el resto del mundo se encuentra en una horquilla que va del 10% al 40% siendo el 25% el valor utilizado por la mayor parte de economistas. Para calcular la incidencia sobre el PIB catalán también se debería tener en cuenta la parte de los costes de los servicios asociados con transportar estos bienes y servicios a los mercados extranjeros que no son pagados a empresas catalanas. Estimamos que estos costes pagados a extranjeros, que equivalen a una reducción en el precio neto de venta, serían como mucho un 10% del valor de las exportaciones.

Estas observaciones nos llevan a la conclusión de que, en el peor escenario posible, nos encontraríamos con una caída de ventas del 18% y necesitaríamos un rebaja del 40 + 10 = 50% en el precio para recolocar estas ventas. En este escenario tan pesimista la caída en el PIB catalán sería del 0.18 x 0.5 x 22.5 = 2.0%. En el caso más plausible en que la rebaja en el precio fuese sólo del 25 + 10 = 35%, la caída en el PIB catalán sería del 0.18 x 0.35 x 22.5 = 1.4% del PIB. ¡Y esta cifra se obtiene asumiendo que los bienes de consumo catalanes sufrirían un boicot casi 10 veces (60% vs. 6.5%) más elevado que el que sufrió el cava en 2005! En definitiva, cualquier escenario razonable indica que los efectos comerciales de la independencia tendrían un impacto muy pequeño sobre el PIB catalán, especialmente en comparación con el dividendo fiscal de la independencia, que recordemos es superior al 8% del PIB.

Algunos analistas han dibujado un escenario aún más catastrofista en la que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea, presumiblemente por el voto en contra de España. Para seguir en el mercado único y mantener la libre circulación de mercancías (es decir, por no pagar aranceles) Cataluña no necesitaría formar parte de la UE. Sólo debería firmar acuerdos bilaterales como los que tiene Suiza. Y los tratados de la UE estipulan que los acuerdos bilaterales de este tipo no exigen unanimidad, sino una mayoría cualificada. Además la legislación europea permitiría comenzar a negociar estos acuerdos antes de que Cataluña se convirtiera en un estado soberano.

A menudo se menciona que la independencia podría tener efectos sobre la localización de las empresas. Para contestar esta pregunta hay que preguntarse primero: ¿por qué querrían marcharse las empresas de Cataluña? Naturalmente, ante un escenario catastrófico de boicots generalizados donde las ventas al resto de España bajaran un 80% y el PIB catalán cayera un 9% es concebible que algunas empresas decidieran evitar el boicot todo “saltando la valla”. Hay que recordar, sin embargo, que la deslocalización es un proceso que conlleva costes fijos muy elevados que sólo serían amortizados si las empresas esperaran unos boicots de muy larga duración. Además, como hemos explicado antes, un escenario donde las ventas al resto de España cayeran un 80% es simplemente absurdo. Si el boicot terminara resultando en una caída pequeña del PIB, el efecto sobre la deslocalización de las empresas también sería pequeño

¿Podría ser que las multinacionales no quisieran quedarse en Cataluña por que nuestro mercado sería demasiado pequeño? Algunos de los países que han captado grandes flujos de inversión directa en los últimos años, como Irlanda o Bélgica, tienen economías de tamaño similar a la catalana. De hecho, las multinacionales sólo se preocupan del tamaño de una economía cuando esta economía está cerrada al exterior. Si como hemos argumentado antes, la caída en el comercio catalán fuera pequeña y además tuviera un efecto prácticamente nulo en las empresas con marcas extranjeras (como son las multinacionales), de nuevo el argumento del tamaño pierde fuerza.

Esto no significa, sin embargo, que en una Cataluña independiente no habría deslocalizaciones, movimientos de sedes en Madrid o cierres de empresas. Claro que habría, al igual que ha habido y  continuaría existiendo si Cataluña siguiera formando parte del Estado español. La cuestión clave en nuestra opinión es el efecto que la independencia catalana tendría sobre los incentivos de las empresas multinacionales a establecer nuevas operaciones en Cataluña y sobre los incentivos de los catalanes a crear nuevas empresas. En este sentido cabe señalar dos hechos. En primer lugar, la independencia dotaría el gobierno catalán de más discrecionalidad y recursos para llevar a cabo inversiones en infraestructura o políticas fiscales que incrementaran los incentivos de las empresas extranjeras a localizar su producción en Cataluña. En segundo lugar, y en materia de creación de nuevas empresas, es difícil imaginar que un futuro estado catalán instaurase unas regulaciones peores que las que existen actualmente en España. Sin ir más lejos, el informe “Doing Business”, publicado anualmente por el Banco Mundial sitúa a España en la posición 136 en un ranking de 185 países del mundo en términos de la facilidad de crear empresas nuevas.

 

conclusión: cada político extrae de los datos lo que les interesa para hacer creer a la población cosas que no son así ocultando parte de la verdad. Para conocer exactamente todos los datos deberías ser economista y además político. En cuanto a la independencia, tal como dice el artículo, es imposible que a Catalunya le fuera peor de lo que le va a España.

Fuente: colectivo Wilson

El consumo de carburantes cae un 4,3% en octubre: son niveles de los años noventa

El consumo de gasolina y de gasóleo se situó en 2,19 millones de toneladas en octubre, lo que supone un descenso del 4,3% con respecto al mismo mes del año anterior, según el avance provisional de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

De esta forma, la demanda de combustibles de automoción suma una nueva caída mensual y se sitúa ya en niveles de los años noventa. Desde el inicio de la crisis en 2007, y a pesar de la fuerte bajada de precios en 2009, el consumo de gasolina y gasóleo ha ido bajando mes a mes, salvo una única excepción puntual.

En octubre, los automovilistas demandaron 1,79 millones de toneladas de gasóleo, un 3,4% menos que en el mismo mes del año pasado, así como 404.000 toneladas de gasolina, lo que supone un descenso del 7,9%.

En el acumulado entre enero y octubre, la demanda ha caído un 6%, hasta 22 millones de toneladas, después de que el gasóleo sufriese un recorte del 5,8% en su consumo, hasta 17,8 millones de toneladas, y la gasolina, del 6,9%, hasta 4,14 millones de toneladas.

Subida del IVA y bajada de precios

Durante el mes de octubre, los consumidores han tenido que afrontar la subida del IVA del 18% al 21% en vigor desde septiembre, si bien durante ese mes se produjo una fuerte bajada de precios, del 7%, que alejó los precios de este combustible de los máximos del verano.

Los combustibles de automoción se han carecterizado tradicionalmente por una demanda inelástica, capaz de mantenerse en niveles parecidos pese a las variaciones del entorno económico. No obstante, la crisis está demostrando que su consumo es inelástico ante cambios en el precio, pero no ante la renta disponible de las familias, que ha caído en los últimos años y que ha rebajado los desplazamientos en coche.

 

Conclusión: podemos observar como el gasoleo o la gasolina son productos inelásticos pero, aunque no se ven muy afectados por el precio porque las familias con coche necesitan este producto, no es inelástico ante la renta disponible de las familias. Si las familias estan bien económicamente y sube el precio, probablemente se quejaran pero lo consumirán igualmente, en cambio, si las familias no tienen suficiente dinero, dejaran de coger menos el coche e intentaran ahorrar lo máximo posible, y es por eso por lo que la demanda de este producto ha bajado tanto.

Fuente: el economista

La crisis mueve a cientos de diseñadores a vender sus productos en Internet

Cientos de jóvenes diseñadores españoles, que elaboran todo tipo de productos artesanales de moda, accesorios o joyería, han optado por sacarlos a la venta en Internet para evitar la inversión que supondría abrir una tienda, lo que ha permitido a muchos convertir su hobby en una alternativa laboral.

La plataforma europea Dawanda es un ejemplo de éxito de este tipo de iniciativas, ya que desde que se creó en España a principios del pasado mes de septiembre exhibe más de 30.000 productos “hechos a mano” de unos 1.300 diseñadores.

Fundada en Alemania en 2006, su crecimiento ha sido imparable: cada mes es visitada por nueve millones de personas, ofrece más de dos millones de productos de 150.000 diseñadores de toda Europa y está disponible en alemán, inglés, francés, español, italiano, holandés y polaco.

Sus señas de identidad son los productos únicos, elaborados artesanalmente, nunca con producción industrial, algunos de los cuales pueden ser hechos a medida especialmente para el cliente.

Se puede encontrar moda, accesorios, bolsos, joyas, bisutería, artículos para el hogar, prendas para bebés y niños, papelería y un sinfín de productos procedentes de toda Europa que se renuevan a diario, con precios para todos los bolsillos y costes reducidos de envío, en algunos casos gratuitos.

El director de Dawanda en España, Alberto Lorente, ha explicado a Efe que cada día se abren en esta plataforma 30 nuevas tiendas ya que constituye una buena alternativa laboral para diseñadores profesionales o semiprofesionales, sin necesidad de inversión previa.

“La mayoría de los diseñadores españoles que venden en Dawanda no tienen tienda física, muchos son ilustradores, arquitectos o tienen un trabajo remunerado pero dedican unas horas a su pasión, la fabricación de productos artesanos, lo que les permite además sacar un dinero extra“, ha comentado.

Existen otras plataformas similares en España como Artesanio, que se publicita como “la web de las cosas hechas a mano”, Buscolook la página de prendas de moda de jóvenes diseñadores, o Artesanum, “la tienda de artesanías y manualidades del mundo”.

La ventaja de Dawanda es que se trata de la web de productos artesanos “líder en Europa“, lo que permite descubrir y comprar miles de artículos en todo el continente, según su director, y abre el mercado a los diseñadores españoles, que pueden multiplicar así sus oportunidades de negocio.

En España las ventas están empezando, pero en otros países europeos como Alemania, donde es más conocida, los productores se dedican a tiempo completo a sus ventas en Internet y consiguen distribuir decenas de miles de artículos anuales.

 

Conclusión: aunque en España todos estos asuntos van un poco atrasados, podemos ver como muchos jóvenes se buscan la forma de poder dedicarse a lo que les gusta y poder sacar dinero de ello. Sacar sus productos a la venta por internet en una página de las características de Dawanda, es muy positivo ya que pueden ganarse un dinero y sin necesidad de inversión previa, que de otra forma con la situación actual pocos podrían dedicar-se a esto con una tienda física. Además si les va bien y la gente empieza a conocerlos pueden abrir una tienda física y ya tendrán la experiencia con sus productos. De todas formas, cada vez se compra más por internet y es una buena salida para vender los productos propios.

 

Fuente: el economista

Independencia y pensiones: La mentira más innoble

 

esta noticia expone que:

De todas las falsedades que se escuchan en el actual debate sobre la independencia, la que dice que “si Cataluña se independizara los abuelos catalanes no cobrarían las pensiones” es la más innoble. Quitar el sueño a unos abuelos indefensos simplemente para ganar votos o para impedir que se lleve a cabo una consulta democrática no es aceptable. Este comunicado pretende aclarar la verdad sobre las pensiones y explicar por qué el miedo que algunos intentan generar no tiene ninguna justificación.

En términos generales, podemos decir que hay dos tipos de sistemas de pensiones en el mundo: de capitalización y de reparto. En un sistema de capitalización, el dinero que cotizan los trabajadores se deposita en un fondo de capital (de ahí el nombre) que a su vez se invierte en activos financieros que generan intereses. Este fondo se recupera el día que el trabajador se jubila y entonces se utiliza para pagar su pensión. Algunos países en el mundo tienen un sistema de pensiones basados en un fondo de capitalización. España NO es uno de ellos.

España tiene un sistema de reparto. En este sistema las cotizaciones de los trabajadores de hoy se reparten (de ahí el nombre) entre los jubilados (y otros pensionistas, como viudas, huérfanos o incapacitados) de hoy. Es decir, la generación que trabaja es la que finanza la generación de pensionistas: el dinero que los jubilados de hoy cotizaron cuando eran jóvenes ya se utilizaron en su día para pagar las pensiones de los jubilados en aquel momento. Por tanto, las cotizaciones que los jubilados de mañana han pagado durante su vida laboral no se acumulan en ningún sitio. Y, por tanto, dado que ni el gobierno ni la Seguridad Social españoles tienen el dinero que se utilizará para pagar las pensiones de los jubilados de mañana, tampoco podrán evitar que los jubilados catalanes cobren las pensiones en el supuesto de independencia.

 

Si Catalunya fuera independiente y decidiera mantener el sistema actual de reparto, los trabajadores catalanes cotizarían en la seguridad social catalana y el dinero de estas cotizaciones serviría para pagar las pensiones de los catalanes. Es decir, quien garantiza que los jubilados catalanes cobrarán sus pensiones no es ni el gobierno español ni la Seguridad Social española sino los trabajadores catalanes. Y dado que en una Catalunya independiente habría trabajadores, en una Catalunya independiente las pensiones estarían garantizadas.

 

La pregunta, por tanto, no es si las pensiones en una Catalunya independiente se cobrarían sino si serían más altas o más bajas que las que hay en una Catalunya dentro de España. Como ya hemos dicho antes, en un sistema de reparto, la pensión que cobra cada jubilado es el resultado de repartir todo el dinero que cotizan los trabajadores entre todos los jubilados. El total de dinero recaudado en concepto de cotizaciones de un país depende de:

a) el número de trabajadores que cotizan
b) el salario de estos trabajadores
c) el porcentaje de su salario que se dedica a la Seguridad Social (el “tipo de cotización“)

El total de cotizaciones recaudadas se reparten entre la población pensionista. Por tanto, la pensión que recibirá, en promedio, cada pensionista será más alta:
a) cuanto mayor sea la relación entre número de trabajadores ocupados y número de pensionistas
b) cuanto más alto sea el salario medio
c) cuanto más alta sea el tipo de cotización

En Catalunya el número de trabajadores ocupados por pensionista es de 2,54. En España hay 2,48 trabajadores por pensionista.  Esta diferencia, aunque pequeña, se explica porque Cataluña tiene una tasa de ocupación más elevada que España, pese a que un mayor porcentaje de la población es pensionista (debido sobre todo a una tasa de empleo más alta en el pasado) .
Por otro lado, el salario medio anual en Catalunya es de 24.449 euros, mientras que en España es de 22.790 euros. Por tanto, si una Catalunya independiente mantuviera los tipos de cotización a la Seguridad Social actuales, los ingresos totales por cotizaciones divididos por el número de jubilados resultarían en una pensión media significativamente más alta que la cifra calculada para España. Exactamente, la pensión media en una Catalunya independiente podría ser un 10% superior a la que se obtiene quedándonos en España y ello sin aumentar los tipos de cotización.

Esto nos lleva a una conclusión muy clara: si Catalunya fuera independiente, no sólo las pensiones estarían garantizadas sino que incluso podrían ser más altas que formando parte de España.

Para constatar esto con datos históricos, observemos el saldo que Catalunya ha tenido con la Seguridad Social (en sentido amplio, incluyendo prestaciones de desempleo) española en los últimos tiempos. Este saldo es la diferencia entre lo que los beneficiarios de prestaciones catalanes reciben de la Seguridad Social y la cantidad que los trabajadores catalanes cotizan. Los cálculos de este saldo se muestran en el cuadro siguiente. 

De este cuadro podemos destacar dos cosas. Primera, Catalunya ha sido deficitaria cuatro años: 1995, 1996, 2009 y 2010. Esto ha llevado a algunos analistas a decir que la “Seguridad Social española ha tenido que rescatar Catalunya”. Algunos han tomado los datos de 2010 (déficit de 2.142 millones) y los han utilizado para “demostrar” que una Catalunya independiente no podría pagar las pensiones! La idea propuesta en este caso es que: “dado que los beneficiarios catalanes han sacado más dinero de la Seguridad Social del que han aportado los trabajadores con sus cotizaciones, son las cotizaciones de los trabajadores españoles las que han servido para rescatar a los abuelos catalanes. Sin las aportaciones de los españoles, los catalanes no habrían podido cobrar las pensiones! “. Este argumento no aguanta el mínimo escrutinio porque si miramos la segunda columna vemos que no es cierto que los trabajadores españoles hayan tenido que pagar las pensiones de los catalanes porque España sin Catalunya todavía ha tenido un déficit mayor: 26.317 millones de euros. Trece veces mayor que el déficit catalán.

¿Qué pasó el 2010 (y en 2009)? Hay que entender que en épocas de crisis el total de cotizaciones baja porque, al aumentar el paro, hay menos gente que cotiza. Además hay un aumento de las prestaciones de desempleo, que hace que aumenten los gastos. Con la crisis que comenzó en 2008 el paro subió en toda España. Las cotizaciones bajaron en todas las comunidades y las prestaciones de desempleo aumentaron y esto generó déficits en todas partes. La Seguridad Social fue, por esta razón, deficitaria en su conjunto.

¿Cómo se pudieron pagar las pensiones y susbsidios de desempleo catalanas de 2009 y 2010? Pues con las aportaciones netas que habían hecho de más a los trabajadores catalanes antes de la crisis. Y esta es la segunda cosa que debemos resaltar del cuadro de arriba: entre 1995 y 2008, Catalunya sumó un total de 28.168 millones de euros de superávit. Una fracción ínfima de esos 28.168 millones de más que habían pagado a los trabajadores catalanes es la que se utilizó para pagar el déficit catalán. Esto contrasta con lo ocurrido en el resto de España, que entre 1995 y 2008 había sumado unas pérdidas de 38.084 millones. Si a todo esto le añadimos el déficit de 48.248 de 2009 y 2010, tenemos que la Seguridad Social española sin Cataluña acumuló un déficit estratosférico de 86.332 millones de euros.

La conclusión del análisis de los saldos de la Seguridad Social para Catalunya y España es que, si Catalunya hubiera sido independiente entre 1995 y 2010, la Seguridad Social catalana hubiera podido disponer de 24.773 millones de euros de más.

Este dinero se hubiera podido utilizar para reducir las cotizaciones de los trabajadores catalanes (con el objetivo de estimular el empleo y de atraer inversión), para constituir un “fondo de reserva propio” (ver más abajo) o para pagar unas pensiones más altas a los jubilados y otros pensionistas catalanes. De hecho, si este dinero se repartiera entre todos los pensionistas catalanes actuales tocaría, en promedio, 20.439 euros a cada uno de ellos. 

Los datos del saldo de Catalunya con la Seguridad Social española (en sentido amplio) pueden analizarse desde otra perspectiva: durante el período 1995-2010 las contribuciones catalanas han sido un 9% más altas que las prestaciones recibidas por catalanes (pensiones y desempleo) de media. Dicho de otro modo: si Catalunya hubiera sido independiente las pensiones y prestaciones de desempleo habrían podido ser un 9% más altas.

El drama del fondo de reserva de la Seguridad Social española. La población española envejece. De hecho, la población de la mayor parte de países occidentales envejece. La razón es que en los años 50 y 60 del siglo XX (justo después de la segunda guerra mundial) la tasa de natalidad aumentó mucho, un fenómeno conocido como el “baby boom“. Como de eso ya hace 60 años, los niños del “baby boom” ya empiezan a tener edad de jubilarse. Como la generación que sigue a la del “baby boom” es relativamente pequeña, las proyecciones demográficas indican que en pocos años habrá muchos jubilados por trabajador. Esto podría crear problemas en la Seguridad Social.

Anticipando las tensiones que la jubilación de los niños del “baby boom” creará sobre las pensiones, la Seguridad Social española decidió ahorrar una parte de las cotizaciones y crear un pequeño fondo llamado “fondo de reserva“.La idea era que, como se preveía que cuando se jubilara la generación del baby boom, las cotizaciones de los jóvenes no serían suficientes para pagar las pensiones, se procedería a ahorra algo de dinero cada año que se pondrían en el “fondo de reserva”. Esta reserva se utilizaría sólo cuando se jubilara la generación del baby boom.

En el caso de España, este fondo de reserva  tiene tres problemas muy graves. El primero es su tamaño: es muy pequeño. A finales de 2011 este fondo sólo tenía 66.000 millones de euros, una cantidad ridícula ya que supone unos 1.500 euros por ciudadano español. El segundo problema del fondo de reserva es que está desapareciendo rápidamente como consecuencia de los déficits de la Seguridad Social causados por la crisis. El tercer problema del fondo de reserva es que, en lugar de invertir el dinero en un lugar seguro, el 90% del dinero del fondo se han destinado a comprar deuda del Estado español, ya que a éste le resultaba difícil colocar esta deuda entre los inversores privados. Es decir, si el gobierno decidiera ir a buscar el dinero del fondo de reserva para pagar pensiones, encontraría que en lugar de dinero hay pagarés del propio gobierno. Tenemos, pues, un pez financiero que se muerde la cola y que hace que, el monto de dinero “de verdad” en el fondo de reserva sea tan pequeño que se ha convertido en algo prácticamente irrelevante a la hora de garantizar pensiones futuras.

Conclusión: este análisis detallado, perfectamente explicado y con números reales hace comprender mucho mejor el tema de las pensiones y saca muchos conceptos útiles para entender como funciona esto de verdad. Por otra parte es la primera vez que he oído hablar de los dos tipos de pensiones que se pueden llevar a cabo, personalmente preferiría la de capitalización ya que así se garantizarían pensiones sin que fueran afectadas por la pirámide poblacional, y además cada uno tendría una pensión según lo que hubiese trabajado durante su vida, así la gente se vería obligada a trabajar más y mejor para asegurarse una mejor pensión.

Fuente: Colectivo Wilson 

Sólo el 38% de los españoles cree en la viabilidad del sistema de pensiones

Esta noticia expone que sólo el 38% de los españoles cree en la viabilidad del sistema de pensiones, mientras que el resto se muestra pesimista, hasta el extremo de que un 6,6% cree que las probabilidades de que la Seguridad Social quiebre son altas.

Así se refleja en el Observatorio Caser correspondiente a 2012, en el que se señala que, si bien sólo el 39% de los españoles sabe lo que es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, los que sí lo conocen muestran su preocupación ante su uso. En concreto, el 42% de los que lo conocen califican como grave esta opción, para el 54% es preocupante y para el 4% es normal.

En este contexto, la aseguradora indica que la mayoría de los encuestados, el 57%, cree que la Seguridad Social reducirá las pensiones pero no desaparecerá, cosa que sí estima un 17%, valor similar al de 2011 y dos puntos más que en 2010. Además, el 47%, un porcentaje superior al del año pasado que fue del 43%, piensa que las pensiones son escasas y con ellas pasaría necesidad.

Por otro lado, el Observatorio explica que el ahorro privado de los españoles para su jubilación ha caído este año dos puntos respecto a 2011 y cinco desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis, de tal forma que ahora el porcentaje de españoles que no dedica parte de su ahorro a una pensión futura alcanza el 66%, frente al 61% que no lo hacía en 2008.

El estudio pone de manifiesto que la agudización de la crisis en 2011 y los pronósticos que auguran un estancamiento de la economía, al menos hasta 2014, han repercutido otra vez en este tipo de ahorro, y el porcentaje de españoles que no ahorra ha seguido aumentando. No obstante, del 66% de españoles que declaran que no están ahorrando para su jubilación, el 32% reconoce que sí lo hizo en el pasado. Además, la mitad de ellos asegura no haber gastado ese ahorro.

Así, el estudio de Caser llega a la conclusión de que el dinero destinado a la jubilación no es uno de los primeros que se reduce cuando una familia entra en dificultades. En cuanto a las causas aludidas por los españoles para no ahorrar, está como novedad este año el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que ha tenido un doble efecto.

Por una parte, de 2010 a 2012 se ha incrementado en diez puntos el número de españoles que se consideran demasiado jóvenes para ahorrar, pasando del 36% al 46%, pero a su vez ha disminuido el porcentaje de personas que pensaban que eran demasiado mayores para empezar a ahorrar, que ha bajado del 23% al 14%.

Los 65, edad idónea para jubilarse

Paralelamente, el Observatorio de Caser ha comenzado a percibir cómo los españoles van admitiendo como idónea la edad legal de jubilación a los 67 años. En cualquier caso, todavía más de la mitad de la población, el 52%, sigue pensando que la edad idónea para establecer la edad legal de jubilación se sitúa en los 65 años y un representativo 19% la fijaría en los 60, especialmente en el caso de profesiones duras.

Entre las razones que hacen imposible el ahorro, las de índole laboral vuelven a aumentar pasando del 55% al 70%, coincidiendo con el aumento de la tasa de paro, que alcanza ya al 25% de la población activa.

En cuanto a las previsiones que tienen los españoles de ahorrar para la jubilación en el futuro, el 79% manifiesta que querría hacerlo, en línea con el dato de 2011, pero sólo el 58% considera que le será posible. La edad media prevista para hacerlo se sitúa en 44,5 años y la cuantía media anual estimada asciende a 2.451 euros.

Sin embargo, el 33% de los ahorradores considera que dicho ahorro será insuficiente para cubrir las necesidades que tenga cuando se jubile. El 31% lo ve equilibrado, un 24% lo califica de suficiente, y sólo un 7% lo ve muy insuficiente.

Conclusión: teniendo en cuenta la pirámide poblacional española se hace imposible poder pagar las pensiones porqué no hay suficientes personas en edad de trabajar para cubrir las pensiones que hay que pagar debido a que la piramide de población está invertida. Muchas personas no conocen esto y se dejan llevar por lo que dicen los demás o las noticias sin analizar lo que les puede pasar. otros observan este fenómeno y quieren ahorrar por si acaso pero debido a la actual crisis y la elevada tasa de paro muchos no pueden ahorrar para su jubilación porqué apenas pueden pagar ahora lo que tienen que pagar.

Fuente: el economista

 

Seis reformas clave para que China pueda cambiar de modelo económico

Esta noticia es sobre la situación de China, y expone que, a partir de ahora, el reto de los mandatarios del país asiático será mantener el crecimiento o, al menos, hacer aceptable una desaceleración controlada. Los futuros dirigentes chinos tendrán que responder a un desafío formidable: ¿cómo mantener el ritmo de crecimiento del que ha gozado el país a lo largo de los últimos diez años?

Esta y otras preguntas crean debate. Así lo atestiguan los fragmentos de artículos que se publican a continuación en colaboración con China Analisis. Única publicación en Europa que se apoya en fuentes en lengua china, esta revista bimestral, editada por la asociación de investigación Asia Centre, expone los puntos de vista de personalidades de la República Popular China, de Hong Kong y de Taiwan sobre la política interior y la economía chinas.

1. Reducir el peso de las empresas públicas

“En 2011, la renta bruta agregada de las empresas públicas chinas alcanzaba los 30.300.000 millones de yuanes, el 64% del PIB chino. Estas empresas representaban una parte considerable de la economía nacional. Según el Instituto de Investigación Económica Tianze, durante el período 2001-2009 habían registrado una tasa de rendimiento anual media del 8,16 por ciento.

Sin embargo, cuando a estos cálculos se les restaban las subvenciones estatales recibidas, su rendimiento caía espectacularmente a -6,29 por ciento. Por tanto, hay que reorganizarlas.”

2. Replantear la política energética

“Según Yang Fuqiang (un investigador, NDLR), en 2009 China se había convertido en el primer país consumidor de energía en el mundo y, en 2011, representaba ya más del 20 por ciento del consumo de energía primaria mundial. Además, el país también trata de ralentizar el crecimiento de su demanda doméstica.

Según el investigador Yang-Mingzhou, el estallido de los monopolios de las grandes empresas del Estado debería permitir la instalación de mecanismos transparentes de formación de los precios.”

3. Modernizar con urgencia el sistema financiero

La crisis ha engendrado grandes oportunidades para China, pero ha revelado, asimismo, las debilidades estructurales de su sistema económico. El acceso a la financiación de actores económicos privados capaces de desarrollar el mercado interior es difícil, la oferta de servicios financieros es limitada y, por tanto, la oferta de crédito no puede ser satisfecha a través de las vías habituales.

El gobierno debe mejorar la oferta de servicios financieros y romper el monopolio de la industria financiera para permitir una variedad de establecimientos financieros.

4. Poner estricto freno a la corrupción

Entre los 183 empleados superiores de 19 ministerios y comisiones, 56 ya han tenido una experiencia de management en alguna empresa del Estado. Esta situación crea conflictos de intereses. Numerosos políticos son nombrados por turnos a la cabeza de empresas públicas y pueden por tanto utilizar sus relaciones para hacer que su empresa, en base a cuyos resultados son juzgados, disfrute de un trato de favor. Esta politización también crea oportunidades de búsqueda de ganancias que el gobierno debe imperativamente esforzarse en juzgar estrictamente.

5. Conciliar la expansión y el medio ambiente

“Los objetivos del XII Plan en materia de protección del medio ambiente serán difíciles de alcanzar: el año 2011 ha visto los ahorros de energía progresar en sólo un 2,01 por ciento. Además, el investigador Yang Fuqiang subraya que el consumo energético y las emisiones de CO2 aumentarían respectivamente en un 26,2% y un 17,7 por ciento en relación a 2010.

Para alcanzar estos objetivos de ahorro de energía y de protección del medio ambiente, China necesita dotarse de una nueva estructura de recursos energéticos “limpia y baja en carbono”.

6. Construir una verdadera política social

Desde la reforma fiscal de 1995, que limita fuertemente los ingresos de los gobiernos locales, éstos se encuentran en una situación de tensión creciente entre la sociedad y las administraciones, evaluadas éstas en gran parte en base a su capacidad para mantener la estabilidad social.

Así pues, esta postura incita a los gobiernos locales a adoptar una lógica de “cero incidentes” que los lleva más a tratar de impedir que los niveles superiores estén al corriente de los problemas, que a tratar de solucionar estos mismos problemas.

Conclusión: China ha crecido mucho en los últimos años, pero no podrá seguir a estos niveles de crecimiento siempre, así que hay que vigilar y cambiar algunos problemas para que el país mejore, como la corrupción, la política medioambiental, modernizar el sistema financiero, aumentar el numero de empresas privadas, etc.

Fuente: el economista

Plan de empleo para los jóvenes

El Gobierno creará un Contrato para la Formación y Aprendizaje y la FP Dual

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual, a propuesta de los ministerios de Empleo y Seguridad Social y Educación, Cultura y Deporte.

Según ha indicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con este decreto el Gobierno pretende “mejorar la formación y hacerla más profesional”. Asimismo, ha destacado que el objetivo es “cambiar las fórmulas que permitan a más jóvenes tener una formación y que ésta esté más vinculada a la empresa”, así como atender a los trabajadores “sin cualificación“.

 ministra de empleo Fátima Báñez

Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado la “esperanzadora” evolución que está teniendo el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, del que ha dicho que ya se han firmado 37.310 desde que en febrero entró en vigor la reforma laboral. El Consejo de Ministros, ha aprobado un real decreto que desarrolla, dentro de la denominada formación dual, dicho contrato.

Según Báñez, si se compara el dato con el del mismo período del año anterior los contratos de formación han crecido un 4%. En cuanto a los últimos meses, ha detallado que en tasa interanual se ha pasado de una subida del 7% entre junio y julio a un 23% en agosto y a un 38,8% en septiembre.

La titular de Empleo ha precisado además que los jóvenes con estudios primarios que han sido contratados con esta modalidad se han incrementado un 63%. Por tanto, ha afirmado que en estos primeros meses que lleva en vigor la reforma laboral se está consiguiendo lo que se perseguía: formar a los jóvenes con menos estudios y dotarles de mayor empleabilidad.

Duración del contrato:

Según ha recordado, el contrato para la formación y el aprendizaje tiene una duración de entre uno y tres años y cuenta con la “máxima protección social”, ya que incluye la cobertura por desempleo, por lo que ha descartado que se trate de un “contrato basura”.

Su duración sólo podrá ser menor (de seis meses) si así se pacta en un convenio colectivo y los beneficiarios son jóvenes de entre 16 y 30 años debido a la crisis, ya que cuando la tasa de paro baje al 15% sólo se podrán firmar con personas de hasta 25 años.

El 25% de la jornada es de prácticas laborales durante el primer año, mientras que en el segundo y el tercero es del 15%. Si se firma con personas discapacitadas, la duración máxima será de hasta 4 años y el 25% del tiempo de trabajo efectivo podrá dedicarse a rehabilitación, habilitación o ajuste personal o social.

En cuanto a las ayudas que lleva aparejado, Bañez ha dicho que, si pasados tres años el contrato sigue en vigor, se transforma en indefinido y supone que por cada uno de los años que ha durado se bonifica con 1.500 euros (1.800 si se trata de una mujer).

Además, las empresas de menos de 250 trabajadores no pagarán las cuotas a la Seguridad Social por esos trabajadores y las de una plantilla superior sólo el 25%.

La formación se adaptará a las necesidades de las empresas, lo que supone conjugar mejor la oferta con la demanda. Al respecto, Bañez ha sostenido que a mejor formación, más estabilidad y mayores salarios.

Conclusiones: esto supone una ayuda para reducir el índice de jóvenes en paro, y a su vez, da una mejor posibilidad a aquellos que tienen unos estudios bajos. Está muy bien para las empresas que no tengas que pagar seguridad social y cuenten con más ventajas.

Esta ayuda es muy útil para aquellos que no tengas estudios pero actualmente hay muchos jóvenes en paro que si tienen estudios, y deberían beneficiar los a ellos también ya que han trabajado duro para conseguir un trabajo y un salario mejor.

Fuente: el economista.