No solo Madrid regula: la guerra de los ayuntamientos contra los pisos turísticos

La maraña legal para los pisos turísticos sigue creciendo. Madrid ha sido la última en añadir normas para acotarlos. Con el auge del fenómeno del alquiler de viviendas particulares a turistas llegaron las dudas: cómo hacer compatible la vida del día a día en los barrios con la llegada de cientos de visitantes que entran y salen de los portales y cuya actividad modifica el comercio y los servicios de las zonas céntricas. En España la respuesta ha llegado en forma de regulación, que crece y se multiplica y que provoca que, lo que es legal en un municipio, no lo sea en el de al lado.

La ciudad de Barcelona. ENES UNSPLASH

A la normativa fiscal (de ámbito estatal) se han sumado las autonomías, los ayuntamientos y hasta los barrios. Porque las competencias de turismo están transferidas a las 17 comunidades autónomas, que han ido tratando de legislar el uso de los pisos que se alquilan a turistas. Las ciudades, a través de reglamentos de urbanismo y suelo, también han incorporado sus propias normas, que son más o menos restrictivas según los ayuntamientos y las particularidades de las ciudades y el turismo que reciben. Y algunas ciudades, además, incorporan particularidades en ciertos barrios. Las ciudades que más hincapié han hecho en regular el uso de las viviendas son Barcelona, Valencia y Palma, a las que ahora se suma Madrid con su última normativa.

En Barcelona, el cierre de pisos turísticos ilegales ha sido una de las principales batallas de la alcaldesa Ada Colau, que vincula el turismo a la subida del precio los alquileres y está expulsando a miles de vecinos de sus barrios. La ciudad tiene 9.600 pisos turísticos legales y cerró la puerta a nuevas licencias en 2014, con Xavier Trias de alcalde. Ya entonces la convivencia entre turistas y vecinos llevaba tiempo provocando conflictos y quejas en los barrios que mayor presión de visitantes soportan.

En 2016 Colau puso en marcha un plan de choque para cerrar los pisos que no tienen licencia. Creó un equipo de visualizadores que peinaron los barrios, abrió una web para que los vecinos delataran la presencia de pisos ilegales en su entorno y empleó arañas informáticas que rastreaban la oferta en los portales como Airbnb o Homeaway. Se llegaron a analizar 17.000 domicilios en hasta 140 webs distintas.

Tras un largo tira y afloja con los portales, han reducido de 6.000 a 300 los anuncios de pisos que no tienen licencia. Pero siguen anunciando habitaciones, una modalidad, el Bed and Breakfast, que la Generalitat tiene pendiente de regular desde hace cuatro años, pero que los sucesivos relevos en el Govern han impedido aprobar.

Fuente: articulo del Pais.

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