Andalucia pagó 297 millones en ayudas al empleo sin justificar en 2009 y 2010.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado un demoledor informe sobre la gestión de los fondos para formación de desempleados y ocupados por parte de la Junta de Andalucía en los años 2009 y 2010.

 

UGT-Andalucía, que en esos dos ejercicios percibió 63,5 millones sobre un total de 746 millones otorgados por la Junta para esos fines, está siendo actualmente investigada por la juez Mercedes Alaya de Sevilla por múltiples irregularidades en la justificación del uso de parte de los fondos recibidos fundamentalmente en esos dos años. La misma Cámara ya dictaminó en un informe anterior que la Junta no cumplió la ley con ninguna de las ayudas al empleo en 2009.

Los auditores de la Cámara han detectado, primero, que un 40 por ciento de esos 746 millones se pagó sin exigir ningún tipo de justificación, lo que incumple varias leyes. En concreto, los consejeros de Empleo entre 2009 y 2010, Antonio Fernández y Manuel Recio, autorizaron expresamente la exoneración de ese requisito de justificar las ayudas recibidas por importe de 297 millones -70,2 millones en 2009 y 227 millones el año siguiente-. La eliminación de ese requisito benefició a 844 perceptores, a los que se sumaron otros a título individual a los que el titular de Empleo también exoneró de justificar las ayudas. El informe no da detalles sobre estos perceptores concretos.

El motivo que justifica esta arbitrariedad es el atasco en la revisión, por parte de la Junta, de los documentos de justificación enviados por los perceptores de las ayudas, que superaba los dos años reglamentarios. De ahí ese proceso de regularización extraordinaria para pagar las ayudas. La Junta ha señalado en una nota, ante la gravedad de las conclusiones del documento, que autorizar el abono sin culminar el proceso de justificación no significa que esas justificaciones no existan. La Cámara resalta que, de los 78 expedientes que revisó de 2009 y 2010, sólo un 40 por ciento estaba revisado y liquidado cuando terminó el trabajo de campo para este informe, el 15 de octubre de 2012.

Además, se da la circunstancia de que Fernández, consejero entre 2004 y marzo de 2010, es el mayor alto cargo imputado y encarcelado -y hoy en libertad bajo fianza- por el escándalo de los ERE, cuyos fondos eran gestionados desde su consejería. Recio, que le sucedió al frente de este departamento en marzo de 2010, está por su parte preimputado en el caso ERE, que también instruye Alaya desde hace tres años.

Sin concurrencia

Junto a ello, 432 millones de los 746 millones citados se concedieron sin concurrencia competitiva, lo que supone un incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones de 2003. El sindicato CSIF, que recurrió ese reparto entre el coto cerrado de los agentes sociales de la denominada concertación -UGT, CCOO y la patronal CEA, fundamentalmente-, ha obtenido en 2012 varias sentencias firmes del Tribunal Supremo que señalan que la Junta no puede acotar a su antojo en aras del interés público quiénes son los perceptores de subvenciones al empleo. Además de los 63,5 millones que recibió UGT en esos dos años, CCOO logró 63 millones, la CEA otros 83 millones y la fundación Faffe, dependiente de Empleo, 66,3 millones. El resto de perceptores -mancomunidades, otras fundaciones y entres públicos o privados- absorbió 470 millones.

Además, la Cámara también ha descubierto que otros 48,8 millones -de los que efectivamente se pagaron 41,3 millones- otorgados a la Faffe no se han justificado en absoluto tras agotarse el plazo para ello en marzo de 2012. La Faffe no terminó 36 de los cursos subvencionados en 2009 y ni siquiera inició otros 386 en 2010. Entre 2009 y 2010, la Faffe recibió en total 66,3 millones para dar cursos exclusivamente a desocupados.

La Junta asegura en la citada nota que el proceso de justificación prosigue aún y que el retraso en el mismo se debe al proceso de liquidación en que se encuentra este organismo tras su integración en el propio SAE. Así, el 1 de septiembre de 2013, detalla la Junta, comenzó la auditoría para justificar esas ayudas. “Si de esta investigación o de otras se derivara cualquier responsabilidad administrativa o contable, la Junta de Andalucía se empleará a fondo para reparar, cumplir y solucionar los problemas advertidos, incluyendo el requerimiento de documentación adicional, justificación o reintegro de las ayudas”, precisa el Gobierno andaluz, que no descarta emprender las acciones si fuera necesario.

Delphi: dietas para discapacitados

Los cientos de parados procedentes del cierre de Delphi en 2007 han sido mimados como pocos desempleados de Andalucía, a tenor de lo que ha averiguado la Cámara de Cuentas en este informe. La propia Faffe recibió 32 millones en 2010 para formar a estos extrabajadores mediante una subvención excepcional que la Cámara señala que no cumple los requisitos para haberse concedido con esa consideración, lo que puede dar lugar a irregularidades administrativas.

En 2011, Empleo concedió otros 20,2 millones para formarles pero no ya a la Faffe, que inició su proceso de extinción y fusión con el SAE, sino a la Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Cádiz (FUECA). En la gestión que hizo este ente de esas ayudas, los asistentes a los cursos cobraron dietas por asistencia y para cubrir posibles gastos de desplazamiento permitidas sólo para discapacitados. Y por importes de 15 ó 20 euros al día, cuando el máximo era 13,5.

En concreto sobre esta acción formativa para este colectivo de parados de Delphi, la Cámara no tiene constancia de que el SAE ni visitara ni hiciera seguimiento alguno de los cursos.

También hay otro caso flagrante de posible malversación y desvío de subvenciones -la Cámara alude a posibles responsabilidades contables- con varias ayudas entre 2006 y 2009 incluidos a la empresa cordobesa Faasa que sumaron 1,1 millones de euros. De esa cifra, con la que se respaldó varios cursos de Iniciación de piloto comercial de helicóptero, Faasa habría sobrefacturado la mitad -524.971 euros- ya que sobrepasó por sistema el tope máximo de gasto subvencionable por la Junta. Faasa es el principal contratista de helicópteros para el plan Infoca contra incendios de la Junta.

En cuanto al propio SAE, señala que en el 66 por ciento de los expedientes examinados por la Cámara -que equivalían a 280 millones en ayudas del total de 746 millones- no se ha hecho seguimiento alguno para comprobar si el parado se ha insertado. Además, sólo en el 11 por ciento de los casos la realización del curso de formación para el desempleado a conducido a la obtención por este del certificado de profesionalidad, que es uno de los objetivo clave que el propio SAE persigue que logren los alumnos.

En cuanto al pago de las horas de formación a los profesores, la Cámara también pone de manifiesto la enorme disparidad de tarifas que se han repercutido: desde 192 euros cada hora, hasta 23 euros.

Fuente: El Economista

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