El Gobierno extremeño destapa un “presunto fraude a gran escala” en cursos de formación

El fraude de los cursos ofrecidos por los sindicatos Creex, CCOO, UGT y Cepes “podría alcanzar sólo en 2011 más de 3 millones de euros”.

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El Gobierno de Extremadura ha destapado un “presunto fraude a gran escala” con los cursos de formación de ocupados por parte de la Creex, CCOO, UGT y Cepes, y que “podría alcanzar solo en la convocatoria de 2011 más de 3 millones de euros”. L
os datos que este caso han sido puestos en manos de la Fiscalía Anticorrupción este pasado martes, según ha anunciado la consejera de Empleo, Mujer, y Políticas Sociales del Gobierno extremeño, María Ángeles Muñoz, en rueda de prensa en Mérida.
En su intervención, Muñoz ha explicado que tras realizar una auditoría por parte de una empresa externa al Ejecutivo regional del 10 por ciento de los cursos, existen “indicios suficientes” que determinarían que en Extremadura “se creó y alimentó un sistema irregular de la gestión de la formación a ocupados”.
Las “irregularidades”, ha explicado la consejera, “están en que los gastos facturados son superiores al coste real”, por lo tanto “existen sobrefacturaciones” ya que “los costes reales en los que pretendidamente se han incurrido superan con creces el valor de mercado”.
Ha calculado que “la diferencia entre el coste real y el coste facturado” sería de un 47 por ciento más.

Según ha señalado, de los 3,1 millones de euros de subvención que la Creex recibió en 2011 para estos cursos, existen “indicios de fraude de en torno a 1,5 millones”, es decir, el 50 por ciento de la subvención, mientras que en el caso de UGT y CCOO, recibieron cada uno una subvención de 1,8 millones, y el “fraude” estaría en ambos casos “entre los 600.000 y los 650.000 euros”, un 30 por ciento.

En el caso de Cepes, la subvención en 2011 fue de 700.000 euros, de los que “los indicios de fraude rondan los 300.000 euros, más del 40 por ciento de la subvención”.

Comentario Personal:

Según los datos de la auditoría encargada por el Gobierno extremeño, las irregularidades detectadas, que podrían constituir un delito contra la Hacienda pública, consisten principalmente en que los gastos facturados por las citadas entidades son superiores al coste real y que este último no se ajusta a las condiciones de mercado.

Pero la pregunta es: ¿Lo destapa o ha decidido no seguir ocultándolo por más tiempo? Un Estado tan descomunal como el que hemos llegado a tener sólo puede producir corrupción igualmente descomunal. El Estado tiene que ser lo más pequeño posible, y prevalecer la actividad individual de cada ciudadano, pero en España ya sabemos como funciona.

Fuente: La Vanguardia

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