El Defensor del Pueblo ha enviado a las administraciones 2.175 resoluciones en 2017, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos.
Según explica la institución, el Defensor tramitó más de 24.750 quejas de los ciudadanos y superó las 750 actuaciones de oficio; en total se gestionaron más de 25.550 expedientes.
Entre el balance que hace la institución, presidida actualmente en funciones por Francisco Fernández Marugán tras concluir Soledad Becerril su mandato, está el informe realizado sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en centros de privación de libertad, y dos estudios monográficos sobre protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica y sobre la situación de las personas celíacas.
La institución ha mostrado su preocupación este año por el elevado precio de la electricidad en España, ya que recuerda que es un bien esencial para la vida y condición indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna.
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