El “chollo” argentino

La creciente recesión económica argentina hace balanza con su turismo, que es uno de los pocos sectores del país que se mantiene creciente. La continua devaluación de la moneda local (el peso argentino) genera que los turistas se den cuenta de que es más barato visitar el país ahora y por lo tanto aumente el turismo.

En el mes de abril se inició la devaluación del peso argentino así como el aumento de la inflación. Es por eso por lo que actualmente es mucho más barato visitar el país. Los turistas provienen de Europa, Estados Unidos y Brasil y se sienten atraídos por los puntos turísticos del país (Patagonia, Iguazú, Buenos Aires…)

Los turistas americanos se sorprendieron gratamente cuando cambiaron el dólar por el peso argentino ya que se dieron cuenta de que el cambio era mayor del esperado.

En el mes de abril, un dólar costaba alrededor del 21 pesos, pero actualmente su valor ronda los 39. Esto significa que el valor del peso ha disminuido.

Los turistas brasileños constatan que la comida es barata, así como los taxis, los buses y la mayoría de las cosas. En ocho meses el real brasileño ha pasado de valor unos 6.000 pesos a acercarse a las 10.000 unidades. 

Incremento interanual del 6,6%

El Instituto Nacional de Eestadísitica y Censos (Indec), estimó que en este mes de octubre el. Turismo aumentó en un 6,6%. Se estimaron unas 237,9 mil llegadas de turistas al país.

Se puede decir por tanto que los turistas están obsesionados por el valor de la moneda y su devaluación. Es por eso por lo que actualmente en la calle comercial “Florida”, a cada veinte metros hay alguien que ofrece a gritos cambiar dólares o euros por pesos.

Elaborado por Clara Pujadas basado en eleconomista.es

Los turistas aprovechan la mala situación de Argentina

Argentina sigue sumergida en una recesión económica, de hecho, el único sector que parece estabilizado y que incluso sube es el turismo, ya que la devaluación del peso (moneda argentina) hace que visitar el país salga más barato.

Los que más se aprovechan de esta situación son los brasileños, los estadounidenses y los europeos que recorren el país a un precio más bajo desde que en abril la devaluación y la escalada de la inflación alcanzó en noviembre el 43,9%

Mientras se profundiza la recesión económica en Argentina, el turismo es de los pocos sectores que se mantienen a flote, ya que la devaluación del peso abre una ventana de oportunidad para los turistas extranjeros más avispados, que detectan que ahora es más barato visitar el país.

Resultado de imagen de peso argentino

Para hacer una comparativa del mes de abril con el de diciembre: 1 dólar costaba unos 21 peos, actualmente su valor ronda los 29, lo cual otorga a los turistas un mayor poder adquisitivo.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este octubre se estimaron 237,9 mil llegadas de turistas no residentes a Argentina, lo que supone un 6,6 % de incremento interanual.

Gustavo Hani, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, explica a Efe que “más allá de los atractivos turísticos” del país, esta subida responde “principalmente” a la devaluación de la moneda.

Asimismo, recalca que también hay que sumar otros factores, como la creación de nuevos aeropuertos en Argentina.

Fuente: elaborado por Diego Morales a partir de elEconomista

#Entornoeconomico : Argentina llega a un acuerdo con los principales “fondos buitre” tras 15 años de batalla legal

El Estado argentino se compromete a pagar a los fondos de inversión estadounidenses 4.653 millones de dólares, un 75% de lo que pedían

Fue en 2002 cuando Argentina dejó de pagar unos 100 000 millones de dólares, y en el cúal sólo pagaba 30 centavos por cada dólar a los acreedores entre 2005 y 2010. De esta forma, empezaron los fondos buitre.

Finalmente, Argentina va a pagar los “fondos buitre”, fondos de inversión invertidos en una entidad pública al borde de la quiebra. Han tenido que pasar 15 años hasta que por fin, el país pague un 75% de estos fondos a Estados Unidos.

Cómo se ha acordado entre ambos países afectados, Argentina pagará los fondos de inversión de  Elliot Management, Davidson Kempner, Aurelio Capital y Bracebridge Capital.

Si a estos fondos buitre que suman el 75% del total, se le suman el pago de los bonistas que se vieron afectados hace años, Argentina resolvería el 85% de los fondos buitre.

No obstante, el pago de estas deudas no sería el final del litigio ya que aún quedaría un 15% a pagar.

“Es un gran paso adelante en este litigio de larga duración, pero no el paso final”

Esta noticia me lleva a concluir que aunque tanto como Argentina y Estados Unidos hayan tenido que esperar 15 años para resolver este asunto, al fin se empiezan a ver resultados: más del 75% de los fondos buitre van a ser pagados.

Comentario elaborado por Judith F. a partir de La Vanguardia

La verdadera situación de Argentina

Los parches de la presidenta Cristina Kirschner no logran ocultar una inflación del 25% anual.

 

Argentina está a las puertas de una severa crisis, pese al superávit comercial en 2012 gracias sobre todo a los precios de la soja, su principal producto de exportación. El problema es la desconfianza de los agentes económicos en su sistema político. Los parches del Gobierno no dan resultado y muestran la inviabilidad de la situación. Congelamiento de precios, cepo cambiario, swap (intercambio) de divisas con China, blanqueo de dólares no declarado y restricciones a la importación no logran ocultar la inflación, que según cifras del sector privado es del 25 por ciento anual. El 97 por ciento del empresariado ve la inflación como principal complicación seguida de exceso de regulación (87 por ciento) y corrupción (79 por ciento). Consideran amenazas para la empresa el aumento de la carga impositiva, los costes de energía y de materias primas y una inadecuada infraestructura.

El deterioro de las cuentas públicas se financia con emisión monetaria, que alimenta el alza de precios. La inflación corroe la confianza de los argentinos en el peso fomentando la demanda de dólares y la creciente brecha entre la cotización de la divisa en los mercados formal y paralelo. La retirada masiva de depósitos en moneda extranjera en los bancos locales afecta a las reservas del Banco Central.

Particular gravedad reviste el sector energéticoque funcionaba satisfactoriamente al comenzar la gestión kirchnerista. Con una demanda sostenida y bajísimas tasas de interés en los mercados de capitales a partir de 2003 el petróleo alcanzó un promedio de 90 dólares el barril. Estas condiciones aún vigentes produjeron un interés global por invertir en energía en países como Argentina con potencial humano y recursos naturales.

Con el kirchnerismo se pasó de un sector energético netamente exportador que aportaba a la balanza comercial más de 6.000 millones de dólares al actual escenario con importaciones crecientes y un déficit en el intercambio que este año superará los 4.000 millones de dólares. Producción y reservas de hidrocarburos disminuyeron y el descapitalizado sector eléctrico es caro, obsoleto e inseguro.

El Gobierno niega el problema. Insiste en mostrar como virtudes sus principales causas: congelamientos, subsidios y retenciones; medidas discrecionales que agravan la crisis, como fijar precios máximos a los combustibles.

Es necesario incrementar y comercializar los recursos energéticos. Se requieren ingentes inversiones generando políticas de Estado que permitan recuperar confianza internacional mediante instituciones fuertes y justicia independiente – muy difícil cuando el Gobierno se empeña en someter al Poder Judicial. Asimismo habrá que honrar las deudas pendientes, acatar los fallos de los tribunales y recomponer con Repsol el despojo de sus acciones en YPF.

Argentina es la única nación latinoamericana que retrocede en energía. Los actuales responsables de política energética llevan diez años en funciones. Nunca hubo un mismo ministro en esta área durante 120 meses. Es difícil entender esa pasividad cuando han caído la producción de gas (un quinto menos) y de petróleo (un tercio) durante este periodo. Los cepos cambiarios han sido la única – simplista- respuesta a este retroceso productivo. Intentar cubrir esta pérdida de recursos totalmente con importaciones de hidrocarburos costaría en el futuro a los argentinos más de 300.000 millones de dólares.En lugar de una política energética sensata las autoridades impulsaron el capitalismo de amigos en la adjudicación de áreas petroleras para exploración.En el megayacimiento patagónico de Vaca Muerta los inversores internacionales se han mostrado reacios a aportar los miles de millones de dólares necesarios para su desarrollo debido a las dudas que generan las políticas intervencionistas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Habría una salida ordenada a la crisis: moderar los subsidios, ordenar las cuentas fiscales y negociar con el Club de París para lograr financiamiento externo. La falta de transparencia en el mercado cambiario impide la inversión. Urge ante todo reconocer la inflación sancionando en el Congreso una reforma integral del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec. Las estadísticas oficiales del cuestionado Instituto esconden a más de seis millones de personas en la pobreza. Pero es muy improbable una solución con este Gobierno. Cualquier decisión sobre la política económica se tomará después de las elecciones legislativas de octubre con lo que los costes en términos de actividad y empleo serán cada vez mayores. La economía argentina se encamina hacia un inevitable ajuste fiscal y cambiario.

 

Fuente: El economista

El Gobierno argentino no consigue encontrar inversores para YPF

La petrolera se ha desplomado en Bolsa seis meses después de la expropiación

Sede Central de YPF

El pasado martes se cumplieron seis meses desde que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció la expropiación del 51% de las acciones que Repsol poseía en YPF. Desde entonces, los títulos de YPF en Wall Street han caído a casi la mitad de su valor, las importaciones de combustible entre mayo y agosto crecieron un 35% respecto al mismo periodo de 2011, y la nueva dirección de la empresa ha subido en dos ocasiones el precio de los combustibles. Y el Gobierno aún no ha conseguido que ninguna multinacional extranjera aporte capital a los yacimientos de Vaca Muerta que pretendía explotar Repsol.

La ley fija un plazo de seis meses para conseguir un acuerdo amigable entre la compañía española y el Gobierno de Fernández. El reloj comenzó a correr el pasado 10 de mayo, fecha en la que Repsol envió una carta de “declaración de controversia” a la presidenta en la que le decía que se había realizado una expropiación sin cumplir los requisitos del tratado de protección de inversiones. Desde mayo, Repsol intentó en varias ocasiones reunirse con la procuradora del Tesoro, que es la persona asignada por ley para negociar un acuerdo amistoso. La semana pasada la procuradora, Angelina M. E. Abbona, envió una carta a Repsol donde anunciaba: “La República de Argentina ha expresado a las máximas autoridades de la OCDE su oposición absoluta al tratamiento de la cuestión en este foro. En estas circunstancias corresponde posponer el mantenimiento de consultas amistosas hasta que el reino de España y la Unión Europea desistan de realizar reclamaciones internacionales respecto a las diferencias invocadas con YPF”.

“Esa carta pone en evidencia la falta de ganas de hablar que tiene el Gobierno argentino”, indica un abogado de la compañía. “Hasta octubre no nos ofrecieron la posibilidad de un encuentro. Y qué casualidad que cuando ya se iba acercando la fecha, recibimos esta carta en la que se deniega incluso la reunión, esa formalidad mínima de cortesía elemental que no cuesta nada. Hemos afrontado procesos de expropiaciones o nacionalizaciones en Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Pero siempre hubo compensaciones por parte de los Estados. En el caso de Argentina, no hay el mínimo interés por alcanzar un acuerdo. Por eso creemos que más que de expropiación debería hablarse de confiscación”.

Tras la expiración del plazo para conseguir un acuerdo amistoso, que concluye el 10 de noviembre, la ley prevé otro periodo de 18 meses para solventar la cuestión ante los tribunales argentinos. Solo al cabo de un año y medio se podría recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Pero Repsol prepara la invocación de una excepción jurídica a la regla para acudir directamente en noviembre a los organismos internacionales. A partir de entonces, el CIADI podría tardar un año aproximadamente para constituir un tribunal de tres miembros aceptados por Repsol y por el Gobierno argentino.

La importación ha aumentado un 35% y ha habido dos subidas de precios

Mientras tanto, YPF seguirá tratando de buscar inversores extranjeros que le permitan explotar los yacimientos de gas no convencional de Vaca Muerta, considerada la tercera reserva mundial en ese tipo de combustible. En Repsol creen que el verdadero motivo de la expropiación fue la convicción del Gobierno de que podría explotar Vaca Muerta directamente. Pero eso exige una inversión de 7.440 millones de dólares por año entre 2013 y 2017, según el plan presentado en agosto por el nuevo gerente, Miguel Galuccio. De esos 37.200 millones de dólares, el 70% se financiaría con la caja de YPF, el 18% con emisiones de deuda y el 12% con capital extranjero.

YPF: arbitrariedad y mala fe

La apropiación del 51% de la empresa petrolera tendrá altos costos en términos económicos y de seguridad jurídica.

La experiencia de Repsol en YPF no fue el ejemplo más edificante de inversión extranjera en el país. Los ejecutivos de esa compañía española se allanaron a las presiones del Gobierno para incorporar un socio local. Entre los muchos posibles, eligieron a la familia Eskenazi, que carecía de antecedentes en el negocio energético. Para justificar esa selección, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, apeló a un eufemismo poco feliz, llamando al nuevo accionista “experto en mercados regulados”. En esa decisión está inscripta una de las claves del error: la empresa privilegió la capacidad de influir sobre el Estado más allá de cualquier otra consideración.

La proyectada apropiación del 51% del patrimonio de YPF es en parte consecuencia del fracaso de ese experimento. Tal vez algunos accionistas de Repsol se estén preguntando por qué motivo la compañía cedió el 25% de su filial argentina con facilidades inéditas y con pésimos resultados.

Sin perjuicio de lo expresado, ninguna de estas deformaciones justifica el despojo del que es víctima Repsol. En primer lugar, porque el Gobierno dispuso la intervención de la empresa aun antes de que se sancionara la llamada ley de soberanía hidrocarburífera, forzando al retiro de los directores de YPF de la propia sede de la compañía.

En segundo término, porque la Presidenta, que se declaró respetuosa del derecho, dispuso la apropiación del 51% de la compañía sin cumplir con lo que prescribe su estatuto: que para adquirir más del 15% de las acciones es obligatorio realizar una oferta pública por todas ellas.

Le asiste la razón a Repsol cuando sostiene que la determinación oficial es arbitraria y discriminatoria, ya que recae en el paquete mayoritario de un único accionista. Debería haberse expropiado todo el paquete accionario o, en caso de expropiación parcial, la proporcionalidad debió haber sido la regla. Los contribuyentes argentinos debemos prepararnos para, tarde o temprano, pagar carísimo la transgresión a esa cláusula, a la ley, a los tratados bilaterales de protección de inversiones firmados con España y a la propia Constitución.

El Gobierno piensa evitar las sanciones declarando a la empresa “de interés nacional”. Se trata de otra arbitrariedad y tiene razón Repsol cuando dice haber sido discriminada. De igual manera obró el Gobierno cuando sancionó la ley sobre Papel Prensa. En todo caso, ese interés puede estar en una actividad, no en una empresa específica.

El avance sobre YPF estuvo guiado, además, por la mala fe. Desde el propio Estado se llevó adelante un ataque sistemático contra la empresa para que disminuyera el precio del patrimonio que ese mismo Estado planeaba comprar. La Comisión Nacional de Valores no hizo el menor gesto para cumplir con su deber y evitar esa degradación. Este abordaje, muy parecido a un asalto, es otra demostración de menosprecio por la empresa petrolera que tal vez anticipe otras depredaciones.

Los gobernadores de provincias poseedoras de hidrocarburos fueron cómplices de estos atropellos, al obedecer las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo para anular concesiones de áreas otorgadas a YPF. Esa resignación del poder que concede la autonomía federal se completa ahora, cuando desde la administración central se les prometen acciones de la nueva YPF estatizada, que esos mandatarios deberán sindicar a favor del Estado nacional, renunciando a cualquier monitoreo sobre la calidad en el manejo de la empresa.

En un adelanto de lo que está por venir, Cristina Kirchner puso YPF en manos de dos funcionarios que ya demostraron su incompetencia en la administración de recursos públicos. Julio De Vido no es sólo el titular del proceso que llevó al atolladero energético que hoy enfrenta la Argentina. Es también el responsable político de Enarsa, empresa del Estado que ganó fama por ser la operadora de las crecientes importaciones de combustibles a las que obliga la equivocada política energética del kirchnerismo. El presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, que tuvo un minuto de celebridad por ser pasajero y financista del lamentable viaje de Guido Antonini Wilson y su valija de 800.000 dólares, integró la legión de funcionarios que se asentaron en el edificio de Repsol mientras la Presidenta hacía sus anuncios. Espinosa todavía no puede explicar los resultados que obtuvo en la exploración de recursos petroleros en aguas profundas, actividad que el Estado delegó en su empresa en exclusividad.

El otro interventor designado en YPF, Axel Kicillof, arrastra tras de sí el penoso antecedente de su paso por Aerolíneas Argentinas como encargado de finanzas. Durante los años en que cumplió esa tarea, la empresa no fue capaz de presentar un solo balance ni la más mínima rendición de cuentas. Las ineficiencias administrativas de esa gestión quedaron disimuladas por los millonarios recursos que el Estado vuelca año tras año en esa compañía aérea. Es un financiamiento irregular que Kicillof no supo siquiera calcular por adelantado, ya que el Tesoro debió girarle alrededor del 50% más que lo que él mismo requirió en cada versión del presupuesto nacional.

Hay una dimensión de esta estatización cuyos costos todavía no han sido advertidos: la del daño ambiental. Quienes quieran preservar el entorno natural de las agresivas operaciones que pueda llevar adelante YPF se verán desalentados a llevar sus quejas a tribunales sobre los cuales el Gobierno ejerce un poder cada día más visible y escandaloso.

En síntesis, la suma de errores del Gobierno en su política energética y su apuesta al capitalismo de amigos, han terminado en una fase de máximo intervencionismo, que además de ahogar al sector privado y de desalentar la inversión, generará enormes costos al país, que se podrán medir en términos económicos como en materia de seguridad jurídica y de aislamiento internacional.

Fuente: La Nación (Edición Argentina)

Funcionarios del Gobierno argentino toman el control de YPF

 

Esta noticia de hoy 17 de Abril de 2012 y encontrada por el alumno Michiel Leander Tromp, de la universidad ESIC, hace énfasis a la intervención del Estado argentino a la sede de YPF en Argentina, con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país.

 

Los interventores nombrados por la presidentaargentinaCristina Fernández, no perdieron el tiempo. Apenas acabó el discurso de la mandataria, ya estaba en las oficinas de YPF en Puerto Madero el viceministro de Planificación, Roberto Baratta, que también es miembro del consejo de administración de la empresa en representación del Estado. Poco antes, una llamada desde el ministerio había alertado de la llegada del funcionario y advertido de que los gestores de la compañía debían abandonar el edificio.

Un poco más tarde, ingresaron en el rascacielos el propio ministro de Planificación, Julio De Vido, acompañado del viceministro de Economía, Áxel Kicillof, acompañados del Notario General del Estado y se dirigieron hacia la planta donde están los servicios jurídicos para hacer efectiva la intervención. De Vido será el nuevo presidente de YPF, por lo menos hasta que la expropiación del 51% de las acciones sea aprobada por el parlamento.

Paralelamente a la nacionalización, la presidenta dictó un decreto que dispone “la intervención transitoria deYPF S.A. por un plazo de 30 días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país”.

Mientras De Vido y Kicillof -considerado el cerebro de la nacionalización- hablaban con los responsables jurídicos, Baratta se dirigió al piso 32, destinado a la alta dirección de la compañía, para pedirle personalmente y con buenas formas al director general de Repsol Argentina, el valenciano Antonio Gomis, que abandonara el edificio, después comunicarle oficialmente la expropiación. Gomis accedió y se trasladó a su domicilio.

Después, De Vido, Kicillof y Baratta ocuparon el despacho que tiene reservado en el piso 32 el presidente de Repsol y hasta ayer de YPFAntoni Brufau, donde escenificaron la toma de control de la empresa, convalidada por la presencia del Notario General del Estado.

Además de Gomis, también fueron invitados a marcharse el director ejecutivo de Upstream, el español Tomás García Blanco, y el director general de Operaciones, el argentino Ignacio Morán. Igualmente, fue conminado a irse Sebastián Esquenazi, vicepresidente ejecutivo y director general de YPF, y su hermano Matías, miembro del consejo de administración. La familia Esquenazi, con el patriarca Enrique a la cabeza, posee el 25% de las acciones de la compañía, que compraron a partir del 2008 con el visto bueno del entonces presidente Néstor Kirchner. No obstante, los interventores decidieron que permanezcan en sus puestos el director Administrativo y Fiscal, y el de Planificación y Control de Gestión, pero deberán trabajar supervisados por un funcionario de confianza de De Vido.

 

Fuente: La Vanguardia

Michiel Leander Tromp