Industria congela ahora el ajuste de las tarifas eléctricas pactado con el PNV

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Las casi 800 empresas vascas que iban a ver reducidos sus costes eléctricos tras elacuerdo alcanzado en mayor por el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV tendrán que esperar. El compromiso publicitado por ambas partes y celebrado especialmente por destacados miembros del Gobierno vasco como el lehendakari, Iñigo Urkullu, o la consejera Arantxa Tapia tenía como fecha de entrada en vigor el 1 de enero y suponía un cambio en la ubicación tarifaria de empresas acopladas a redes de distribución eléctrica de entre 25 kilovatios a 30 kilovatios. El Ministerio de Industria que tendría que aplicar el citado acuerdo alega ahora que para compensar el descenso de ingresos que supondrá su aplicación resulta imprescindible contar con unos nuevas cuentas para 2018 en los que se incluya una consignación presupuestaria.

El Ministerio de Industria, que dirige Álvaro Nadal, pretende llevar a la práctica la rebaja del coste de la energía eléctrica del que podrían estar ya disfrutando 5.800 empresas en el conjunto de España, pero advierten de que aún no resulta viable ponerlo en marcha porque sería necesario contar con unos Presupuestos que contemplen recursos para compensar estos cambios en los peajes al consumo de energía por las empresas. «El acuerdo con el PNV era meter esta partida para compensar la reducción de los costes en los Presupuestos Generales de 2018», sostienen fuentes del Ministerio de Industria que recuerdan las palabras de Álvaro Nadal en Barcelona dipuesto a rebajar los costes de las industrias españolas para aumentar su competitividad.

Las estimaciones de ajuste para las empresas vascas con alto consumo energético se estimaban en unos 50 millones de euros y, según Industria, es necesario contar con un presupuesto en 2018 para habilitar esta partida con la que se compensaría la leve reducción de ingresos para las compañías eléctricas que supondría esta medida. Una rebaja en el coste energético de empresas con un alto consumo que el PNV presentó como uno de los grandes logros conseguidos a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado con los votos de sus cinco diputados.

El equipo de Álvaro Nadal tiene muy presente el acuerdo cerrado en mayo de 2017, pero se remiten una y a otra vez a un presupuesto en 2018 como la única posibilidad para activar una compensación económica que dé soporte al cambio tarifario. Un ajuste en el coste final de la energía eléctrica para las empresas vascas que reclaman tanto el PNV como el Gobierno vasco, que se mantienen expectantes ante los próximos movimientos del ministro de Industria pero que consideran que el acuerdo suscrito en mayo es ajeno a la aprobación de un nuevo presupuesto del Estado en 2018. En principio, el Gobierno vasco seguirá insistiendo en la supresión de la tarifa 6.1.B en la que se hallan las empresas vascas con mayor consumo para incluirlas en la 6.2. Desde el PNV también se analiza cuál será finalmente la solución que adopte Industria para ejecutar el citado acuerdo de mayo de 2017. Entre las posibilidades que se contemplan desde Sabin Etxea es que el ajuste del coste energético para estas empresas -hasta 5.800 en el conjunto de España- pueda tener carácter retroactivo con fecha 1 de enero.

Pero el retraso ya real respecto a la fecha anunciada ha alertado a colectivos como la plataforma energética KV 25/30 que ayer advirtió hay 1.250 empresas afectadas en España por su inclusión en la tarifa 6. 1.B. pero que, además, también recordó que otras 4.500 con tarifas de 25 kilovoltios arrastran un sobrecoste en sus facturas eléctricas que se eleva hasta los 250 millones de euros en su conjunto. Un hándicap que «lastra su competitividad de manera gravísima», según denunció este grupo en el que se encuentran patronales como SEA, la asociación de empresas de Fundidores o los Metros de Bilbao y Barcelona entre otros.

 

Creación propia a partir de: EL MUNDO

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El Ibex 35 termina la semana en verde a pesar de la subida del euro

Las bolsas europeas cierran en positivo la última jornada de la semna.  Un +0,26% es lo que suma el Ibex 35 este viernes.La bolsa española ha proseguido de esta manera aunque haya subido el euro.

 

 

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Hoy hemos conocido cifras de inflación. España finalizó 2017 con el IPC en el 1,1%, mientras que EE.UU. lo hizo en el 2,1%. En el macroeconómico no faltarán tampoco citas importantes, que del mismo modo procederán fundamentalmente de EEUU.

Terfrisa suspende pagos con 107 millones de deuda

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Frigorífics de l’Empordà (Terfrisa), compañía cárnica con sede en Vilamalla (Alt Empordà), presentó antes de fin de año concurso de acreedores en Girona con una deuda de 107 millones de euros. La empresa, que ya estaba en preconcurso desde agosto, ha pedido en su escrito al juez Hugo Novales que abra ya el proceso de liquidación, que ­propone llevar a cabo a través de la adjudicación directa de la ­unidad productiva a Frigorífics Costa Brava, del Grupo Cañigueral. La oferta, que ya obra en poder del juzgado y que permi­tiría salvar el negocio y toda la plantilla, no es pública, aunque fuentes conocedoras de la misma la calificaron ayer de “dura, pero digna”.

El juez declaró ayer el concurso de acreedores de Terfrisa y de su filial Carns Figueres –asesoradas ambas por Roca Junyent Advocats–, cesó a los admi­nistradores y otorgó la administración concursal al despacho Cuatrecasas. El grupo cárnico, con una plantilla de 94 personas y ventas de 70 millones el año pasado, está controlado por la familia Compte y participado con un 25% por la familia Ca­sademont.

Es una situación difícil para todos los stakeholders que tiene la empresa, por la incertidumbre que tienen y todos se preguntan ¿Qué pasará ahora?

Elaboración propia La Vanguardia

La Justicia europea da la razón a los taxistas y considera a Uber una empresa de transportes

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Uber es una empresa de transportes y no una mera plataforma tecnológica, ha dictaminado esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia que da la razón al gremio de los taxistas y que se traducirá en cambios en los requisitos que las autoridades pueden exigir a la compañía estadounidense para prestar sus servicios y, más allá, a las condiciones regulatorias en general de la llamada ‘economía’ colaborativa en el territorio comunitario. La naturaleza de su actividad está “indisociablemente vinculada a un servicio de transportes”, han concluido los jueces europeos en un duro golpe al modelo de negocio de Uber, una multinacional participada por inversores como Goldman Sachs.

La disputa afecta en concreto al servicio Uber Pop, por el que particulares sin licencia de taxi ofrecen sus servicios de transporte a potenciales clientes a través de una app, una modalidad que la empresa ha tenido que dejar de ofrecer en casi toda Europa –España incluida– ante las prohibiciones decretadas por las autoridades locales o nacionales. Hasta hoy no estaba claro que este tipo de servicios –tal y como Uber los vendía, al margen de la reglamentación específica para el sector del transporte colectivo con el argumento de que sólo ofrece un servicio de intermediación– fuera contrario al derecho comunitario. La sentencia echa por tierra las esperanzas de la empresa de resucitar el servicio, actualmente sólo accesible en Polonia, República Checa, Eslovaquia y Rumanía.

El caso llegó hasta Luxemburgo a raíz de una denuncia de presentada en juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona por la Asociación Profesional Élite Taxi, que pedía la prohibición total en España de las operaciones de Uber, a la que acusaban de competencia desleal. El juez español elevó a la Justicia europea una pregunta sobre cómo calificar los servicios prestados por Uber, si como servicios de transporte, servicios propios de la sociedad de información o una combinación de ambos. La sentencia, publicada esta mañana, es de aplicación en todo el espacio económico europeo y no puede ser recurrida.

Duro golpe para el modelo de negocio de la compañía estadounidense

El Tribunal de Justicia de la UE declara que un servicio de intermediación como el que ofrece Uber “que tiene por objeto poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas” para realizar un desplazamiento urbano “está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte”. Debe por tanto calificarse como tal y no dentro de la aplicación de servicios en general o relativos al comercio electrónico, sujeto a menos requisitos. “En el estado actual del Derecho de la Unión, incumbe a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de estos servicios, siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, afirma el Tribunal.

El servicio prestado por Uber, argumenta la sentencia, “no se limita a un servicio de intermediación”. Al mismo tiempo que se pone en contacto a personas se crea “una oferta de servicios de transporte urbano” accesible mediante herramientas informáticas en la que la empresa, lejos de ser un actor externo, “ejercer una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores”. La app de Uber es “indispensable tanto para los conductores como para las personas que desean realizar un desplazamiento urbano” y forma “parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte” que no responde a la calificación de «servicio de la sociedad de la información», como defendía Uber para evitar estar sujeta al régimen de licencias profesionales clásico.

Elaboración propia a partir de La Vanguardia

El primer peaje para camiones de España empieza a cobrarse hoy en Guipúzcoa

Los camioneros denuncian la alta cuantía del nuevo peaje, que oscilará entre 0,33 y 0,44 euros por kilómetro.

El primer peaje que se cobrará en España sólo a la circulación de camiones comenzará a aplicarse este martes, 9 de enero, en tramos de las carreteras N-1 y A-15 a su paso por la provincia de Guipúzcoa.

Unos 12.000 vehículos pesados de más de 3,5 toneladas afrontarán diariamente el pago de esta tasa, impuesta por la Diputación Foral, de los que unos 8.000 corresponden al tráfico internacional de mercancías que entran y salen del país por el paso fronterizo de Biriatou, según datos del sector.

Las asociaciones de transportistas de mercancía que conforman el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) prevén convocar nuevas movilizaciones en contra del nuevo peaje, que serán continuación del paro secundado la pasada semana en esta provincia vasca.

Se trata de la primera ocasión en que se aplica en España un peaje de este tipo, exclusivo para vehículos pesados, a pesar de que ha sido introducido en otros países europeos.

En concreto, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Suiza aplican el peaje en función de los criterios fijados por la UE, lo que se denomina ‘Euroviñeta’. Otros países la cobran en determinados tramos de varios de sus carreteras. Se trata de Polonia, Alemania, Portugal, Bélgica, Austria, Eslovaquia y Bulgaria.

En España, el Gobierno central mantiene que imponer este tipo de tasas no está actualmente en sus planes. Respecto a la que se cobrará en Guipúzcoa, el Ministerio de Fomento asegura que el Ejecutivo no tiene margen de actuación sobre la medida, dado que ha sido tomada por la Diputación Foral en el marco de sus competencias.

“Tienen competencias para tomar decisiones en materia de tráfico y la capacidad del Gobierno para poder actuar es nula, porque esas competencias y esa decisión corresponde al Gobierno vasco”, indicó el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, en unas recientes declaraciones.

Impacto en exportaciones y precios
De su lado, los transportistas advierten de los “inmediatos efectos perjudiciales e inflacionistas” que este coste añadido para el sector tendrá en la competitividad de la economía, dado que puede afectar a la exportación de los productos españoles e incrementar el precio final de los bienes.

Los camioneros rechazan así el nuevo peaje, que consideran una “doble imposición fiscal” sobre un sector que, según asegura, ya es “de los que mayores cargas fiscales y sociales soporta” a pesar de ser “estratégico para el país por su aportación a la industria y el comercio, y como generador de riqueza y empleo”.

En concreto, la CNTC calcula que el transporte de mercancías por carretera aporta anualmente a las arcas del Estado más de 12.000 millones de euros a través de distintos impuestos.

Además, los camioneros denuncian la alta cuantía del nuevo peaje (de entre 0,33 y 0,44 euros por kilómetro) y que su recaudación (unos 30 millones de euros al año) no revertirá en su beneficio.

No obstante, en paralelo a la convocatoria de nuevas movilizaciones contra este peaje, las patronales están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se pronuncie sobre el recurso que en su día interpusieron en contra de la tasa, por considerar que vulnera las directivas europeas en materia de tarificación de infraestructuras.

EXPANSION

OPINION PERSONAL 

Me parece una buena idea, ya que de esta forma podemos aportar más dinero a la economía española, lo cual comporta un pago obligatorio para los transportes pesados, camiones.

Creo que esta acción tendría que haber-se aplicado antes cuando estábamos en plena crisis y de esta forma poder ayudar a la economía.

Estoy totalmente de acuerdo.

Crisis en Inglaterra por culpa del Brexit

La inflación sube, pero tanto los sueldos como las ayudas estatales llevan años congelados

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El Reino Unido está tocado y corre el peligro de convertirse de nuevo en el enfermo de Europa, como ya lo fue en las décadas de los sesenta y setenta, con un crecimiento previsto para el 2018 de sólo el 1,2%, muy inferior al de la UE. En la quinta mayor economía del mundo hay pobreza (tanta como en Hungría y más que en Eslovenia o Irlanda) y una enorme desigualdad, y no debería ser consuelo que en la primera y la segunda (Estados Unidos y China) también la haya. Catorce millones de personas son oficialmente pobres (tienen menos del 60% del ingreso medio de un individuo o una familia), entre ellos cuatro millones de niños, dos millones de pensionistas, 2,3 millones de londinenses, una quinta parte de los escoceses, uno de cada cuatro galeses y uno de cada ocho ciudadanos con trabajo. Medio millón de personas tiene que recurrir a bancos de comida. No es de extrañar que la productividad sea una de las más bajas de la UE y lleve una década estancada.

Si el año pasado fue un desastre, el 2018 ha empezado todavía peor, evidenciado en toda su crudeza la dimensión de una crisis social que ha tenido sus altos y bajos (la década de Blair fue mejor), pero que tiene sus orígenes en el neoliberalismo descarnado de Margaret Thatcher y su continuación por los conservadores Major y Cameron. Los mayores recortes desde el final de la Segunda Guerra Mundial no podían pasar desapercibidos.

Se construyen pisos de lujo para millonarios, pero no casas de renta controlada para pobres

Que el año pasado murieran de gripe en Gran Bretaña medio centenar de personas ha sido calificado por los propios doctores como estadísticas del tercer mundo, atribuibles al deterioro de un National ­Health Service (NHS ) que fue en su día el modelo de todos los sistemas sanitarios públicos del mundo y hoy es una mera sombra de sí mismo. Para ahorrar, los pacientes son enviados directamente a urgencias en vez de al médico de cabecera, aunque tengan una dolencia leve. Como consecuencia, los hospitales están colapsados, y durante las fiestas navideñas la ocupación fue del 100%, 24 centros declararon la alarma roja y casi veinte mil personas se pasaron más de una hora dando vueltas en las ambulancias (como a veces los aviones antes de aterrizar), esperando una cama. En Stoke, un enfermo tuvo que esperar día y medio en una camilla en el pasillo. A las familias se les ha pedido que se lleven a casa a los ancianos hasta que se normalice la situación. La primera ministra Theresa May, en medio del escándalo, ha tenido que pedir perdón al país.

Para aumentar más la irritación generalizada, los ferrocarriles (que están subvencionados por el Estado) han aumentado sus tarifas, ya de por sí las más altas de Europa, en un 3,4%, lo cual significa que un abono anual para hacer conmuting entre Londres y Birmingham, Bath o Bristol cuesta doce mil euros, lo mismo que un sueldo bajo. Y cada vez son más las familias que tienen que abandonar la capital por el desorbitado precio de la vivienda (medio millón de euros de promedio).

Las ambulancias han de esperar hasta una hora para que se liberen camas en los hospitales

La falta de pisos de protección oficial es uno de los problemas sociales más graves del país. Thatcher privatizó muchos de ellos, y desde entonces el desarrollo de nuevos bloques es muy inferior a la demanda. El anterior alcalde de Londres, Boris Johnson, prefirió la construcción de apartamentos y oficinas de lujo para multimillonarios y fondos de inversión extranjeros que ni siquiera los ocupan.

En Gran Bretaña prácticamente no hay paro (un 4,2%), pero esa estadística es una falacia sin relevancia para la pobreza o la calidad de vida, porque millones de personas están empleadas con contratos basura ( zero hours), no sólo mal pagados sino en los que además han de estar permanentemente a disposición de la empresa para que les cambie los turnos. Los incrementos salariales en los últimos años han sido del 2% en el sector privado y del 1% en el público, muy por debajo del aumento del coste de la vida.

Pero no sólo han subido con el nuevo año las tarifas de tren, sino también la del gas (un 12,5%), y en cualquier momento lo harán las del agua, el teléfono y la electricidad, sectores que funcionan como cuasi monopolios, en muchos casos propiedad de consorcios internacionales con sede en Australia o Estados Unidos, sin contacto alguno con los consumidores. Apenas pagan impuestos y no invierten. Una de las propuestas más efectivas del líder laborista Jeremy Corbyn es su renacionalización. Las llamadas PFI (iniciativas de inversión privada) fueron una idea de Blair para construir escuelas y hospitales sin que el Estado se endeudara más. Pero han fagocitado todo el sector público, y hay más de 700 con un capital de 60.000 millones de euros.

Catorce millones de británicos, muchos de ellos con trabajo, son técnicamente ‘pobres’

Las ayudas estatales llevan cuatro años congeladas, y solicitar asistencia por desempleo, enfermedad o discapacidad se ha convertido en un proceso eterno y tortuoso, en el que el demandante se siente avergonzado por recurrir al Estado. Los presupuestos de los ayuntamientos han sido recortados hasta un 70% desde la llegada al poder de los tories. Los estudiantes universitarios de la “generación punto muerto” tienen que endeudarse casi de por vida para pagar las matrículas. Las tarjetas de crédito están exprimidas al máximo. Los coches se pagan a plazos, las viviendas son objeto de segundas hipotecas. La deuda personal es descomunal, una bomba de relojería. Impera una especie de apartheid social. Los que tienen y los que no tienen.

Theresa May dice que quiere liderar “un país que funcione” y que “controle su destino”. Pero ni una cosa ni la otra. Los británicos se encuentran en medio de una tormenta perfecta en la que no paran de recibir sopapos. Desindustrialización. Paf. Globalización. Pum. Deslocalizaciones. Ay. Privatizaciones. Zas. Austeridad. Toma ya. Exclusión social. Bang. Automatización. Uf. Y Brexit. Lo que faltaba…

Desequilibrio regional y centralismo

El desequilibrio regional y el centralismo se suman a los problemas estructurales del país. El poderío económico está centrado en Londres y el sudeste, las únicas zonas que contribuyen de manera neta a la economía nacional (el resto percibe más de lo que aporta). Un 25% de todos los impuestos sobre la renta y de sociedades se paga en la capital, donde además se toman todas las grandes decisiones políticas, económicas, administrativas y judiciales, y donde tienen su sede todos los periódicos de difusión nacional. La Inglaterra que votó por la permanencia en la Unión Europa subvenciona a la que votó por el divorcio. Si en el sur está la riqueza, en el norte y en el País de Gales los call centers y las plantas de distribución han sustituido a las minas, los altos hornos y las fábricas textiles y de manufacturas que no sólo proporcionaban trabajos bien pagados sino que además creaban tejido social y un clima de solidaridad obrera. En la localidad galesa de Ebbw Vale, que paradójicamente fue la circunscripción de Aneuris Bevan, el creador de la Seguridad Social británica, los precios de las viviendas son los más bajos del país, treinta veces inferiores a los de Londres, hay cuatro bancos de comida en un radio de cincuenta kilómetros cuadrados, un 12% de la población recibe ayuda por discapacidad y uno de cada seis habitantes sufre depresión.

Elaboración propia a través de La Vanguardia

El comercio adelanta el inicio de la campaña de rebajas de invierno

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Los grandes cadenas de textil, electrónica y centros comerciales están ofreciendo desde hace varios días importantes ofertas antes de la campaña de rebajas que comenzaba tradicionalmente el 7 de enero. Las cadenas de grandes almacenes ven con “optimismo” esta temporada de rebajas al coincidir, por primera vez desde 2012, en fin de semana. Los expertos estiman que las grandes cadenas aumentarán sus plantillas respecto al año anterior. El pequeño comercio pide reflexionar sobre esta nueva tendencia de ofertas continuas

Desde que en 2012 el Gobierno aprobase la norma de liberalización del comercio, los establecimientos pueden hacer promociones y utilizar el nombre “Rebajas” cuando quieran. Las grandes cadenas se han sumado con fuerza a las nuevas tendencias del Black Friday, Ciber Monday y otras campañas similares para ofrecer mejores descuentos con los que atraer a los consumidores. De esta forma, pueden liquidar productos desfasados por el lanzamiento de nuevos modelos o porque tienen difícil salida al quedar obsoletos. También utilizan los descuentos como gancho para captar nuevos clientes.

Elaboración propia de la fuente El País