Escasez de alimentos en Venezuela cambia menús

Castaneda, chef and

NI harina ni pescado, los chefs venezolanos se tornan creativos ante la escasez.

Un restaurante de sushi en Caracas hace ‘harina’ con avena molida y fécula de maíz, tratando de reemplazar la cada vez más escasa harina de trigo.

Un restaurante de comida española, en un intento por mantener sus precios asequibles, ha reformado su receta de paella y removido los costosos camarones.

Los establecimientos de venta de arepas -las tortillas de maíz tostadas básicas en la dieta de toda Venezuela- han empezado a disminuir un poco el tamaño para rendir sus inestables suministros de harina de maíz.

Los venezolanos continúan comiendo bien a pesar de la rampante inflación y la acuciante escasez de alimentos, en gran parte gracias a los esfuerzos de los chefs por obtener los preciados alimentos y al malabarismo que hacen con el menú en un intento por contener los precios.

Tanto en los comedores humildes como en los restaurantes de lujo, los trabajadores dicen que conseguir ingredientes básicos como harina, leche o pollo -todos escasos en gran parte por los estrictos controles de cambio y precios- requiere hacer repetidos viajes a los mercados y acosar a proveedores.

“Tengo más de un mes que no puedo comprar harina de trigo y un mes que no puedo comprar harina de maíz.

Trabajo con lo que tenía del año pasado”, dijo Eduardo Castañeda, de 45 años, propietario en Caracas de La Guayaba Verde, que ofrece comida tradicional venezolana con un toque contemporáneo.

El control de precios en Venezuela implica que los productos de primera necesidad sean vendidos a tasas fijadas por el Gobierno, a veces por debajo de los costos de producción, lo que conduce a la escasez, dados los pocos incentivos para producir o importar. Incluso, los restaurantes más éticos están incursionando en el mercado negro para eludir las estrictas regulaciones creadas por el fallecido Hugo Chávez, y extendidas por su sucesor, el presidente Nicolás Maduro.

No obstante, la escasez de alimentos no está cercana a la situación pintada por los críticos de oposición, quienes aseguran que la incompetencia gubernamental ha creado un desabastecimiento al estilo soviético en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Los restaurantes permanecen llenos a pesar de que en el 2013 se registró un aumento cercano al 70 por ciento en el costo de comer fuera de casa, según el Banco Central, y al mantra de los mesoneros: “disculpe, no tenemos eso”.

El promedio de los venezolanos come más y mejor que antes de que Chávez tomara el poder en 1999. Uno de los logros más aplaudidos durante sus 14 años de gobierno fue hacer de la comida un bien asequible a través de los controles de precio y una red de supermercados subsidiados, un triunfo reconocido en el 2013 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Desde 1990, Venezuela logró una reducción del 50 por ciento en el número de ciudadanos que sufren hambre, dijo la ONU, dos años antes de la fecha límite global para alcanzar esa meta.

Pero, sin las reformas que permitan aliviar el control estatal sobre la economía y aumentar el flujo de dólares para la importación, la escasez de alimentos podría empeorar y con ello, comer fuera podría volverse más complicado.

“¿QUÉ ES LO QUE TIENES?”

La mala reputación del país caribeño, ante su conflictividad política y la inseguridad, han eclipsado lo que era una escena vibrante de restaurantes construidos durante décadas, muchos de ellos por inmigrantes procedentes de Europa y Oriente Medio que fueron atraídos por la oportunidad de una economía petrolera.

Algunos comensales que notan que un alimento ha desaparecido de los menús no tienen más que devolver al camarero una sonrisa cómplice, pues comparten las mismas tribulaciones cuando van al mercado. Pero otros son menos caritativos.

“Hay gente que ha llegado a decir ‘Esto es un restaurante de pescado y ni siquiera tienes pescado? ¿Qué demonios te pasa?'”, comentó un jefe de camareros en un restaurante especializado en comida vasca que ha tenido problemas para encontrar pescado como el mero, indispensable para el menú.

Al igual que casi todos los entrevistados, el camarero habló en condición de anonimato por temor a represalias del Gobierno como fiscalizaciones hechas por organismos estatales.

La principal asociación de la industria de los restaurantes no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los restaurantes de sushi están entre los establecimientos más afectados pues dependen principalmente de las importaciones de salmón y  algas, difíciles de adquirir porque los importadores no pueden obtener dólares por retrasos en la asignación de divisas por parte del Estado.

La localización de productos básicos como pollo o harina se basa en una red de “amigos” en supermercados o carnicerías que venden productos escasos por encima de los precios regulados, en transacciones que no son registradas en los cuadernos contables o que son disfrazadas a través de recibos falsos.

Un conocido y tradicional bar caraqueño con estilo lounge dejó de servir sushi por falta de algas y pasó a hacer sólo cebiche.

Poco después, desistieron por el excesivo costo de los camarones y porque la cebolla morada llegaba podrida. Durante meses, el bar no ha servido bebidas populares como Cosmopolitans por falta de jugo de arándano.

“Lo triste es que mucha gente ha dejado de reclamar, o simplemente preguntan de una vez ‘¿Qué es lo que tienen?’, para no oír la lista de todo lo que falta”, dijo el dueño del restaurante en Caracas.

COCHINO MERCADO NEGRO

Los esfuerzos de Chávez por hacer la comida asequible han tenido costo: en tiempos de escasez, empresarios inescrupulosos compran alimento a bajo precio y lo revenden en el mercado negro.

Las autoridades detuvieron el mes pasado a cuatro personas en el restaurante El Budare del Este, en el elegante y transitado barrio Las Mercedes, acusados de comprar ilegalmente alimentos subsidiados, incluyendo casi una tonelada de pernil de cerdo y media tonelada de pollo.

“Esos productos son de la Misión Alimentación para satisfacer las necesidades de la familia venezolana, no para que se enriquezca un vivo”, escribió Maduro en una serie de encolerizados tuits, anunciando la operación.

Los panaderos a menudo buscan construir reservas de harina de trigo para protegerse de las fallas y mantener la oferta de panes y tortas. Pero si llegan a ser inspeccionados corren el riesgo de ser acusados de acaparamiento.

El dueño del bar tipo lounge dijo que la combinación entre la escasez de productos y los potenciales problemas legales lo han dejado como “un torero”, esperando a ver cuál bestia le va a tocar enfrentar.

“Te levantas en la mañana y en los siguientes 45 minutos ya te enteras de que falta algo. Allí empiezas a averiguar cómo vas a hacer”, se lamentó.

Fuente: El Tiempo (colombia)

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Eliminan Cadivi y mantienen el tipo de cambio a Bs 6,30

13509941_copia.520.360El presidente de la República, Nicolás Maduro, bosquejó parte de lo que será el nuevo sistema para distribuir las divisas. Cadivi desaparece y da paso al Centro Nacional de Comercio Exterior que estará bajo la conducción de Alejandro Fleming, quien se venía desempeñando como ministro de comercio.

“Con el Centro Nacional de Comercio Exterior vamos a reestructurar todos los mecanismos de acceso a las divisas y Cadivi va a desaparecer”, explicó Maduro durante su discurso de rendición de cuenta a la Asamblea Nacional.

Al abordar el tema de los tipos de cambio, el Presidente sostuvo que se mantendrá el de 6,30 bolívares y al mismo tiempo se fortalecerá al Sicad como mecanismo complementario, donde el dólar se cotizó en la subasta de la semana pasada a 11,36 bolívares.

“Se mantiene el dólar a 6,30 bolívares durante todo este año y vamos a fortalecer el Sicad. Son dos sistemas que se combinan perfectamente, Venezuela tiene recursos suficientes para mantener la fortaleza del 6,30 y aplicar sistemas complementarios que fueron creados para derrotar al dólar paralelo”.

Profundizó sobre este tema y añadió que en breve Rafael Ramírez, quien fue ratificado como presidente de Pdvsa y vicepresidente de economía, “va a anunciar el aumento de inversiones y cuotas para el Sicad”.

Analistas consideran que si el Gobierno insiste en mantener el dólar a 6,30 para el grueso de las importaciones no obtendrá suficientes bolívares por los dólares provenientes del petróleo y se verá forzado a exigirle al Banco Central que imprima billetes sin respaldo para cubrir el gasto, que supera en 15% del PIB al ingreso, algo que impulsaría la inflación.

El economista José Guerra indica que “si se mantiene el tipo de cambio de 6,30 bolívares para los dólares provenientes de las exportaciones petroleras vamos a un proceso de inflación muy elevada, superior al 56% del año pasado”.

Al mismo tiempo, si una porción de las importaciones que se están realizando a 6,30 bolívares pasan a la tasa Sicad también habría mayor combustible para la inflación.

En cuanto al reparto de los dólares Maduro se limitó a señalar que ya está aprobado “el plan nacional de importaciones para el primer trimestre de este año, este es un nuevo instrumento para ir simplificando, sincerando las inversiones que hace la República”.

Además está decidida la modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios para permitir que el sector privado venda dólares a través del Sicad.

Techo a la ganancia

Junto a las modificaciones en materia cambiaria se implementará un reforzamiento del control de precios.

En las próximas horas saldrá en Gaceta Oficial La Ley de Costos y Precios justos “que establece las normas para ganancia máxima del 30% de todas las actividades económicas” y además contempla la creación de un nuevo organismo, la Superintendencia de Precios Justos.

“Un poderoso instrumento donde vamos a fusionar para expandir sus capacidades de trabajo lo que ha sido el Sundecop (Superintendencia Nacional de Costos y Precios) y el Indepabis (Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios) en una sola y poderosa Superintendencia”, explicó Maduro quien designó a Andreína Tarazona, ministra para la Mujer, como presidenta de la institución

La actual presidenta de Sundecop, Karlin Granadillos, será la Intendente de Cálculos de Costos y Ganancias y el excomandante de la Guardia Nacional, Luis Motta Domínguez, será Intendente de Precios Justos. Maduro no precisó el destino del actual presidente de Indepabis, Eduardo Samán.

Merentes al BCV

Los cambios de ministros tocan piezas clave del gabinete económico. El actual ministro de Finanzas, Nelson Merentes, retorna a la presidencia del Banco Central de Venezuela que hasta ahora se encontraba en manos de Eudomar Tovar.

Además el Presidente explicó que se fusionarán “el Ministerio de Banca Pública y el Ministerio de Finanzas. Marcos Torres, actual ministro de la banca pública, será el titular de esta nueva cartera”.

En otro movimiento, José khan, actual presidente de Cadivi y miembro del directorio del Banco Central, sustituirá a Alejandro Fleming en el Ministerio de Comercio.

Los motores

Nicolás maduro precisó que el desarrollo económico es el frente principal de la revolución para los próximos cinco años y explicó que pondrá en marcha un plan especial de incentivo y de inversiones para once sectores estratégicos: petróleo, petroquímica, construcción, industria, agro, agroindustria, manufactura, turismo, minería, telecomunicaciones y alta tecnología.

Entre las acciones para alcanzar el equilibrio de la economía, el Presidente adelantó que habrá anuncios de medidas para reducir el exceso de liquidez, y nuevos incentivos para el ahorro. “Las medidas que anunciamos en noviembre y diciembre para el ahorro han sido altamente exitosas”, señaló Nicolás Maduro. 

Fuente: El Universal (Vzla)

AENA, privada pero pública

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Al contrario que Reino Unido o Portugal, que vendieron la totalidad de sus empresas de aeropuertos —BAA a Ferrovial y ANA a la francesa Vinci—, el Gobierno español ha optado por un modelo de privatización para AENA que le permitirá hacer caja y mantener el control de la compañía. Según el dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones, el Estado venderá el 60% de la operadora en dos tramos: en el primero colocará el 30% del capital entre tres y cinco inversores, y en el segundo sacará a Bolsa el restante 30%. El Estado seguirá siendo, pues, el primer accionista, con el 40% del capital y, dada la dispersión del free float en Bolsa y el reparto entre varios accionistas financieros, también el dominante. “Dado que han optado por inversores financieros, y no industriales” opina Javier Gándara, consejero delegado de Easyjet, “la empresa seguirá gestionada por los mismos, los equipos de AENA que la han dirigido hasta ahora”.

Estamos, subraya Javier Gándara “ante una desinversión parcial para conseguir recursos, atípica en Europa”. La operación está diseñada para obtener unos ingresos en torno a los 9.000 millones de euros en el caso de que Fomento logre convencer a los fondos a los que invitará a presentarse a la puja y a los inversores que vayan a la OPV de que AENA vale los 15.000 millones de euros en los que la evalúa estos días. Esta estrategia ha alejado de la puja a los posibles socios industriales interesados, como Ferrovial o Abertis, interesados únicamente en una operación en la que pudieran gestionar AENA. ¿Cuál es la razón de que el Gobierno haya optado por este formato? En el sector apuntan al fuerte endeudamiento de la compañía (12.000 millones de euros), derivado de la puesta al día de aeropuertos como Barajas o El Prat, como una de las razones, ya que este sistema de asociación con los inversores le resultaría más rentable al Estado que la venta pura y dura. Otra explicación es que la venta total de AENA a un inversor industrial resultaría muy difícil teniendo en cuenta que se pretenden mantener todos los aeropuertos no rentables, más de veinte de un total de 46. “Una empresa privada, dueña de AENA querría decidir el cierre de los aeropuertos no rentables”, explican en el sector.

Y eso sería un trauma. “Ha bastado simplemente una reciente decisión de AENA de reducir los horarios de servicio en algunos aeropuertos para desatar la polémica en las zonas afectadas”, dice una fuente del sector. El transporte aéreo, la hotelería o las agencias de viajes llevan tiempo exigiendo el cierre de esos aeropuertos, a los que culpan de la necesidad de subir las tasas. Sin resultado. Creen, además, que no es creíble el argumento del Gobierno para mantener la unidad de red en AENA, que sería facilitar la coordinación de todos los aeropuertos. “El que no haya red no impide la coordinación entre aeropuertos”, asegura Juan Carlos Lozano, dirigente del SEPLA. “En Reino Unido, los aeropuertos pertenecen a empresas distintas y no hay problema”. Juan Luis Burgué, gerente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), opina que “el objetivo de mantener esa red unificada es que los aeropuertos rentables financien a los que no tienen tráfico y pierden dinero, algo que no se justifica desde el punto de vista empresarial”.

Ante la imposibilidad de limpiar la empresa de unos activos que son un lastre para su valoración, la compañía ha desarrollado, ante la privatización, una estrategia de embellecimiento basada en la reducción de gastos operativos, el aumento de los ingresos comerciales, la racionalización de las inversiones, el aumento de las tarifas y la expansión internacional, medidas todas ellas que, según AENA, han tenido efectos positivos. “Han permitido una elevación del ebitda desde los 869 millones de euros de 2011 a los 1.491 millones previstos para 2013”, dicen en la empresa. Pero la subida de tasas, enfocada a mejorar los ratios de rentabilidad, ha resultado todo menos pacífica y ha levantado ampollas en los sectores de los viajes y el turismo. Pese a ello, Rafael Gallego, presidente de CEAV, la patronal de las agencias de viajes, no cree que las tasas estén en el origen de la caída del tráfico aéreo. “Pese a que subieron un ciento por ciento el año pasado”, argumenta, “no creo que eso disuada a la gente de viajar: solo suponen el 6% del coste operativo de un viaje, comparado con el 38% del combustible”. En su opinión, la caída tiene más que ver con la crisis y las nuevas líneas de AVE.

Mientras, los sindicatos rechazan los planes de privatización. “La venta de AENA”, dice Francisco Fernández, responsable de CC OO en la compañía, “llevará a la pérdida de la cultura de servicio que debe tener una empresa como esta, sustituida por la búsqueda del dividendo”. Marta López Pinilla, de USO, opina que “los aeropuertos no están para dar beneficios” y se queja de que “tratan de regalar AENA a los amigos”. Raúl Gómez, portavoz de UGT, opina que una entidad como AENA, “que vertebra el territorio y arrastra muchos sectores, no puede ser dejada en manos privadas”.

En el sector se distancian de estos argumentos y opinan que los sindicatos temen que las políticas de reestructuración seguidas en los últimos años tiendan a endurecerse, sobre todo tras la salida a Bolsa. La empresa ha ejecutado entre enero y junio de este año un ERE para 1.167 trabajadores. Aun cuando las bajas han sido voluntarias, los sindicatos denuncian que esto empieza a generar efectos nocivos. “El público aún no es consciente”, dice López Pinilla, “pero ha empezado a deteriorarse la capacidad del servicio”. Los sindicalistas afirman que empiezan a faltar técnicos de alta tensión o bomberos, por citar dos ejemplos. De ahí que ahora mismo esté abierta la posibilidad de movilizaciones.

El sector empresarial y los pilotos ven las cosas de otro modo. Al margen de que les gustaría que AENA cerrara los aeropuertos superfluos, observan el proceso de privatización con cautela, pero sin oponerse. En Exceltur, su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, apunta que “como representante de un grupo empresarial, no veo que una privatización de AENA, un tipo de operación habitual en una economía de mercado, deba generar problemas”. Gallego va más lejos y apunta que “se ha visto que todos aquellos servicios que el Estado ha puesto en manos privadas han funcionado a menor coste y con mayor eficiencia”. Igual piensan en ALA. “Es indiferente el tipo de propiedad”, opina Burgué. “Nuestras compañías vuelan a aeropuertos de los dos tipos y no detectamos ninguna diferencia de eficiencia entre unos u otros por el hecho de que sean de gestión pública o privada”.

Fuente: El País