El bluf del supuesto fraude de la formación en Andalucía

Un agente, frente a la empresa Prescal de Ojeda durante un registro.

El supuesto fraude masivo de los cursos de formación en Andalucía, bautizado como Edu y con varias fases desde abril de 2014 con cientos de detenidos e investigados entre cargos públicos de la Junta, funcionarios y empresarios, se va diluyendo como un azucarillo. Hay procedimientos abiertos en varios juzgados andaluces, pero las diligencias se centran en entidades con irregularidades aparentemente alejadas de ese supuesto gran desfalco de dinero público que, en su origen, la policía llegó a comparar con el caso ERE. Los jueces han ido descartando la existencia de una trama política para otorgar subvenciones a personas afines y centran su actuación sobre algunas empresas que se habrían beneficiado de ayudas sin llegar a ofrecer los ciclos formativos.

El Juzgado de Instrucción 4 de Jaén también cerró la rama política a mediados de 2016 y las diligencias sobre 11 de las 25 empresas investigadas. Las provincias de Córdoba y Cádiz se inhibieron a favor del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, cuya titular, María Núñez, ordenó en octubre pasado el archivo de la pieza que afectaba a 24 ex altos cargos del Gobierno vinculados al SAE, incluidos tres exconsejeros. Su conclusión fue que no hubo malversación, ni prevaricación, ni menoscabo de fondos públicos, ni una trama urdida desde la Administración para favorecer una red clientelar. Limitó el asunto a “posibles irregularidades administrativas”.

Comentario: Cursos que no se habrían realizado, que no estarían bien justificados, con un coste supuestamente inflado o falta de control en las ayudas y en el seguimiento de los ciclos. De ahí partieron las investigaciones y la única conclusión en el terreno penal ha sido el lío de la Administración para vigilar la formación. “Se ha visto desbordada e incapaz de llevar a cabo el examen previo, control exhaustivo, seguimiento detallado y verificación pormenorizada del enorme número de cursos subvencionados”, apuntó el juez de Málaga. La Junta ha revisado los 8.505 expedientes suscritos entre 2007 y 2011, con un montante total destinado a formación de 1.613 millones de euros, y ha pedido la devolución en firme de 71,9 millones de euros por irregularidades. Hay otros 167 millones que están actualmente en comprobación.

Fuente: Elaboración a partir del diario EL PAIS

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