Lavadoras con muerte anunciada #entornoeconomico

En el centro de reparación de Koopera, un grupo de cooperativas sin ánimo de lucro del norte de España, casi no se reparan frigoríficos. “No vale la pena. La mayoría llegan con fugas de gas que no podemos localizar porque las tuberías están incrustadas dentro de los muebles, y cada vez es más difícil desmontar los muebles. Hace años se podía llegar a cualquier pieza, pero ahora son todo obstáculos”, explica Txelio Alcántara, técnico del taller. “También es cada vez más difícil arreglar aparatos pequeños. Les ponen tornillos de seguridad, que solo giran para cerrar, y ni siquiera podemos abrirlos”.

Cafeteras, máquinas de afeitar, secadores de pelo, microondas, frigoríficos, lavadoras, ordenadores… Miles de aparatos acaban en la basura antes de tiempo porque es demasiado caro repararlos, por falta de repuestos o porque no hay modo de desmontarlos. Es una forma reconocida de obsolescencia programada, una manera de acortar la vida de un producto antes de que se desgaste. Un caso sonado fue la demanda colectiva a la que tuvo que enfrentarse Apple en 2003 por no ofrecer baterías de recambio para sus reproductores MP3. Los demandantes, tras probar que las baterías se estropeaban antes que el aparato, ganaron el juicio y obligaron a la empresa a fabricar repuestos.

Muy pocas veces han llegado casos como este a los tribunales. La obsolescencia programada, al fin y al cabo, está asumida como un mal necesario para estimular el consumo. Pero la crisis está cambiando las conciencias y cada vez son más las voces que recuerdan que la necesidad mantener una tasa mínima de renovación de productos no significa que haya que aceptar abusos. Además, genera toneladas de residuos que podrían evitarse. Finalmente, un país ha dado un paso al frente: la Asamblea francesa acaba de aprobar, dentro de la Ley de Transición Energética, multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los fabricantes que programen la muerte de sus productos. La norma, que aún debe ser ratificada en el Senado, no solo es relevante por las sanciones que establece, sino porque es la primera vez que una legislación reconoce la existencia de la obsolescencia programada. “Estas técnicas pueden incluir la introducción deliberada de un defecto, una debilidad, una parada programada, una limitación técnica, incompatibilidad u obstáculos para su reparación”, reza el texto. Solo hubo un intento normativo anterior en 2011, en Bélgica, cuando el Senado aprobó una resolución que pedía al Gobierno que prohibiera esta práctica, pero nunca llegó a elaborarse una ley.

Francia prevé multas de hasta 300.000 euros y dos años de cárcel

La norma francesa recoge todas las variantes de obsolescencia programada, pero su aplicación no va a ser fácil. ¿Cómo demostrar que se ha introducido un defecto “deliberadamente”? La industria, de hecho, siempre ha negado esa supuesta “premeditación”, pese a que es evidente que los electrodomésticos han acortado su vida útil en las últimas décadas. Un reciente estudio encargado en Francia por el Centro Europeo del Consumidor recopila varias muestras. Por ejemplo, los antiguos televisores de tubos podían durar hasta 15 años, mientras que los actuales no pasan de 10. “Y ocho de cada 10 lavadoras tienen cubetas de plástico, en vez de acero inoxidable, que pueden romperse con el golpe de una moneda”, prosigue el estudio. Los fabricantes insisten en que el acortamiento no es deliberado, sino que se debe a la exigencia de que los productos sean más eficientes y más baratos.

Europa está empezando a abordar el problema. El Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la UE, aprobó hace un año un dictamen que exige la prohibición total de la obsolescencia programada. “Si tiráramos menos cosas a la basura, tendríamos que reparar más y se crearían miles de empleos”, afirmó Jean-Pierre Haber, ponente del dictamen, para rebatir el argumento de que la renovación es necesaria para mantener la economía.

El dictamen propone también medidas para combatir esta práctica no solo desde la prohibición. “Más allá de que pueda haber un chip maquiavélico programado para que un aparato deje de funcionar, algo que sucede en contadas ocasiones, proponemos tres líneas de acción. Por un lado, que las empresas faciliten la reparación. En segundo lugar, campañas de sensibilización para combatir la obsolescencia estética; es decir, la constante renovación de productos sin desgastar, sobre todo ropa y teléfonos, al dictado de las modas. Y por último, la implantación de un sistema de etiquetado de durabilidad para que el consumidor pueda decidir si prefiere un producto barato u otro más caro pero más duradero”, explica Carlos Trías Pintó, presidente de la Comisión Consultiva de Transformaciones Industriales del CESE, el grupo que elaboró el dictamen.

Europa estudia un sistema
de etiquetado que informe sobre
la duración de los productos

El CESE está estudiando ya cómo podría ser ese sistema de etiquetado. “Podría ser parecido al que se ha implantado para calificar la eficiencia energética, con una escala de clasificación por letras y colores”, explica Trías Pintó. La tarea va a ser larga porque no hay una metodología estándar para evaluar la durabilidad de un producto, y además la industria se opone rotundamente. En una jornada organizada por el CESE en Bruselas hace dos semanas, el director general del Comité Europeo de Fabricantes de Equipamiento Doméstico, Paolo Falcioni, aseguró que es imposible prever la duración de un producto porque no se puede controlar el buen o mal uso que se va a hacer de él.

Pero el movimiento contra la obsolescencia programada parece ya imparable en la UE. La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha encargado un estudio para desarrollar una posible metodología, y el CESE va a realizar una encuesta para preguntar a los ciudadanos si estarían dispuestos a pagar más por productos más duraderos. Con todo esto, el eurodiputado Pascal Durand presentará una resolución para introducir el debate en el Parlamento.

En España el movimiento lleva retraso. Las organizaciones más activas son la Asociación de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), que agrupa a entidades como Koopera, y el colectivo ecologista Amigos de la Tierra. Ambas, junto con Ecologistas en Acción, UGT y CC OO, han presentado un texto de alegaciones a la nueva ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el que piden la prohibición de la obsolescencia programada y otras medidas como el alargamiento de las garantías, el apoyo a las redes de reparación y, sobre todo, que se asegure que un 5% de los residuos puedan ser preparados para su reutilización. “Esto implica, por ejemplo, que en los puntos limpios se puedan colocar sin romper los aparatos que se desechan, porque muchos se vuelven inservibles al tener que lanzarlos al fondo de un contenedor”, explican en AERESS. Esta organización es también contraria a la limitación que establece la nueva ley para la reparación de electrodomésticos con etiqueta energética inferior a B, pues entiende que el impacto ambiental que supone tirar estos aparatos es superior al ahorro que se pretende.

Fuente:El Pais

Comentario:

Aunque no lo parezca este es unos de los principales problemas del capitalismo, que (lo siento liberales) debe ser controlado por estados o organizaciones internacionales de una manera muy contundente, porque aquí lo que peligra no es la riqueza de empresas sino la salud del planeta y el agotamiento de recursos.

Sabias que esta estipulado por ley las horas que debe funcionar una bombilla ?(Unas 1000 horas ),en los 60 había bombillas que estaban fabricadas para durar hasta 5000 horas!.

Este es un problema que nos concierne a todos y que debemos tomar una larga reflexión .

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Doce expertos diseñarán una nueva reforma de las pensiones

Fátima Báñez-Ministra de trabajo

 

 

El Gobierno nombró ayer al grupo de expertos que definirá el llamado ‘factor de sostenibilidad’ de las pensiones, o lo que es lo mismo, el que hará un primer diseño de lo que será una nueva reforma de la jubilación. Serán doce personas -once hombres y una mujer-, con trayectorias académicas consolidadas y con diferentes filiaciones.

La reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2011 introdujo este llamado factor de sostenibilidad: un mecanismo que busca introducir cambios en la edad de jubilación en función de la evolución de parámetros como la esperanza de vida, la tasa de ocupación o la demografía. Sin embargo, aquella reforma estimó su entrada en vigor para 2027, justo el año en el que la reforma estaría completamente aplicada. Puesto que este factor es la clave para volver a reformar las pensiones (y volver a ampliar la edad de jubilación) y Bruselas lleva meses presionando para que se aceleren los cambios, el Ejecutivo ha decidido apresurar el debate. De hecho, Soraya Saéz de Santamaría ha dicho que la intención del Gobierno es que esta reforma esté lista en los próximos seis meses.

El Real Decreto que el Gobierno aprobó hace un mes y con el que endureció el acceso a la jubilación parcial y anticipada daba un mes al Ejecutivo para que formara el grupo de expertos. El plazo vencía justo el próximo lunes. Los expertos tendrán ahora que elaborar un informe que luego remitirán a la Comisión del Pacto de Toledo. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguró hace unas semanas que la reforma se tramitaría como un proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos parlamentarios presentar enmiendas.

Rafael Doménech es el jefe del servicios de estudios del BBVA y en un artículo en el diario El Mundo en 2011, defendía la reforma de las pensiones que el Gobierno de Zapatero pactó con los agentes sociales: “El reciente acuerdo ha de ser valorado positivamente como un paso importante en la dirección correcta que, si bien no resuelve el problema de largo plazo de forma definitiva, sí que ayuda a contenerlo y compra unos cuantos años de cierta tranquilidad para diseñar con cuidado reformas más profundas”. De hecho, Doménech defendía la necesidad de adelantar el factor de sostenibilidad “sin esperar al final del periodo transitorio” y teniendo en cuenta, no solo la esperanza de vida, sino otros factores como las tasas de ocupación y fertilidad, el saldo migratorio o la productividad.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a la banca, también está representada: su subdirector, José Ignacio Conde Ruiz, es uno de los expertos. En un artículo reciente, Conde Ruiz insistía en que era necesario continuar con las reformas. “La reforma de 2011 dejó pendiente el desarrrollo del llamado factor de sostenibilidad. Este factor que permite pasar de un sistema de prestación definida como el actual a otro de contribución definida, si está bien diseñado, tendrá efectos muy importantes sobre la sostenibilidad dado que permitirá adaptar el sistema a la evolución del envejecimiento”, decía.

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Todas las medidas que se preveen tomar,se explican aquí con más detalle.

Fuente: eldiario.es

Coincido con las opiniones de R.Domenech y de J.Conde Ruiz; reformar la jubilación es una medida que debería haberse tomado mucho antes de llegar a la situación en la que nos encontramos.Si bien, no debería ser la única, debería ser, al menos tomada con más determinación y aplicada de forma no tan dilatada en el tiempo.Sin confiar en que esta medida nos pueda solucionar los problemas,creo que es muy positivo que un grupo de profesionales analice la situación y proponga medidas, parece que nos empezamos a dar cuenta y a sentir como necesario,que sean profesionales de campo los que toman decisiones o contribuyen con propuestas a las situaciones sociales de las que participa su experiencia en el sector y no a dedicarnos a obedecer leyes impuestas por personas( la mayoría de veces no profesionales del sector) repletas de intereses políticos, generalmente poco razonadas y poco resolutivas.

Analizar,pensar y actuar; parece simple, pero no lo es.

El Gobierno espera que la inflación cierre en el 2% este año


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El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha asegurado que los precios seguirán moderándose

 

MADRID (EUROPA PRESS) El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha asegurado que los precios seguirán moderándose en los próximos meses, hasta cerrar el año “sensiblemente” por debajo del 2%.

Así lo ha señalado Latorre en una rueda de prensa para valorar el IPC de febrero (2,8% en tasa interanual), tras asegurar que este mes se ha visto cierta “estabilidad” en los precios, que seguirán moderándose en 2013, sobre todo en los meses de julio y septiembre.

En esos meses, según Latorre, se corregirá el “efecto escalón” que generaron algunas de las medidas adoptadas en julio y septiembre de 2012, como la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

“Es de esperar que continúe la moderación de precios”, ha dicho Latorre. Según el secretario de Estado, la subida de febrero se debe a la evolución de los precios de los combustibles, pero no hace cambiar las previsiones de moderación que maneja el Gobierno, que apuntan a que el IPC seguirá corigiéndose hasta cerrar 2013 “sensiblemente por debajo” del 2%.

 

fuente: http://www.lavanguardia.com/economia/20130313/54368336758/inflacion.html

La Vanguardia,Miercoles 13 de marzo de 2013

La banca espera a la reunión entre Gobierno y PSOE para tomar medidas ante los desahucios

Las entidades financieras españolas han comenzado a reaccionar  para mitigar el impacto social de los desahucios de viviendas a la espera de las medidas o anuncios concretos que salgan de la reunión  que mantienen el lunes el Gobierno y el PSOE para tratar de paralizar o  suavizar estos procedimientos.

Horas antes de que el secretario de  Estado de Economía, Miguel Temboury, y la secretaria de Economía del PSOE,  Inmaculada Rodríguez Piñero, intenten alcanzar un acuerdo de urgencia para  neutralizar los desalojos de viviendas que puedan afectar a las familias más  vulnerables, bancos y cajas se han mostrado unánimes al señalar que este recurso  es siempre la última opción. El suicidio el pasado viernes de una mujer  que estaba a punto de perder su casa en Barakaldo, el segundo que se produce  en España por este motivo, ha desatado una avalancha de reacciones y protestas  que ha obligado a las fuerzas políticas a mover ficha con rapidez y a las  entidades financieras a explicarse.

Todas las fuerzas políticas han  pedido al Gobierno y a los bancos que se paralicen los desahucios a la espera de  un cambio legal, algo que bancos y cajas ven con cierto recelo ya que, en su  opinión, se podría restringir aún más la concesión de créditos.

Las  principales entidades financieras españolas -Santander, BBVA, La Caixa, Bankia,  Popular, Sabadell, Bankinter y Banesto- han manifestado su sensibilidad ante la  tragedia de cientos de miles de familias españolas que han perdido o están a  punto de perder su casa.

Portavoces de todas las entidades financieras  consultadas por Efe han reiterado que en todos los casos antes de  proceder a un desalojo se negocia con el afectado todas las alternativas  posibles. No obstante, han mostrado cautela ante las medidas, aunque sean  temporales, que puedan acordar mañana el Gobierno y el PSOE, pues tal y como ha  explicado el presidente  del Banco Popular, Ángel Ron, “si de entrada se premia el impago, lo que  vamos a tener son más dificultades para que familias y empresas accedan al  crédito y se va a producir una destrucción brutal de valor”.

Todas las  entidades han explicado que en muchos casos se ha mantenido al afectado en su  vivienda a cambio de un alquiler social, y algunas de ellas, como Sabadell, han  asegurado que no han procedido a ningún desalojo, en tanto que Bankia ha  insistido en situar el desahucio como la última opción.

Desde el punto de vista de los afectados, la Asociación de Usuarios de  Banco y Cajas (Adicae) han pedido al Gobierno y al PSOE que se tenga en cuenta  “la experiencia de los consumidores”, y ha recordado que en su momento envió al  Gobierno y a todos los grupos parlamentarios una propuesta de Decreto Ley sobre  una moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias.

Leer más:www.lavanguardia.com

El ayuntamiento de Barcelona inicia un ciclo para la incorporación laboral de los jóvenes

“El ciclo “Quieres trabajar en verano” pretende aprovechar la coyuntura que se produce en el periodo de las vacaciones estivales”

Gran propuesta de Barcelona para que los jóvenes puedan trabajar en verano. El objetivo es facilitar el acceso al mundo laboral de los jóvenes de la ciudad durante los meses estivales, ha informado hoy el consistorio en un comunicado.

El concejal de Adolescencia y Juventud del ayuntamiento barcelonés, Raimond Blasi, ha señalado que una de las principales prioridades de su concejalía es generar propuestas que fomenten la incorporación de los jóvenes al mundo laboral. En este sentido, ha añadido que estas propuestas pasan por ofrecer “herramientas y recursos” que complementen el “esfuerzo y la tenacidad” e los jóvenes en la búsqueda de un empleo.

El ciclo “Quieres trabajar en verano” pretende aprovechar la coyuntura que se produce en el periodo de las vacaciones estivales, cuando surgen ofertas de empleo puntuales y los jóvenes pueden realizar trabajos de temporada.

El objetivo de la campaña es que los jóvenes conozcan los servicios y recursos de orientación y asesoramiento laboral que se ofrecen en los Puntos de Información Juvenil, mejorar las oportunidades de búsqueda de empleo de los jóvenes, facilitarles el contacto con las empresas y ofrecerles ofertas que surgen en el mercado laboral de temporada.

Pienso que es una mejora a tener en cuenta, creo que otras comunidades deberían tomar ejemplo para que entre todos, podamos salir o al menos suavizar estos momentos críticos que atraviesa España.

 

 

 

 

 

 

IsaacV.

Fuente: La Vanguardia

China inyecta liquidez para apoyar el crecimiento económico

 

Esta noticia del 20 de Febrero de 2012 y encontrada por el alumno Michiel Leander Tromp, de la universidad ESIC, hace énfasis a las medidas económicas tomadas por el gobierno de China, para incentivar su interesante 8,5% previsto de crecimiento económico. También se puede observar una cierta preocupación respecto a la gran dependencia que tiene el productor asiático sobre las exportaciones. 

Las autoridades chinas siguen gestionando el delicado equilibrio entre el apoyo al crecimiento económico y el control de la inflación. El Banco Popular de China anunció el pasado sábado que el porcentaje de reservas obligatorias que deben mantener las entidades de crédito se rebajará medio punto porcentual, hasta el 20,5%, a partir del 24 de febrero.

Se estima que la rebaja del coeficiente inyectará en el sistema financiero chino unos 400.000 millones de yuan (en torno a 47.928 millones de euros) y que no será la única media de relajación crediticia de este año. El porcentaje de reservas obligatorias se redujo por última vez el pasado 30 de noviembre, tras seis subidas en 2011 cuyo efecto fue triplicar los tipos de referencia de préstamos y depósitos.

Según los analistas, la medida refleja la preocupación de Pekín por los riesgos que amenazan la economía china, muy dependiente de las exportaciones, ante las nubes que aún se ciernen sobre las vulnerables economías de la eurozona y una recuperación, aún débil, en Estados Unidos. Lo otra cara de la moneda es el recalentamiento experimentado por la mayor economía asiática entre 2009 y la primera mitad de 2011, que disparó la inflación y alimentó una burbuja inmobiliaria.

La tasa de inflación repuntó inesperadamente en enero como consecuencia del alza de los alimentos en coincidencia con el Año Nuevo Chino. El IPC avanzó un 4,5% respecto al mismo mes del año precedente, frente al 4,1% de diciembre. Se prevé que China crecerá este año un 8,5%, frente al 9,2% de 2011.

Según los economistas, el crecimiento se mantendrá, pero el sector inmobiliario prolongará su corrección a lo largo de 2012.

 

Fuente: Periódico “El País”