Ciudadanos y bancos reclaman miles de millones

La banca ha lanzado toda su artillería para intentar evitar que el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) se convierta en una bomba expansiva que pueda volver a ensombrecer su cuenta de resultados, aún en fase de recuperación. Las entidades financieras no entienden como unos jueces del Tribunal Supremo han podido cambiar de criterio tan radicalmente en solo 11 meses sin dar muchas o ninguna explicación.

Lo cierto es que, tengan razón en la primera (el cliente es el que debe pagar este impuesto) o en la segunda versión (la del 18 de octubre en la que explican que es el banco el que debe asumir este coste) de sus argumentos, los magistrados del Supremo han sembrado un caos innecesario que ha costado a la banca (entiéndase accionistas) 9.000 millones de euros en Bolsa en una semana.

A regañadientes, el sistema financiero ha aceptado que a partir de ahora será la banca la que asuma este impuesto, claro con la consiguiente repercusión en el cliente, que verá incrementado el precio de su hipoteca en las próximas firmas.

El grave problema es si la sentencia sienta las bases para reclamar la retroactividad o no del impuesto de las hipotecas. Ahí es donde la banca ha logrado coordinarse para que sus respectivos presidentes y consejeros delegados, aprovechando la presentación de resultados trimestrales, repitan el mismo mensaje: siempre hemos actuado de acuerdo con la normativa existente, que en el caso de los IAJD lleva 23 años en vigor. No tenemos por qué pagar una retroactividad. Por haberse cumplido una norma es difícil que haya que aplicar una penalización”, defienden desde cualquier firma bancaria.

Durante esta semana, es casi seguro que los consejeros delegados de Bankia, BBVA y Santander lancen los mismos mensajes. Incluso que el presidente de la AEB, José María Roldán, que pocas veces ha estado tan activo públicamente como en las últimas semanas, insista en afirmar que la banca solo ha cumplido con la normativa actual, y que ha sido un cambio de criterio de los jueces lo que ha hecho que se invierta quién debe abonar el IAJD (es muy extraño que un juez modifique un impuesto, ya que esa potestad parecía que estaba reservada a los políticos).

Su problema: “el alto nivel de activos no productivos”. El BCE le da de tiempo para reducir esos 15.000 millones de euros hasta diciembre de 2018, aunque desde marzo de 2017 debe presentar versiones actualizadas del plan cada tres meses.

Entonces sus ratios de liquidez cumplían holgadamente con la normativa. Eso sí, el BCE también le recrimina a Popular la falta de independencia de algunos consejeros del banco.

Elaborado por Lluïsa Vinaxa a partir de Cinco días

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