El Gobierno eleva las cuantías exentas de IRPF para las ayudas por comida y las becas de estudios

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Se establece una nueva retención del 19% en la transmisión de derechos de suscripción preferente y la devolución telemática del IVA a los turistas será obligatoria desde 2019.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto para modificar los reglamentos de distintos impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), en el que eleva las cuantías de las ayudas por comida y de las becas por estudio exentas del IRPF.

En el caso concreto del Reglamento del IRPF, se incrementa el límite exento de las becas públicas y las concedidas por entidades beneficiarias de mecenazgo para cursar estudios. La actual dotación económica exenta de 3.000 euros se eleva a 6.000 euros anuales y hasta los 18.000 euros anuales si la beca tiene por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente, o hasta 21.000 euros anuales cuando, además, se trate de estudios en el extranjero.

La dotación exenta de las becas para la realización de estudios de doctorado se eleva hasta los 21.000 si se cursan en España o a los 24.600 si se efectúan en el extranjero.

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LOS MUERTOS SIGUEN PAGANDO IRPF?

¿Declaran IRPF los fallecidos? Sí, y lo deben hacer al año siguiente de su muerte sus herederos o cónyuge durante la campaña de la Renta como si fuera un contribuyente más. A la familia se le genera el derecho o la obligación de cobrar o pagar, tras la liquidación del IRPF.

La muerte de un contribuyente no le libera de las obligaciones tributarias con Hacienda. Los fallecidos en 2016 deben presentar su declaración en la modalidad individual, ya sea vía web o presencial, durante la actual campaña de la Renta. Por fines prácticos la Agencia Tributaria endosa este trámite a los herederos legales.

Según la normativa del IRPF, la defunción genera una ganancia patrimonial a favor de los herederos por la diferencia entre el valor de los bienes en el momento del fallecimiento y el que tenían en el momento en que fueron adquiridos por el causante que debe declararse con la presentación de la Declaración de la Renta. El proceso es parecido al que debe realizar cualquier contribuyente, con las mismas exenciones y derechos a deducciones, pero con algunas peculiaridades.

Los españoles dedican el 39,5% de su salario al pago de impuestos y Seguridad Social

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El 39,5% del salario de los trabajadores españoles se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social en 2016, frente al 36% de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según el informe ‘Taxing Wages 2017’ publicado por esta organización.

Mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los salarios se redujo 0,07 puntos porcentuales respecto a 2015, en España aumentó 0,09 puntos debido al aumento del impuesto sobre la renta.

En concreto, el IRPF pesó un 11,6% sobre el salario, frente al 13,4% de la media de la OCDE. Por su parte, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas supusieron el 23% (14,4% en el conjunto de la OCDE) y las abonadas por los trabajadores, un 4,9%.

Clasificación

Así, España se coloca en el décimo quinto puesto de los países con mayor cuña fiscal de la OCDE, en un ranking encabezado por Bélgica, donde a los trabajadores se les retiene el 54% de su salario. Los belgas son los únicos que deben transferir a la Administración y la Seguridad Social una suma mayor de su salario de la que ellos reciben en neto.

Por detrás de Bélgica, los países con mayor diferencia entre salario bruto y neto son Alemania, donde se retiene el 49,4%, Hungría (48,2%), Francia (48,1%), Italia (47,8%) y Austria (47,1%).

También por delante de España se encuentran Finlandia (43,8%), República Checa (43%), Suecia (42,8%), Eslovenia (42,7%), Letonia (42,6%), Eslovaquia (41,5%), Portugal (41,5%) y Grecia (40,2%).

Entre el 30% y el 40%, se sitúan Estonia (38,9%), Luxemburgo (38,4%), Turquía (38,1%), Países Bajos (37,5%), Dinamarca (36,5%), Noruega (36,2%), Polonia (35,8%), Islandia (34%), Japón (32,4%), Estados Unidos (31,7%), Canadá (31,4%) y Reino Unido (30,8%).

Por último, los países de la OCDE con cuñas fiscales más bajas son Chile (7%), Nueva Zelanda (17,9%), México (20,1%), Suiza (21,8%), Israel (22,1%), Corea del Sur (22,2%), Irlanda (27,1%) y Australia (28,6%).

COMENTARIO:

La evasión fiscal y los salarios extremadamente bajos están a la orden del día en España. Una retención de un 39,5% en impuestos no parece que sea la solución a los problemas del país. Muchos millones de euros descansan en paraísos fiscales pudiendo estar en las arcas públicas españolas. Reducir el IRPF sería la mayor de las soluciones. Poniendo unos porcentajes coherentes una infinidad de personas se pensarían dos veces las triquiñuelas legales que se llegan a inventar.

Por otro lado, en España hay un gran número de personas con salarios muy bajos. Si además se les retiene un 39,5% de su renta la situación social nunca va a mejorar. No estamos desarrollando la educación, la sanidad, etc. debido a una falta de capital. La solución no creo que pase por seguir aumentando los impuestos y ahogando a los ciudadanos.

Fuente: elEconomista.es

Montoro abre la puerta a que se aplique el tipo máximo de IRPF desde 120.000 euros

De acuerdo con los expertos fiscalistas consultados, lo más probable es que dicho recorte implique que el gravamen máximo deje de aplicarse, como ahora, al segmento de la renta que supera los 300.000 euros y pase a gravar las ganancias a partir de 120.000.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio ayer una nueva pincelada sobre la reforma fiscal que presentará el mes que viene. El titular de Hacienda anunció desde Málaga que, en 2015, el IRPF se verá simplificado, de manera que reducirá su número de tramos desde los siete actuales a cinco.

Así, resulta previsible que se alcance ese nivel mediante la supresión de dos escalones creados por otros tantos Gobiernos de diferente ideología. Así, el séptimo tramo entró en vigor en 2012 por mandato del Ejecutivo de Mariano Rajoy, dentro de la estrategia de subidas de impuestos generalizadas con la que comenzó la todavía inacabada legislatura.

Ya antes, en 2011, cuando la situación financiera de las Administraciones españolas hacía aguas de forma clara, el entonces presidente José Luis Rodríguez decidió combatirla sumando dos nuevos tipos marginales: entre 120.000 y 175.000 euros el primero (con un tipo del 49 por ciento); entre 175.000 y 300.000, el segundo (51 por ciento de contribución).

Este último es el que también acumula muchas posibilidades de desaparecer. Ahora bien, de acuerdo con lo que ayer adelantó Montoro, su reforma fiscal no llegará más lejos en lo que a la simplificación del IRPF se refiere. En otras palabras, no es su intención volver a los cuatro segmentos vigentes antes de 2011, tal y como le recomendó, en marzo pasado, el grupo de expertos comandado por el catedrático Manuel Lagares y otras agrupaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales.

Lagares y sus sabios recomendaban también a Montoro que la reducción de tramos en el impuesto sobre la renta (en la cuantía que sea) no fuera sola y se acompañara de una rebaja del tipo marginal máximo vigente.

Un gravamen récord en la UE

Actualmente, los segmentos de renta que superan los 300.000 euros anuales están gravados al 52 por ciento, un porcentaje que bate marcas en Europa. De hecho, la media de la zona del euro se halla en el entorno de los 44 puntos porcentuales y, por países, solamente hay dos que superan a España (Suecia, con el 56,6 por ciento, y Dinamarca, con el 55,4) y uno que lo iguala: Holanda (consultar la información gráfica adjunta).

Es más, si se tienen en cuenta los tramos fijados en las comunidades autónomas, el gravamen se dispara. De hecho, en el caso de Cataluña, el tipo máximo del Impuesto sobre la renta se encarama a los 56 puntos porcentuales, es decir, uno de los más altos de todo el mundo y sólo comparable, dentro del Viejo Continente, con el nivel alcanzado por los suecos.

Prestando atención a Lagares

Es más que probable que Montoro siga esta recomendación de Lagares, ya que carecería de sentido que la reducción de tramos del IRPF supusiera ampliar el ámbito de aplicación del tipo máximo vigente actual del 52 por ciento.

Ayer en Málaga Montoro no entró en detalles sobre cuáles son sus planes a este respecto y, desde luego, tiene margen de recorte hasta quedar alineado con la media europea. Situarse en esa posición implicaría volver a la situación previa a 2011, cuando el gravamen de mayor cuantía no pasaba de los 43 puntos porcentuales.

Los expertos no ven factible que Hacienda esté dispuesto a llevar a cabo un recorte de esa envergadura. Es demasiado lo que está en juego en relación al IRPF, el tributo cuya recaudación ha aguantado, con diferencia, mejor la crisis, frente a los desplomes que ha sufrido especialmente la tributación indirecta.

Además, a este respecto, el ministro de Hacienda no dudó a la hora de reiterar que la reforma fiscal no tendrá nada que ver con nuevas subidas del IVA, por mucho que varios expertos, entre ellos el propio Lagares, hayan clamado en pro del “sacrificio” de subir los impuestos sobre el consumo para compensar la caída de ingresos que implicaría una rebaja de las cotizaciones sociales que impulsara la creación de empleo.

Tipos mínimos

Con todo, Montoro no puede limitar su actuación a una reducción de tramos y a una rebaja del tipo máximo en el IRPF, si no quiere que esa figura impositiva pierda progresividad, es decir, se vuelva más injusta en la medida en que perdería sensibilidad a la hora de discriminar quién tiene que pagar más en función de lo que ingresa.

En otras palabras, hay que actuar también sobre los contribuyentes que se sitúan en los escalones más bajos de renta. Caben, desde este punto de vista dos acciones. Por un lado, hay margen para bajar el tipo mínimo del IRPF. Actualmente, aquellas personas con ganancias no superiores a 17.707 euros brutos al mes tributan al 24,7 por ciento. De acuerdo con el informe Lagares, de marzo pasado, el gravamen más bajo se tendría que situar en las proximidades del 20 por ciento.

Por otro lado,también existe la posibilidad de incrementar las pérdidas de progresividad mediante un aumento de las rentas que se encuentran exentas completamente de presentar su declaración a la Agencia Tributaria. El Gobierno ya ha adelantado que el límite subirá hasta 12.000 euros.

fuente – eleconomista