El taxi intensifica su protesta ante el alud de licencias VTC por vía judicial

El taxi intensifica su protesta ante el alud de licencias VTC por vía judicial

El largo conflicto que enfrenta al taxi con los VTC (vehículos de alquiler con conductor) va a más. La más que previsible autorización por vía judicial de miles de licencias de este último servicio –podrían llegar a ser más de 10.000, según los cálculos de las organizaciones del sector– ha intensificado las protestas ante el Gobierno para que acote este tipo de transporte, que considera fuera de control y una amenaza para su actividad.

La próxima movilización tendrá lugar este miércoles con un paro de 24 horas al que se han sumado todas las organizaciones de taxistas de ámbito estatal y una gran manifestación en el centro de Madrid que finalizará frente al Congreso de los Diputados.

La última resolución judicial que ha dado luz verde a licencias VTC solicitadas entre el 2009 y el 2013 –periodo en que se liberalizó este servicio al albur de la ley ómnibus del gobierno socialista, pero que en su día fueron denegadas– ha atizado el fuego. El Supremo dio la semana pasada la razón a dos empresas de Madrid, Jojucar y Gran Vía Rent a Car, que reclamaban 80 autorizaciones VTC. En la sentencia, las asociaciones de taxistas ven la confirmación de que la mayoría de demandas similares acabarán igual. Hasta el momento, los jueces han activado unas 5.000 licencias sobre un total de 6.500 activas.

Un real decreto tratará de evitar la especulación y eluso incorrecto de licencias

La proporción de licencias VTC respecto a las de taxis ha sido uno de los caballos de batalla de los taxistas. Hasta el 2009, debía haber al menos 30 de taxi por cada una de VTC, pero entre el 2009 y el 2013 no existió límite, lo que dio alas a un servicio que entonces no parecía una amenaza. Después llegaron las plataformas tecnológicas. Las dos más conocidas en España son Cabify que comenzó a operar en el 2012, y Uber, que después de un polémico inicio en el 2014 con conductores no profesionales inició en el 2015 su actual servicio.

Todas ellas permiten pedir coche desde aplicaciones móviles, lo que difuminó las barreras entre los vehículos de alquiler con conductor, que requieren reserva previa, y los taxis, que suelen pedirse en la calle. El resultado es que los VTC, que era un transporte minoritario y hasta cierto punto de lujo, ha pasado a competir directamente con el taxi, que también está incorporando las reservas vía apps.

La proliferación de VTC en este nuevo escenario ha comportado una escalada en los precios de licencias de este tipo. Obtenerlas prácticamente no cuesta nada y pueden transmitirse por 40.000 euros o más, lo que va a suponer, temen en el sector del taxi, que caigan en manos de multinacionales, capaces de reventar los precios del servicio al cliente.

Fomento, la administración competente en la regulación de VTC, recuerda que el vacío legal producido entre el 2009 y el 2013 fue una decisión del Gobierno socialista y que ellos revirtieron la situación, volviendo a fijar una ratio en la ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), en el 2013, que quedó en 1/30, la que había antes del 2009, en su reglamento del 2015. Pero la realidad ya había superado el marco legal, y la proporción entre ambos servicios se había desbordado en muchas comunidades autónomas. Las cosas se han complicado aún más (véase gráfico) con las sentencias judiciales antes citadas. Sólo hay dos modos de cumplir la ratio: o se reducen los VTC o se aumentan los taxis.

La próxima respuesta del Gobierno será la aprobación de un real decreto, previsiblemente antes de Fin de Año, que busca, básicamente, evitar la especulación con las licencias VTC, fijando un periodo de dos años desde su obtención para poder venderla, y controlar que los servicios son debidamente concertados y no se hacen en más del 20% fuera de su comunidad autónoma. Para ello, se prevé abrir un registro por internet que recogerá todas las hojas de ruta y servirá de base para la inspección, labor que, como la adjudicación de licencias, corresponde a las comunidades autónomas.

Las principales organizaciones de taxistas ven insuficiente esta respuesta prevista por el Ejecutivo. El conflicto ha propiciado respuestas unitarias en la calle, pese a las importantes diferencias que tiene el sector, tradicionalmente atomizado, con nada más y nada menos que 532 asociaciones. “Lo que pedimos es muy sencillo, que se cumpla la ley, y si no es posible volver a la proporción 1/30, que se controle que los VTC actuales hacen lo que les corresponde y no entran en nuestro terreno”, expone Miguel Ángel ­Leal, presidente de la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), la organización de ámbito estatal más importante, que representa a unos 40.000 profesionales. En su opinión, estos vehículos “son actualmente muy productivos porque están invadiendo el espacio del taxi; en caso contrario, la situación sería muy distinta y desaparecería gran parte del problema”.

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), que reúne unas 10.000 licencias, cree que jurídicamente puede recuperarse la ratio 1/30. “Estamos trabajando en esta línea, pensamos que hay suficiente base para exigirlo en los tribunales”, asegura Joaquín Alonso, directivo de esta entidad, que desconfía del registro que Fomento prevé poner en marcha para controlar la actividad de los VTC. También la Federación Élite Taxi España (FETE), muy activa en las movilizaciones en la calle en las principales ciudades, apuesta por recuperar esta proporción. Además defiende que por ley estas licencias no se puedan transmitir.

Comentario: En referencia a la noticia y a las razones que exponen los taxistas contra los VTC, estoy de acuerdo en que deben cumplir la ley y deben estar todos en las mismas condiciones. Por lo contrario, también pienso que todo el mundo en todos los sectores tienen competencia, y no tienen porque tener todo el monopolio del sector; deben innovar en sus servicios para ser más competitivos y ofrecer mejor servicio a sus clientes. 

Fuente: La Vanguardia

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