Empleo público: los temporales pagan el pato de la crisis

Las cifras de la EPA muestran que los contratados temporales en el sector público han pasado del 737.500 en 2007 a 568.600 el año pasado; es decir, 168.900 menos. Su evolución contrasta con la de los asalariados públicos con contrato indefinido, que son hoy 172.800 más que hace cinco años, aunque en 2011 y sobre todo 2012 la tendencia ha sido ya descendente.

En el anémico mercado laboral español, que junto a Grecia ostenta el dudoso honor de liderar la destrucción de empleo en la Unión Europea, nadie está a resguardo. Ni siquiera los empleados del sector público, que en los últimos tiempos han visto como la onda expansiva de la recesión les golpeaba también de lleno.

De hecho, los datos de la EPA revelan que en el último trimestre de 2012 el número de ocupados en el sector público descendió, por primera vez, a tasas porcentuales superiores a las del sector privado (un 6,98% frente al 4,3%), situando la cifra total de empleados públicos en 2,917 millones, una cifra similar a los 2,913 millones de efectivos que configuraban su nómina en el cuarto trimestre de 2007.

Estas cifras no ocultan, sin embargo, que el empleo público en su conjunto siguió creciendo hasta bien entrada la crisis. Los datos del EPA son elocuentes: la plantilla pública creció de forma muy significativa hasta 2010, año en el que superó los 3,168 millones de empleados, comenzando a retroceder en 2011 y de manera más drástica en 2012.

¿Las causas? La asfixia financiera de las administraciones en todos sus niveles (central, autonómico, local y entes públicos) y la imperiosa necesidad de cuadrar las cuentas públicas, en el contexto de una obligada racionalización del aparato burocrático español para adaptarlo a la cruda realidad de la economía.

De hecho, la reforma laboral aprobada en febrero del año pasado por el Gobierno de Rajoy abrió entonces las puertas al despido objetivo del personal laboral del sector público, abonando, al igual que el sector privado, una indemnización de 20 días por año trabajado. Una herramienta que las entidades públicas parecen haber utilizado con profusión, según se desprende de los datos.

Indefinidos versus temporales
Como era previsible en un sector en el que gran parte del personal está blindado por ley ante el despido (los funcionarios que han accedido por oposición), la guadaña del ajuste ha recaído en el personal laboral y en concreto sobre quienes tenían un contrato temporal. Las cifras de la EPA muestran que los contratados temporales han pasado del 737.500 en 2007 a 568.600 el año pasado: 168.900 menos.

Por el contrario, los asalariados con contrato indefinido (de los que no todos, ni mucho menos, son funcionarios), han pasado de 2,175 millones en 2007 a 2,348 millones en 2012; es decir, 172.800 más, a pesar de que en 2011 y, sobre todo, en 2012 la tijera también se dejó sentir sobre ellos: 66.400 menos que a finales de 2010.

Ajustes en las autonomías
Pese a este recorte, en el que han tenido mucho que ver los ajustes emprendidos principalmente por las autonomías en áreas como la sanidad o la educación, la trayectoria del empleo en el sector público sigue mostrando una evolución muy diferente a la del privado. Mientras que el número de asalariados en este último ha menguado en 2,95 millones desde 2007, lo cierto es que la plantilla del sector público sigue siendo hoy ligeramente mayor que entonces (unos 4.000 empleados).

Esto significa que las estructuras del sector público se encuentran en gran medidas intactas, anticipando que el ajuste está aún lejos de haber llegado a su fin, máxime cuando el Gobierno quiere sacar adelante una reforma del sector cuyas grandes prioridades son el cierre de organismos públicos ineficientes, la centralización de la gestión de los servicios generales, unas estructuras administrativas más sencillas y transparentes en las autonomías, o promover las fusiones entre ayuntamientos para evitar duplicidades, embridando al mismo tiempo sus niveles de gasto y endeudamiento.

La cuestión es hasta dónde se atreverá a llevar el Ejecutivo un proceso que el complejo clima político y social (sin obviar una aún más complicada realidad autonómica) augura muy difícil.

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