España se juega 45.000 millones de euros con la unidad de mercado

Un informe de CEOE denuncia que la multitud de leyes y normas creadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos “desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial”. La patronal denuncia más de 80 casos en los que las distintas regulaciones son “contradictorias entre sí” e incluso “más exigentes” que la normativa nacional. El Gobierno ultima una ley para acabar con estas distorsiones.

no de los principales efectos del Estado autonómico en la economía es la proliferación de distintas leyes que afectan a los más diversos sectores. A la legislación del Gobierno central se ha añadido en los últimos años una catarata de normas y ordenanzas creadas por las comunidades y los ayuntamientos. Esta intrincada maraña legislativa implica, por ejemplo, que una misma empresa deba superar multitud de trámites muy diferentes entre sí, con el coste que ello conlleva. Según un informe de CEOE, esta dispersión “desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial” y cuesta 45.000 millones de euros a España.

La patronal ha elaborado un estudio sobre los problemas de no contar con una unidad de mercado. Para afianzar su tesis, ha recopilado 84 ejemplos de varios sectores que padecen esta “obesidad normativa”: alimentación y bebidas, automóvil, construcción, farmacéutico, telecomunicaciones, juego, transporte, comercio, etcétera.

El documento de CEOE denuncia que “las distorsiones de la unidad de mercado (…) dificultan de manera injustificada la actividad económica hasta tal punto que, en muchos casos, condicionan seriamente su normal ejercicio”. Este perjuicio se atribuye a tres factores. En primer lugar, la existencia de una “pluralidad de legisladores, con competencias no siempre claramente definidas, que ha dado lugar a una hiperinflación normativa (…) a escala autonómica y local que, o bien es divergente o contradictoria entre sí, o bien es más exigente que la norma nacional”.

En segundo lugar, la “deficiente calidad regulatoria” de las administraciones públicas, lo cual “ha provocado que las normas se aprueben sin respetar las alternativas más eficaces (buenas) y eficientes (al menor coste) para sus destinatarios”. Y, por último, la “prácticamente nula disposición de las administraciones públicas por someterse a una disciplina que limite en sus normas daños y costes para las empresas”.

La patronal aboga por aplicar en España las conclusiones del llamado Informe Cecchini. Con este nombre se conoce el estudio oficialmente denominado El coste de la no-Europa, elaborado en 1988 por el experto en el mercado comunitario Paolo Cecchini, y que explicaba el coste de una economía fragmentada en distintos Estados.

Ganancia
El informe concluía que, de saber aprovechar plenamente las ventajas derivadas del ahorro de costes y la generación de beneficios que supondría un mercado integrado y unido, la UE vería incrementado su PIB en un 4,5%. CEOE opina que, “si mediante un ejercicio de ensayo, puramente hipotético –pero doctrinalmente aceptable tomando las debidas cautelas– extrapoláramos los resultados del Informe Cecchini a nuestro mercado interior español, estimamos un crecimiento potencial de nuestra economía del entorno a los 45.000 millones de euros”.

La patronal española mueve sus hilos para que se apruebe una Ley de Garantía de Unidad de Mercado “que establezca principios rectores para asegurar la libre circulación de bienes, prestación de servicios y factores de producción en toda España”. Según las fuentes consultadas por EXPANSIÓN, el propio secretario general de CEOE, José María Lacasa, es uno de los principales artífices de esta campaña. Y parece que tiene la suerte de su lado, ya que el Ejecutivo ha anunciado en numerosas ocasiones su intención de redactar una norma ad hoc.

Ayer mismo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hizo varias alusiones a la voluntad gubernamental de ahormar las distorsiones existentes. De hecho, el Programa Nacional de Reformas avanza que “cualquier producto o servicio legalmente producido en una comunidad autónoma podrá ser ofrecido en todo el territorio sin necesidad de trámite adicional”.

Además, estos cambios podrían tener cabida en un nuevo modelo de Estado más eficiente: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió anteayer que se “repensase la estructura de los poderes públicos”. Alfredo Pérez Rubalcaba aceptó estudiar la eficacia de las autonomías para ver “si lo podemos hacer mejor y más barato”.

El papel de FAES
La remodelación hacia una mayor unidad de mercado, en concreto, está siendo escrupulosamente coordinada por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Precisamente ha sido la fundación FAES, que García-Legaz dirigía como secretario general hasta que embarcó en el Gobierno de Rajoy, la que el pasado marzo publicó un estudio titulado La unidad de mercado: un imperativo para recuperar competitividad. Su filosofía e incluso su redacción es muy similar a la que desprende el informe de CEOE. Es más, su autor es Pedro María Salafranca, jefe del Área del Sector Primario, Distribución y Consumo de la patronal. Fuentes cercanas a la gestación de ambos documentos aseguran a este diario que el Ministerio de Economía se nutrirá de ellos en el articulado de la nueva legislación.

En concreto, FAES pide la creación de una Comisión Interministerial-Empresarial y otra Interterritorial-Empresarial de Unidad de Mercado. El objetivo de la primera sería “asegurar la coherencia normativa entre los distintos ministerios”, mientras que la segunda intentaría mantener “la coherencia en los ámbitos autonómico y municipal”.

La fundación también exige mejorar la transposición de directivas europeas. El caso fallido más reciente es el de la Directiva Bolkestein sobre liberalización de servicios, ya que las comunidades han optado por escudarse en ambiguos “criterios económicos” para deliberadamente no desarrollar todo su potencial.

Los principales sectores afectados por la disgregación legislativa

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: Una misma botella de vino con diferentes etiquetas
El etiquetado de bebidas alcohólicas, así como las sanciones por su incumplimiento, está sometido a distintos criterios según la comunidad autónoma. En el mercado hay productos similares etiquetados de forma diferente.

Una misma botella de vino, por ejemplo, soporta diferentes limitaciones o prohibiciones sobre los lugares y horarios en los que puede consumirse. También varía el marco legal para los horarios y ubicación física de su publicidad y promoción. Según CEOE, “esto dificulta enormemente el diseño de campañas a nivel nacional ya que hay que realizar estudios caso a caso, con el consecuente incremento de costes”.

Los proveedores de alimentos y bebidas de los comedores escolares deben atender a regulaciones autonómicas dispares respecto a criterios nutricionales.

AUTOMÓVIL Y TRANSPORTE: ¿Lleva mercancías peligrosas? Pues use distintas rutas
Existen tres normativas distintas (una elaborada por la Administración central y dos por los gobiernos de Cataluña y País Vasco) para la definición de itinerarios que deben utilizar los vehículos que transportan mercancían peligrosas. Así, un mismo camión que transporte este material y que circule por ambas comunidades y el resto de España debe ceñirse a distintos horarios de circulación.

Las regiones aplican distintas restricciones al tráfico. Según CEOE, “esto no permite la fluidez del transporte de mercancías, creando problemas de eficiencia por la dificultad para coordinar los tráficos en determinadas fechas”.

En Cataluña se exige traducir al catalán toda la documentación comercial (catálogos y manuales de instrucciones) de todos los vehículos allí vendidos.

FARMACÉUTICO: ‘Soy de Gerona y mi tarjeta de Sanidad no funciona en Cáceres’
Cuatro comunidades (Andalucía, Cataluña, Extremadura y Galicia) aplican sus respectivas legislaciones respecto a un mismo sistema de recetas electrónicas de medicamentos. Esto pone trabas a la estandarización de un sistema de archivo en caso de movilidad geográfica de los pacientes.

La fijación de ocho normas autonómicas para un mismo sistema de identificación de usuarios del Sistema Sanitario “dificulta el acceso a la prestación sanitaria” debido a “problemas técnicos en la lectura de la tarjeta de una comunidad a otra en caso de desplazamiento del ciudadano”.

Hasta nueve regiones (Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana) disponen de un modelo de contrato propio para realizar ensayos clínicos e investigar medicamentos.

COMERCIO: Un cartel de ‘Prohibido fumar’ con texto y tamaño obligatorios
El informe denuncia la “disparidad injustificada en las distintas normas autonómicas reguladoras de los carteles que identifican la prohibición de fumar en los establecimientos públicos”. En concreto, cada una de estas leyes especifica características diferentes para los carteles (texto y tamaño), “lo que impide estandarizar la cartelería a las empresas que operan en más de un territorio”.

Andalucía, Cataluña y Extremadura cobran tasas por realizar inspecciones sanitarias, tanto rutinarias como extraordinarias, “que normalmente no responden a una contraprestación por el servicio prestado por la Administración”.

Desde la aplicación de la Directiva Bolkestein de Servicios, cada región se escuda en “criterios económicos” para conceder o no licencias de apertura de establecimientos comerciales.

FINANZAS Y SEGUROS: Baleares no regala vajilla cuando abres una cuenta corriente
La Ley 11/2001 de Islas Baleares prohíbe que bancos y cajas hagan promoción de bienes a la hora de ofrecer productos financieros, como por ejemplo la simple apertura de una cuenta corriente. Esta prohibición “ha obligado a algunas entidades a crear productos exclusivos para Baleares, lo que supone diseñar estrategias comerciales y de marketing diferenciadas”.

Cada banco debe adaptar a la ley regional las obligacionesde transparencia e información a los consumidores. Esta heterogeneidad “puede crear incertidumbre tanto en la propia entidad (que debe comprobar en cada momento elgrado de cumplimiento de cada norma) como en el cliente”.

Existen más de 300 normas emanadas del Estado,las comunidades y los ayuntamientos que establecen diferentes seguros obligatorios para diversas profesiones.

ELECTRICIDAD: Listones muy exigentes para la calidad del suministro eléctrico
Las autonomías establecen niveles más exigentes que la ley estatal para establecer los niveles de calidad mínimos en el suministro eléctrico. Esta contradicción “produce un perjuicio económico para las empresas eléctricas que operan en dichas comunidades, por el no reconocimiento de los mayores costes que para esas compañías implica el suministro”.

A la hora de construir instalaciones, las empresas necesitan contar con la aprobación de multitud de organismos en función de su competencia (estatal, autonómica o municipal) sobre el tipo de construcción: costas, puertos, ríos, carreteras, etcétera. Esto retrasa los procesos: por ejemplo, el plazo medio de una autorización de una línea de alta tensión es de 200 días. El sector eléctrico reclama que comunidades y municipios se coordinen para simplificar la gestión de sus respectivas competencias y evitar la duplicidad de informes.

Fuente: Expansión

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