México aprueba una ley contra la desaparición de personas casi dos años y medio después del ‘caso Ayotzinapa’

La Comisión es el instrumento estrella de la futura ley. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, un paraguas que integra a decenas de asociaciones de familiares de personas ausentes, ha reconocido su valor, aunque, reconocen, no es el resultado que esperaban. En un comunicado divulgado el miércoles, el movimiento ha señalado que “si bien se creará una comisión. Esta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación”.

El movimiento ha censurado además que la ley no define sobre quien recae la responsabilidad de las investigaciones. Si desaparece un hombre en un pueblo de Veracruz, ¿le toca intervenir a las autoridades estatales o federales? Por último, la organización ha lamentado que la ley no permita “fincar responsabilidades al superior jerárquico” en casos de desaparición forzada.

Esta última era una de las grandes peleas de las asociaciones. La infiltración del crimen en el aparato del estado y las continuas denuncias contra policías y fiscalías estatales y locales por colaborar con las mafias conformaban su pilar argumental. En un contexto en el que el malo puede ser el jede de policía, ¿Por qué no permite la ley que se pueda ir contra él?

Casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero, o el de lo cinco jóvenes de Tierra Blanca, levantados en Veracruz en 2016, ilustran la casuística del párrafo anterior. En el primero, la policía local estaba totalmente infiltrada por el grupo criminal que se llevó a los 43. En el segundo, la policía estatal.

La prensa local ha detallado estos días el resto de instrumentos y medidas que prevé la ley. Por ejemplo, un registro nacional de fosas, que comprenda las clandestinas, usadas por el crimen organizado, y las comunes, empleadas por las fiscalías estatales para enterrar cuerpos de personas no identificadas.

Igualmente, la norma prevé incentivos para que los delincuentes den información sobre el paradero de los desaparecidos. De colaborar, podrían rebajar su pena de 40 a 20 años.

Fuente: elpais.com

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