Cumplir el objetivo de déficit este año exigirá un ajuste de al menos 7.000 millones

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Cumplir el 5,8% de déficit público en 2014 exigirá al Gobierno realizar un ajuste -por la vía de los ingresos, de los gastos o ambos- de entre 7.000 y 12.000 millones de euros, según resulte la cifra definitiva de cierre del déficit en 2013, que el Ejecutivo insiste en que será del 6,5%, tal y como se pactó con Bruselas.

 

En ese caso, es decir, si se cumplen las previsiones oficiales, bajar hasta el 5,8% en 2014 requerirá apretarse el cinturón en 7.000 millones, habida cuenta de que cada punto de PIB equivale a unos 10.000 millones de euros. Ahora bien, si el desfase en las cuentas de 2013 se aproximara al 7% -el FMI y analistas de HSBC así lo creen-, el ajuste podría llegar a unos 12.000 millones.

Con los datos disponibles, cumplir el objetivo de déficit en 2014 representa limar siete décimas de PIB -desde el previsto 6,5 al 5,8%-, mientras que en 2013 la exigencia fue de sólo 3 décimas -del 6,8 al 6,5%-, lo que implica que este año habrá que hacer el doble de esfuerzo que en 2013.

Y no se acaba en 2014 la empinada cuesta de la consolidación presupuestaria, ya que en 2015 y 2016 habrá que rebajar aún más el desfase, hasta reducirlo al 2,8% del PIB y, en todo caso, por debajo del 3%que exige Bruselas para esa fecha. Así pues, siguiendo la senda del déficit trazada por el Gobierno -y que recoge el Tesoro en su informe del pasado diciembre-, en 2015 el ajuste supondrá 16.000 millones, mientras en 2016 será de 14.000 millones.

El desfase de las cifras

En septiembre pasado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba a una televisión extranjera que la cifra final de déficit en 2012 fue del 6,8% del PIB, enmendando así una comunicación previa de la Comisión Europea, que situaba el desfase en el 6,98%, sin ayudas a la banca, y el 10,6% con ellas.

No obstante, pese a que la meta para 2012 era del 6,3%, el desvío no pasó factura. Esta benevolencia hacia España se debió al enorme esfuerzo realizado en 2012, cuando el déficit bajó del 8,96% -sin la banca- heredado de 2011 al 6,8%, unos 21.000 millones.

En el ejercicio 2013, en cambio, el ajuste del déficit previsto significaba sólo tres décimas de PIB, unos 3.000 millones, aunque habrá que esperar a la cifra de cierre de año. Hasta octubre, el desvío se situaba en el 4,8 por ciento del PIB.

Hacen falta más reformas

Hay un cierto consenso en que acabar 2014 con un 5,8% de déficit es posible, gracias sobre todo a la mejoría de la economía, que este año se da por segura. Una de las grandes dudas de los expertos es cómo funcionarán los ingresos tributarios.

Se mantiene, por el momento, la subida de IRPF y el Gobierno se ha negado a elevar el IVA, pese a la petición de la Comisión Europea. En ese escenario, mucho dependerá de la reforma fiscal y, sobre todo, del ajuste del gasto público, particularmente de la reforma de las Administraciones, que aún debe profundizarse.

Los expertos reclaman un sistema que haga compatible la reducción de los tipos marginales con aumentos de los tipos medios, así como también la eliminación de deducciones y desgravaciones.

Más escéptica, la Comisión Europea advirtió en noviembre en su Dictamen sobre el proyecto de Presupuestos Generales para 2014 del riesgo de desvío del 5,8% e invitó al Gobierno español a profundizar en las reformas.

Igualmente, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en su informe de coyuntura del pasado diciembre, alertaba asimismo de que, pese a que España ha realizado un número considerable de reformas, éstas no bastan para contener el déficit público definitivamente.

La meta de déficit este año, en opinión de Joaquín Trigo, director general del IEE, es una tarea difícil pero no imposible. Para reducir el déficit del 6,5 por ciento previsto en 2013 al 5,8 exigido este año sería necesario reducir de verdad el tamaño de las tres Administraciones y continuar con la privatización de servicios públicos. Trigo pone como ejemplo el proceso vivido por Alemania cuando, tras la reunificación, tuvo que asumir todo el entramado institucional del Este.

Al tiempo, incide en que no puede tolerarse que las comunidades autónomas sigan incrementando el número de empleados, y hace hincapié en que “el sector público tiene que dar una imagen impoluta y no puede hacer lo contrario de lo que está exigiendo a los demás”.

El Economista

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