Así se organiza el juicio del Procés

Façana del Tribunal Suprem, a Madrid, on a partir del gener es jutjarà el Procés. / JUAN MEDINA / REUTERS


El Tribunal Supremo no está acostumbrado a macrojuicios como el que comenzará en enero. Antes de que Pablo Llarena decidiera quedarse la causa por rebelión, el día a día del convento de las Salesas de Madrid transcurría con lentitud y pocos sobresaltos. En la sala de prensa, un único espacio de 20 metros cuadrados con una mesa ovalada, se concentraban un máximo de cuatro periodistas que se dedicaban a repicar respuestas de recursos de última instancia. Ahora casi todos los días está llena a rebosar. “Cataluña nos ha dado vidilla”, comenta con ironía un trabajador.

Un altavoz internacional

Pero cuál será el impacto real del juicio? Para Carlos Puente, profesor de la UPF y experto en comunicación política, la retransmisión en directo permitirá, “de cara al mundo”, “percibir cuáles son las formas reales del sistema judicial español en comparación con el resto de estados”. A su vez, Ferran Lalueza, profesor de la UOC y experto en comunicación de crisis, corporativa y de redes sociales, cree que el “principal efecto” que tendrá la retransmisión no será en la opinión pública, sino en los jueces. Hasta ahora han podido decir lo que querían -como en el caso de Llarena, que solía responder a las críticas de los presos políticos con la frase “Le resolveré su inquietud” -. “El hecho de que la actuación de los jueces sea fiscalizada por la opinión pública puede conllevar que actúen de manera diferente respecto a un juicio no retransmitido”, avisa Lalueza.

En la sala podrán entrar periodistas, pero sin móvil ni cámara. Habrá sesiones cuatro días a la semana, de mañana y tarde. Habrá medio millar de peticiones de testigos, lo que puede alargar el juicio tranquilamente tres meses, hasta las puertas de las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo.

Notícia editada por Bernat Asensio del ARA

Bon Preu duplica sus ingresos

Joan Font, propietario de la cadena de supermercados catalana Bonpreu

Bonpreu, la cadena de supermercados catalana propiedad de Joan Font, es una de las empresas que más ingresos ha obtenido del “procés”. Desde el 2010, Font se posicionó de forma contundente a favor de la independencia de Cataluña. De hecho, fue el único empresario que formó parte del Consejo Asesor para la Transición Nacional creado en 2013, y ha sabido sacar provecho de ello.

Así, el Grup Bon Preu ha pasado de facturar 505 millones de euros en 2010 a un total de 1.076 millones en la revisión del pasado 28 de febrero.

Su objetivo es mantener el ritmo pero incrementar las ventas en un 11,5%, hasta superar los 1.200 millones de euros.

Actualmente, la empresa suma una red de 235 establecimientos. Éste total incluye los supermercados bajo la marca Bonpreu, Esclat, gasolineras EsclatOil, y minitiendas en las estaciones de servicio y algunas de recogida de compras online.

Para mantener el mismo ritmo de crecimiento, el grupo va a realizar una inversión en los dos próximos años de 200 millones de euros.

Evolución de Bon Preu

Font, que como hemos dicho anteriormente se posiciona a favor de la independencia, no teme a los posibles boicots de los consumidores contrarios a ésta. Es más, se caracteriza por potenciar siempre el uso del catalán es su empresa y se participa a la campaña “Si us plau, parla’m en català” distribuyendo 2.500 chapas a sus trabajadores con dicho mensaje.

Desde la compañía saben que están en un mercado tremendamente competitivo, pero si han logrado captar al consumidor en el mercado catalán no es por cuestiones ideológicas, sino porque ofrecen un modelo diferencial, con precios bajos y una oferta muy variada.

Hemos sabido conectar con los consumidores, pero eso no tiene nada que ver con cuestiones políticas porque nos va igual de bien en localidades independentistas que en los sitios donde gana Ciudadanos”, aseguran en la empresa de Font.

 

Fuente: Elaboración por Aina Solés a partir de ElEconomista

Cataluña necesitará 30 años para sanear su deuda

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Cataluña tiene un grave problema de sostenibilidad financiera. Tan grande que hasta, al menos, 2047 no será capaz de sanear su deuda y rebajarla hasta el 13% de su Producto Interior Bruto (PIB). Esta es la cifra que está recogida dentro de la ley de estabilidad y que las comunidades autónomas deben alcanzar en 2020. Sin embargo, la región catalana necesitará 27 años más del plazo previsto para conseguirlo.

Asimismo, la Autoridad Fiscal estima que «el conjunto de las comunidades no lograrán un nivel de deuda menor al 13% del PIB antes de 2037 en el escenario neutral. Además de las entidades locales, que ya en 2016 alcanzaron el nivel de referencia, se proyecta que solamente País Vasco, Cantabria y la Comunidad de Madrid llegarán al nivel de referencia antes de 2020».

De esta manera, la AIReF constata una vez más que la situación financiera de las comunidades y, en concreto, de Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana es muy compleja. Todas ellas presentan una deuda que supera el 35% de sus respectivos PIB. Esto supone que, en caso catalán, cada habitante debe 10.421 euros, la cifra más alta de todo el país.

Para acabar con esta deuda, los ciudadanos de Cataluña deberían dedicar 127 días de trabajo. En la Comunidad Valencia el dato es incluso mayor ya que llega a los 151 días, y en Castilla-La Mancha supera los 130. Estas cifras contrastan con las de País Vasco (47 jornadas), la Comunidad de Madrid (52) o Canarias (56 días). «En promedio los habitantes de una CCAA», concluye la AIReF, «necesitarían destinar 89 días de trabajo para amortizar la totalidad de la deuda regional».

Por otra parte, el observatorio de la Autoridad Fiscal señala que el peso los mecanismos extraordinarios de financiación a las CCAA ha ido incrementándose hasta alcanzar los 159.526 millones en préstamos vivos en el tercer trimestre de 2017, y representan el 56,1% del total de la deuda del subsector autonómico. Según informa Europa Press, el recurso a los mecanismos también ha sido desigual por parte de las distintas CCAA ya que el 70% del total de la deuda del fondo de las CCAA pertenece a tres regiones: Cataluña (33% del total), la Comunidad Valenciana (22%) y Andalucía (15%).

Elaboración propia a partir de elmundo.es

 

Rajoy destituye a Puigdemont y convoca elecciones en Cataluña el 21 de diciembre

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El 21 de diciembre los catalanes irán a las urnas, según la convocatoria que firmará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha asumido las competencias en esa materia del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Este será destituido junto a todos los miembros de su Ejecutivo en virtud del artículo 155 de la Constitución y tras la aprobación este viernes en el Senado de las medidas que después rubricó el Consejo de Ministros. Entre otras medidas adoptadas está la extinción de las llamadas embajadas en el exterior abiertas por la Generalitat —salvo la de Bruselas— y el cese de los delegados en Madrid y en la capital belga.

No se trata de “suspender la autonomía, sino de devolver la legalidad y el autogobierno a Cataluña cuanto antes”, dijo Rajoy tras el Consejo de Ministros que aprobó este viernes la intervención de la Generalitat de Cataluña. Con el objetivo de que la situación de excepcionalidad termine cuanto antes, el presidente decidió este viernes convocar elecciones para el próximo 21 de diciembre, mucho antes de cualquiera de las fechas que se habían barajado. Esta decisión posibilita que las medidas que adoptó este viernes el Consejo de Ministros tengan una breve duración. Además, el Ejecutivo decidió registrar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán.

Probablemente, el pueblo catalán vuelva a ganar las elecciones, volviendo a gobernar Puigdemont o otro líder independentista, porque en su mayoría lo que quiere el pueblo catalán es la independencia.

Elaboración propia a partir de el mundo

La inquietud sobrevuela Sant Sadurní, el pueblo del cava

Vecinos y antiguos trabajadores de Codorníu y Freixenet, preocupados por el traslado de las sedes de ambos gigantes

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Le llaman la “capital del cava” y el bautizo no es un capricho. Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès, Barcelona) rezuma cava. Cuenta con más de 80 bodegas que se dedican a elaborar el famoso espumoso y es el feudo de dos de los colosos del sector: Freixenet y Codorníu. O al menos lo era porque el anuncio de las dos grandes compañías de trasladar su sede social fuere de Cataluña ha despertado cierta inquietud en el municipio y en Cataluña entera.

Freixenet cuenta con una plantilla de más de 1.400 trabajadores, una buena parte de ellos trabajan en la hermosa bodega de Sant Sadurní. Josep Lluís Bonet, presidente de la compañía ha insistido en que la independencia produciría una “verdadera catástrofe”. “Freixenet nos toca a todos en el pueblo.

El grupo Codorniu Raventós, que ha trasladado su sede a La Rioja,  tiene unos 800 trabajadores y ha avisado de que la crisis política “afecta a todos los empleados, clientes proveedores y colaboradores de Codorniu que trabajan repartidos por toda la geografía española”.

CONCLUSIÓN

Freixenet y Codorniu son dos de las empresas más importantes productoras del mundo, han decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña porque tienen una cuota de mercado muy importante en España y quieren dar una buena imagen a los españoles, alejándose así del tema político Cataluña – España, para no verse afectados con una posible bajada de ventas.

Elaboración propia a partir del País