Con la victoria de Sánchez en las elecciones del pasado 28 de abril se ha empezado a despejar el futuro fiscal.
De momento, lo que sabemos es que Pedro Sánchez ha trasladado a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad para los próximos cuatro años, de 2019 a 2022, y en él se recoge un aumento de la presión fiscal valorado en 26.000 millones, lo que supone elevar el porcentaje desde el 35,1 por ciento actual del Producto Interior Bruto (PIB) al 37,3 por ciento en 2022, tres décimas más del máximo que lo situó José Luis Rodríguez Zapatero durante su gobierno, a razón de 5.654 millones de euros cada año empezando desde 2020. IRPF, sociedades, patrimonio y la introducción de nuevas tasas a las transacciones financieras y a empresas tecnológicas son las novedades. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) cree que de la batería de impuestos que contempla el plan algunos son de difícil aplicación, como es el caso del impuesto a las transacciones financieras por la lentitud de su imposición. «Ya lo contemplaba el ministro de Hacienda del anterior Gobierno, Cristóbal Montoro».
A lo que se une el Brexit. «Falta por ver qué hará la sociedad financiera: si se traslada o no fuera de Reino Unido». Aunque Ricardo Perpiñan, secretario general de Asefiget (la asociación de asesores fiscales y gestores tributarios), matiza que igual que hay margen para subidas, «también lo hay para rebajas si se modera el gasto público y se ataja el fraude fiscal y la economía sumergida».
Elaborada por Sofia Valencia.
Fuente: Inversión & Finanzas
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