La brecha de género también se siente en las pensiones

Las desigualdades salariales entre hombres y mujeres se trasladan también al sistema de pensiones. Ellas, en concreto, cobran un 37% menos que sus compañeros varones, lo que constata la existencia de una preocupante brecha de género, en palabras de Unai Sordo, secretario general de CC OO, quien este lunes presentó el último Observatorio social de las personas mayores, elaborado junto a la Fundación Primero de Mayo. El informe supone una radiografía de este colectivo, así como de las problemáticas a las que hacen frente día a día. 

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Esperanza de vida mayor

Cada vez más, con el avance de las tecnologías, las personas viven más, pero también hay factores negativos como la escasa tasa de fertilidad o la importante crisis de empleo. Seguramente el gran problema que tendrá que solucionar España es proporcionar una buena calidad de vida a los ancianos teniendo en cuenta que cada vez van a ser más los que estén en este rango de edad.

riesgo de pobreza

Las personas mayores de 65 años han incrementado su riesgo de pobreza en dos puntos porcentuales, hasta el 8,9% en 2017, respecto al año anterior. casi la mitad de los jubilados (el 47,5%) manifiesta tener dificultades para llegar a fin de mes y un 34,4% asegura no tener capacidad de realizar gastos imprevistos. Muchas de las carencias materiales están relacionadas con la vivienda y con los servicios básicos, tales como la luz, agua o calefacción entre otros. 

Brecha salarial en las pensiones

Según el informe, que cita datos de la Seguridad Social, “se constata la existencia de una brecha de género en las pensiones, que se manifiesta tanto en la presencia de las mujeres en las pensiones de jubilación, como en la cuantía de las mismas”. Y es que se juntan dos problemas en este punto, la falta de trabajo por parte de las mujeres, ya que muchas se encargaban de la casa y no cotizaban y que los hombres cobran más por hacer el mismo trabajo, de esta manera pagan más impuestos y se le devuelve más dinero en sus pensiones 

Fuente: elaborado por Diego Morales a partir de 20minutos

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Oregon Wants Everyone to Start Saving

Erick Marsh nunca esperó tener una carrera. Durante seis años después de la escuela secundaria, él pasó de un trabajo a otro en restaurantes y procesadores de alimentos en Albany, Oregón, y nunca se quedó más de un año. Luego, a los 24, solicitó una vacante en un puesto de avanzada de Del Taco, una cadena con sede en Lake Forest, California. “No quería trabajar la comida rápida”, dice Marsh. Pero con un bebé en camino, necesitaba un empleo estable. Trece años después, él maneja esa misma franquicia y también trabaja como gerente de distrito de la empresa familiar dueña de la franquicia y otras cuatro a lo largo de la Interestatal 5 de Oregón.

A pesar de tener un empleo estable, Marsh no había planeado su retiro. Su empleador, Cactus Enterprises LLC, decidió que un programa 401 (k) era demasiado costoso de configurar. Y Marsh no podía obligarse a investigar el complejo mundo de las cuentas individuales de jubilación. “Es una de estas cosas que sigo pensando, lo haré el próximo año, o lo haré el próximo verano después de las vacaciones, cuando me pongan al día con mis cuentas”.

Ahora hay menos excusas para la indecisión en Oregon. En julio pasado se convirtió en el primer estado en establecer su propio programa Roth IRA para trabajadores que no reciben beneficios de jubilación, brindándoles la opción de hacer contribuciones después de impuestos a una cuenta de inversión. Durante los próximos dos años, todos los empleadores en Oregon que no ofrecen un plan de jubilación -un grupo que incluye unas 64,000 empresas y organizaciones sin fines de lucro, que representan aproximadamente 600,000 trabajadores- deben inscribir a sus trabajadores en el IRA estatal, conocido como OregonSaves. Los empleados pueden abandonar el plan en cualquier momento después de inscribirse.
Cactus Enterprises se suscribió en noviembre pasado, cuatro meses después de la inauguración del programa. Para Marsh, la inscripción automática era lo que necesitaba. “Cuando se coloca justo frente a tu cara, es mucho más fácil decir: ‘Sí, hagámoslo'”.
Las contribuciones ahora están llegando. La oficina del tesorero estatal dice que las inscripciones se han disparado desde diciembre, de poco más de 1,000 personas a 27,000. Las apuestas son altas. “No hay suficientes personas ahorrando lo suficiente para la jubilación”, dice Tobias Read, quien patrocinó la ley OregonSaves en 2015 como representante estatal y ahora, como tesorero del estado, la está implementando. “Y cuando la gente no ahorra para la jubilación, el presupuesto estatal ya estirado se extiende aún más”. Según un análisis de AARP, que ha abogado por las cuentas IRA automáticas, si los jubilados de bajos ingresos tuvieran un extra de $ 1,000 en ingresos cada año, Oregón ahorraría $ 100 millones durante los próximos 15 años en gastos en servicios sociales para ellos. Los ahorros para cada estado ascenderían a $ 8 mil millones y $ 33 mil millones para el gobierno federal.
El potencial de ahorro ha despertado el interés de otros estados. California, donde 7,5 millones de trabajadores no tienen acceso a una cuenta de ahorro para la jubilación, e Illinois están comenzando sus propios programas piloto más adelante este año. Otros dos estados y Seattle tienen programas similares planificados.
La característica clave en el plan de Oregon es la inscripción automática. La inercia que acosó a Marsh es típica: las personas con planes en el lugar de trabajo tienen entre 10 y 15 veces más probabilidades de ahorrar que quienes no, dice David John, asesor de políticas de AARP que ayudó a desarrollar el modelo para OregonSaves. “Cuando tienes una deducción de nómina, no piensas en ello”, dice. La inercia funciona en ambos sentidos. En Oregon, alrededor del 80 por ciento de los participantes se han quedado con el programa, dice Read.
La deducción de nómina por defecto de OregonSaves se establece en 5 por ciento, aunque los empleados pueden elegir cualquier cantidad, tanto como el máximo de Roth ($ 5,500 por año para personas menores de 50 años para 2018). Cada año, el plan aumenta automáticamente la deducción en 1 punto porcentual, hasta 10 por ciento. Los empleados también pueden optar por no participar del aumento.
Los participantes tienen tres opciones de inversión: un fondo de mercado monetario, un fondo de índice dirigido a su año de jubilación o un fondo de índice de crecimiento. Por defecto, los primeros $ 1,000 van a la cuenta del mercado monetario; todo después va a un fondo específico. (Oregon no tiene voz sobre las inversiones, que son administradas por State Street Corp.)
Marsh está dejando que el plan piense por él. “Realmente no lo he visto”, dice. “Simplemente no he tenido tiempo”. Las contribuciones después de impuestos a una cuenta Roth se pueden retirar en cualquier momento sin penalización, y a la edad de jubilación no se gravan los ingresos de la inversión.

FUENTE: Roger Omella desde bloomberg

Nadie quiere subir las cotizaciones para pagar las pensiones

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La seguridad social se encuentra con un problema financiero en el medio plazo debido a la configuración del sistema de ingresos y gastos del sistema de pensiones. Esto provocará un déficit anual entorno a los 15.000 millones de euros que irá empeorando progresivamente y afectará a la población nacida en el Baby boom para los años 2035 y 2045.

El problema es que el gasto destinado a las pensiones crece aproximadamente a un 3%, en cambio, los ingresos para pagar estas crece a la mitad, además de una merma de ingresos acumulados en la crisis. El incremento del gasto será inevitable por dos factores: el número de pensiones por la demografía y el encarecimiento de las pensiones que son un 30% más caras, por mejores y más largas cotizaciones. A este hecho debemos sumarle además las revalorizaciones y subidas anuales de las pensiones, de una media de 646€ mensuales hace 0 años a por primera vez en la historia a 900€-1000€.

Este hecho está creando debates políticos ya que nadie quiere subir las cotizaciones para pagar las pensiones, por un lado, PSOE y Podemos quieren financiarlas con impuestos y e PP quiere realizarlo con más empleo.

 

Elaborado por Chantal Choni,

A partir de las fuentes: Cinco Días

El Gobierno admite que el factor de sostenibilidad puede retrasar la jubilación más allá de los 67 años

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.

El Gobierno admite que el factor de sostenibilidad, que tendrá que definir en apenas un mes un comité de expertos creado a tal efecto, puede retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años fijados a partir del año 2027, según el documento sobre dicho parámetro que ayer entregó el secretario general de Seguridad Social, Tomás Burgos, a la Comisión del Pacto de Toledo.

El documento, recogido por Europa Press, señala que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la edad de jubilación en dos sentidos. Por un lado, aumentando el número necesario de años cotizados para poder jubilarse, de tal manera que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal, establecida en los 67 años a partir de 2027.

Por otro lado, el Ejecutivo admite que una vez unificada la edad legal de jubilación, “es posible seguir aumentando dicha edad legal”, al tiempo que también reconoce que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la “indexación de las pensiones”, que ahora se actualizan según la evolución del IPC del mes de noviembre de cada año.

Al hilo de esto, el documento del Ministerio de Empleo indica que en la última década se han producido “comportamientos perversos que el propio sistema de Seguridad Social origina y que no se deben perpetuar en el tiempo”, como el hecho de que la pensión media del sistema haya crecido en este periodo más que los salarios y más que la variación de los precios, así como la “insuficiencia” de las cotizaciones en relación con algunas prestaciones devengadas o las altas tasas teóricas de reemplazo de las prestaciones en España en comparación con las de otros países europeos.

Más años para cobrar el 100%

También reconoce el Gobierno que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión, al aumentar el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora y/o modificar la fórmula de cálculo de dicha base reguladora. Junto con los efectos que el factor puede tener sobre las pensiones futuras, el Gobierno destaca en el documento, al que tuvo acceso Europa Press, algunos aspectos del sistema que, en su opinión, el comité de expertos debería tener en cuenta a la hora de definir dicho factor.

En concreto, menciona la evolución de la esperanza de vida y las relaciones de índices demográficos y económicos. Además, el documento detalla los procesos de reforma de los sistemas de pensiones en otros países de la UE y destaca que las principales tendencias en la mayoría de ellos es considerar toda la vida laboral en el cálculo de la pensión, no aumentar los tipos de cotización, rebajar los índices de actualización tanto de las pensiones como de las cotizaciones tenidas en cuenta en el cálculo de la pensión y exigir un número mayor de años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión.

El aumento de la edad legal de jubilación compatible con una flexibilización de dicha edad, mediante un sistema de incentivos y penalizaciones, y la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo son otras de las tendencias que el Ministerio de Hacienda apunta de otros sistemas públicos de pensiones en Europa.

Garantizar la sostenibilidad del sistema

El documento del Gobierno también destaca que la disminución de la tasa de natalidad y el progresivo incremento de la esperanza de vida de las personas mayores hace necesaria la búsqueda de soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, garantizando a su vez pensiones adecuadas. “Puede concluirse por tanto que son tanto factores exógenos como endógenos al sistema de Seguridad Social español los que justifican la necesidad de regular el factor de sostenibilidad, buscando una definición y estructuración del mismo que no se limite a los factores demográficos sino que considere la realidad social y económica española en su conjunto”, reza el documento. Por último, el Gobierno justifica el adelanto del factor de sostenibilidad, que no estaba previsto que se definiera hasta el año 2027, a la crisis económica que, entre otras cosas, está originando “altas” tasas de desempleo, así como “el no crecimiento o incluso bajada” de los salarios, circunstancias que están provocando una disminución en los ingresos por cotizaciones, “haciendo necesario incluso la utilización del Fondo de Reserva en el corto plazo”.

Comentario: Desde mi punto de vista, lo que es insostenible es que la población trabaje más allá de los 67 años. Creo que una persona más mayor de 67 años no está en plenas facultades para seguir trabajando, por ejemplo, trabajos en los que se necesita mucha concentración, en las cadenas de montaje, doctores o personal sanitario, ya que yo, personalmente, no me dejaría operar o sacar sangre si lo va a realizar alguien de avanzada edad. Lo que también creo es que subiría la ineficiencia de los trabajadores y las empresas serían menos competitivas.
La Vanguardia

Doce expertos diseñarán una nueva reforma de las pensiones

Fátima Báñez-Ministra de trabajo

 

 

El Gobierno nombró ayer al grupo de expertos que definirá el llamado ‘factor de sostenibilidad’ de las pensiones, o lo que es lo mismo, el que hará un primer diseño de lo que será una nueva reforma de la jubilación. Serán doce personas -once hombres y una mujer-, con trayectorias académicas consolidadas y con diferentes filiaciones.

La reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2011 introdujo este llamado factor de sostenibilidad: un mecanismo que busca introducir cambios en la edad de jubilación en función de la evolución de parámetros como la esperanza de vida, la tasa de ocupación o la demografía. Sin embargo, aquella reforma estimó su entrada en vigor para 2027, justo el año en el que la reforma estaría completamente aplicada. Puesto que este factor es la clave para volver a reformar las pensiones (y volver a ampliar la edad de jubilación) y Bruselas lleva meses presionando para que se aceleren los cambios, el Ejecutivo ha decidido apresurar el debate. De hecho, Soraya Saéz de Santamaría ha dicho que la intención del Gobierno es que esta reforma esté lista en los próximos seis meses.

El Real Decreto que el Gobierno aprobó hace un mes y con el que endureció el acceso a la jubilación parcial y anticipada daba un mes al Ejecutivo para que formara el grupo de expertos. El plazo vencía justo el próximo lunes. Los expertos tendrán ahora que elaborar un informe que luego remitirán a la Comisión del Pacto de Toledo. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguró hace unas semanas que la reforma se tramitaría como un proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos parlamentarios presentar enmiendas.

Rafael Doménech es el jefe del servicios de estudios del BBVA y en un artículo en el diario El Mundo en 2011, defendía la reforma de las pensiones que el Gobierno de Zapatero pactó con los agentes sociales: “El reciente acuerdo ha de ser valorado positivamente como un paso importante en la dirección correcta que, si bien no resuelve el problema de largo plazo de forma definitiva, sí que ayuda a contenerlo y compra unos cuantos años de cierta tranquilidad para diseñar con cuidado reformas más profundas”. De hecho, Doménech defendía la necesidad de adelantar el factor de sostenibilidad “sin esperar al final del periodo transitorio” y teniendo en cuenta, no solo la esperanza de vida, sino otros factores como las tasas de ocupación y fertilidad, el saldo migratorio o la productividad.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a la banca, también está representada: su subdirector, José Ignacio Conde Ruiz, es uno de los expertos. En un artículo reciente, Conde Ruiz insistía en que era necesario continuar con las reformas. “La reforma de 2011 dejó pendiente el desarrrollo del llamado factor de sostenibilidad. Este factor que permite pasar de un sistema de prestación definida como el actual a otro de contribución definida, si está bien diseñado, tendrá efectos muy importantes sobre la sostenibilidad dado que permitirá adaptar el sistema a la evolución del envejecimiento”, decía.

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Todas las medidas que se preveen tomar,se explican aquí con más detalle.

Fuente: eldiario.es

Coincido con las opiniones de R.Domenech y de J.Conde Ruiz; reformar la jubilación es una medida que debería haberse tomado mucho antes de llegar a la situación en la que nos encontramos.Si bien, no debería ser la única, debería ser, al menos tomada con más determinación y aplicada de forma no tan dilatada en el tiempo.Sin confiar en que esta medida nos pueda solucionar los problemas,creo que es muy positivo que un grupo de profesionales analice la situación y proponga medidas, parece que nos empezamos a dar cuenta y a sentir como necesario,que sean profesionales de campo los que toman decisiones o contribuyen con propuestas a las situaciones sociales de las que participa su experiencia en el sector y no a dedicarnos a obedecer leyes impuestas por personas( la mayoría de veces no profesionales del sector) repletas de intereses políticos, generalmente poco razonadas y poco resolutivas.

Analizar,pensar y actuar; parece simple, pero no lo es.

El FMI pide elevar más la edad de jubilación y un mayor recorte de las pensiones

[foto de la noticia]Los gobiernos no solo deben luchar contra el envejecimiento de la población. A él se suma otro riesgo que mide el FMI: el peligro de vivir más años de lo esperado. Puede pasar una factura de “decenas de billones de dólares”.

El envejecimiento de la población es un fenómeno ampliamente estudiado, tanto social como económicamente. Pero los análisis financieros no han prestado la misma atención a otra realidad que puede ser muy peligrosa: al “riesgo de longevidad”, esto es, al riesgo de que la gente viva más de lo esperado.

Así lo considera el FMI en el capítulo 4 del Informe sobre la estabilidad financiera mundial, donde alerta de que “la prolongación de la esperanza de vida acarrea costos financieros” para toda la economía.

A los gobiernos les pasa factura a través de los planes de jubilación y la Seguridad Social, y a las empresas mediante los planes de prestaciones definidas. Afecta también a las compañías de seguros que venden rentas vitalicias por razones obvias y a los particulares que carecen de prestaciones garantizadas.

Una suma de factores cuyo precio ha estimado el Fondo: calcula que si el promedio de vida aumentara para 2050 tres años más de lo previsto hoy, los costes del envejecimiento (“que ya son enormes”), aumentarían una media del 50%. Son “docenas de billones de dólares”.

Más urgente y difícil
Para lanzar esta conclusión, ha estudiado el riesgo de un amplio número de países, entre los que se encuentra España. Y a todos ellos les aconseja que neutralicen financieramente los peligros de vivir más años de lo esperado.

¿Cómo? “Es necesario combinar aumentos de la edad de jubilación (bien por imposición del gobierno o de forma voluntaria) y de las contribuciones a los planes de pensiones con recortes de las prestaciones futuras”. El FMI no cita la receta de forma marginal. Al revés, insiste en ella a lo largo del informe: “Si no es posible incrementar las contribuciones o subir la edad de retiro, posiblemente haya que recortar las prestaciones”, apunta en otro momento.

Compartir riesgos
Estas fórmulas son viejas conocidas, pero hoy son más urgentes, según el análisis. Y también más difíciles, pues las arcas públicas han sufrido los vaivenes de la crisis.

Por eso, el primer paso para ejecutar ese plan de acción debería ser “que los gobiernos reconozcan que se encuentran expuestos al riesgo de longevidad”, y, después, “adoptar métodos para compartir mejor el riesgo con los organizadores de planes de pensiones del sector privado y los particulares”. Pide, además, “recurrir a los mercados de capital para transferir el riego de longevidad de los planes de pensiones a quienes tienen más capacidad para gestionarlo”.

Lo peor de todo es que parece que el riesgo del que habla el FMI no es muy lejano pues, según explica, muchas de las estimaciones de esperanza de vida están infravaloradas.

 

Conclusiones:

Lo que le pasa al FMI es que ahora les sale caro que la gente viva. No sólo están jugando con las personas mayores, sino que encima, se les recortan las pensiones. Es una medida muy agresiva y se verá en los próximos meses si tiene efectos positivos o negativos, todo apunta que la población no se va a quedar de brazos cruzados.