El Gobierno propuso anoche a los grupos parlamentarios del Congreso un texto de consenso sobre la política europea de refugiados, que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, debería defender mañana y el viernes en el Consejo Europeo. El texto descarta las devoluciones colectivas de refugiados, subraya que no se podrá expulsar a ninguno hasta que se concluya un expediente personalizado y pide garantías de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legalidad internacional para considerar a Turquía un país seguro.
El secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, informará hoy a las Cortes sobre los preparativos del Consejo Europeo, que debe ratificar, y con toda seguridad corregir, el acuerdo que los Veintiocho alcanzaron el pasado día 7 con las autoridades turcas, por el cual estas últimas se comprometían a readmitir a todos los emigrantes que llegaran irregularmente a las costas griegas (incluidos los refugiados), a cambio de 6.000 millones de euros, el adelantamiento de la exención de visado para los ciudadanos turcos y la apertura de nuevos capítulos en la negociación para la adhesión de Turquía a la Unión Europea. En línea con lo recomendado por la Abogacía del Estado, Eguidazu buscará la “aquiescencia” de la mayoría de los grupos parlamentarios para la postura que defenderá Rajoy quien, como presidente en funciones, no puede tomar decisiones que comprometan a futuros gobiernos.
Inicialmente, el Ejecutivo pretendía que este consentimiento se expresase de viva voz, en las intervenciones de los portavoces, y que no se plasmara en ningún texto. Recelaba de que se pudiera sentar un precedente y de que Rajoy tuviera que acudir con las manos atadas a una cumbre cuyas conclusiones, en gran medida, podrían tener que modificarse sobre la marcha.
Sin embargo, después de que el Grupo Socialista remitiera a los restantes grupos una propuesta de resolución, el Gobierno acabó distribuyendo la suya, ya avanzada la noche.
El texto, inspirando en la propuesta socialista, aunque notablemente suavizada, rechaza la posibilidad de que se abra la puerta, de manera directa o indirecta, a expulsiones colectivas a Turquía, o a cualquier otro país, de personas susceptibles de ser consideradas refugiadas, como hacía el acuerdo entre la UE y Turquía del pasado 7 de marzo.
Señala que las expulsiones a Turquía deberán basarse en criterios de individualidad y nadie podrá ser expulsado hasta que concluya definitivamente su expediente personal. Además, exige que los acuerdos con Turquía contengan garantías de cumplimento de la legalidad internacional y respeto a los derechos humanos, incluidos los requisitos que la legislación europea sobre asilo exige para otorgar a Turquía la calificación de “país seguro”.
También reclama que se refuercen los mecanismos de control sobre el destino de los 3.000 millones de euros (ampliables a 6.000) que la UE ha prometido destinar a los refugiados asentados en Turquía.
Pide la puesta en marcha de las acciones necesarias para la reubicación y asentamiento de los solicitantes de asilo en función de los compromisos asumidos en otoño pasado por España (sólo se ha traído a 18 refugiados de los 18.000 prometidos). Reclama la adopción urgente, en el seno de la UE, de medidas de protección para los grupos más vulnerables, como menores no acompañados o mujeres víctimas de violencia de género. Finalmente, pide al Gobierno que acuda con una posición consensuada a la reunión de alto nivel que la ONU ha convocado el 30 de abril para tratar la crisis de los refugiados.
El texto remitido por el Gobierno a los grupos parlamentarios no dice una palabra sobre un delicado aspecto que sí trataba la propuesta socialista: la necesidad de desvincular la aceptación de refugiados por parte de Turquía de las concesiones en materia de visados o de apertura de capítulos en la negociación para su ingreso en la Unión Europea.
Según figura en el texto del PSOE, cualquier pacto en torno a Turquía sobre los refugiados “deberá limitarse a dicho asunto, no pudiendo vincularse con ninguna decisión relativa al calendario de eliminación de exigencia de visados para los ciudadanos turcos ni con el proceso de negociación de la adhesión de Turquía a la UE. En caso contrario”, advertía la propuesta de resolución socialista, “el Gobierno español no deberá aprobar dicho acuerdo”.
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Fuente: elpais.com
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